Desde el lamentable atentado sufrido en Las Vegas el pasado 01 de octubre, organizaciones civiles de Estados Unidos de América (E.E.U.U.), y congresistas han solicitado la revisión del derecho de poseer armas por parte de los ciudadanos de aquel país.

El 15 de diciembre de 1791 fue adoptada la Segunda Enmienda de la Constitución de la E.E.U.U. que consiste en el derecho de portar y poseer armas, enmienda por demás polémica si tomamos en cuenta el contexto histórico de su aprobación por el Tribunal Supremo. Como antecedente podemos tomar en consideración el derecho que tenía en los civiles en Inglaterra de poseer armas, como espadas, lanzas, cuchillos, armas y flejas,  para defender su persona, familia, patrimonio o desarrollar sus actividades cotidianas si así lo requerían. A la llegada de los “padres peregrinos” después su viaje por el Mayflower, continuaban con las costumbres sumamente arraigadas de su lugar de origen, entre tantas la de posesión de armas. Esta Enmienda fue crucial para el crecimiento y desarrollo de E.E.U.U. ya que esta fue aprobada cuatro años después de la adopción de la Constitución en la Convención de Filadelfia de 1787, Carta Magna que la fecha sigue vigente aún después de tanto acontecimientos y debates.

Después del más reciente ataque del 01 de Octubre, la Asociación Nacional de Rifle (ANR) de E.E.U.U. junto alguno congresistas, coincidieron en la necesidad de revisar y aumentar los mecanismos para adquisición de armas fuego, balas, adaptados o cualquier producto relacionado, debido a los acontecimientos suscitados en lo últimos años en lo sociedad estadounidense.

Si bien la ANR, no entró en más detalla debido que es una ferviente defensora del derecho otorgado a los ciudadanos por la Segunda Enmienda, reconoce que la facilidad de adquirir cualquier tipo armas aumenta el riesgo de caer en incidente violento como el de Las Vegas.

El presidente de la Cámara Baja, Paul Ryan, señaló que es algo que se debe analizar, ya  hasta el ataque del 01 de octubre, muchos ciudadano no conocían diversos artefactos que permiten modificar las estructuras de las armas permitiéndoles dispara hasta nueve balas por segundo;  y por su parte, Sarah Sanders, vocera de la Casa Blanca, afirmó que el gobierno de Trump cooperaría y participaría en las conversaciones correspondientes.

El interés de tópicos radica en que la compraventa de armas de fuego es considerada actividad vulnerable en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, e igualmente pudiera caer en un delito precedente como el tráfico de armas. Datos de la Oficina Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos señaló que entre los años 2009 y 2014, el 70% de las armas de fuego en México provenían de E.E.U.U., esto debido a que ciudadanos estadounidenses son parte de la triangulación para que el crimen organizado en México pueda adquirirlas sin ser detectados. Es menester indicar que en nuestro país únicamente es posible adquirir legalmente un arma de este  tipo, que no sea de uso exclusivo del ejército, bajo la autorización que expide la Secretaría de la Defensa Nacional  (SEDENA) que exige lo siguiente:

• Presentar solicitud debidamente llenada.
• Tener un modo honesto de vivir.
• Haber cumplido con el servicio militar nacional.
• No tener impedimento físico y mental para el manejo de las armas.
• No tener antecedentes penales.
• No consumir drogas, tener un domicilio fijo.
• Acreditar el criterio marcado por la SEDENA.

Lo que realmente es preocupante, es que no solicitan una acreditación del manejo adecuado de las armas que se adquirirán, incrementado el riesgo uso indebido o del uso por alguien no autorizado.

De lo anterior y con base en el artículo 10 de la Constitución Políticamente de los Estados Unidos Mexicanos que dice:

“Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas.”

Y es lo más cercano que existe en México respeto a la Segunda Enmienda de Constitución de los Estados Unidos de América.

Por otro lado, la Universidad de San Diego mencionó en estudio publicado en 2013, que 253,000 armas de fuego son traficadas cada año de E.E.U.U. a México, esto debido a que los rifles en cuestión son baratos, ligeros, eficaces y fiables.

Datos de la Cámara de Diputados señalan que en el año 2016 se estimaban que el país existían aproximadamente 20 millones de armas de fuego y el 65% por ciento de estas se encontraban en manos del crimen organizado.

Cabe señalar que tanto México como E.E.U.U. tienen un gran problema por el control de las armas de fuego, y si bien se acordó poner en práctica el Plan Mérida, que consiste en combatir al crimen organizado entre E.E.U.U., México y Centroamérica es que la mafia continúa poseyendo muchas armas adquiridas de manera irregular.

Como podemos ver, esto sólo es uno de los problemas que comparten los países por el crimen organizado, por lo que es necesario para los gobiernos continuar con la cooperación bilateral, regional y multinacional conforme a los tratados que se hayan firmado.