El pasado 22 de agosto de 2019, la Secretaría de la Función Pública presentó el Padrón de Integridad Empresarial en el que sólo podrán inscribirse aquellas empresas que comprueben que, además de cumplir con sus obligaciones fiscales, cuentan con un sistema de denuncias de corrupción, integridad, honestidad, ética, probidad, respeto e igualdad.

El establecimiento de este padrón, obedece a la implementación de las mejores prácticas a nivel internacional y cuenta con el apoyo de organismos empresariales, además es la suma de un esfuerzo coordinado por la Secretaría de la Función Pública  en el que además participan el Servicio de Administración Tributaria; los institutos Mexicano del Seguro Social y del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, así como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y la Oficialía Mayor de Hacienda.

De acuerdo con el artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las empresas deberán contar con una política de integridad que cuente con, al menos, los siguientes elementos:

  • Manuales de organización y procedimientos
  • Códigos de conducta
  • Sistemas de control, vigilancia y auditoría que examinen de forma periódica el cumplimiento de estándares éticos.
  • Sistema de denuncia tanto al interior como al exterior de la organización, así como, procesos disciplinarios.
  • Sistemas de entrenamiento y capacitación
  • Políticas de recursos humanos para asegurar la integridad de sus empleados
  • Mecanismos de transparencia y publicidad de sus intereses

De esta forma, la Secretaría desarrolla una plataforma tecnológica, e impulsará cambios normativos, para acelerar los procesos de fiscalización y depurar del Registro Único de Proveedores Contratistas del Gobierno Federal, pues se espera que quienes sean o pretendan ser proveedores de gobierno se encuentren inscritos en el mismo.

Finalmente, se crea el “Distintivo de Integridad” con el cual se reconoce a las empresas que cuentan con política de integridad, y ofrecerles incentivos positivos para promover la integridad y tomar medidas preventivas, en el combate a la corrupción. En un primer momento, se utilizaría este distintivo en las contrataciones públicas, pero una vez evaluados los resultados, se pretende escalar el proyecto a otros sectores, industrias y servicios para promover la ética empresarial.


Por: Alberto López Flores | Socio | López y Díaz Bolaños Abogados