El 28 de diciembre del 2018 se publicó la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019 y trajo consigo una excelente noticia: el artículo décimo cuarto transitorio. Este artículo establece: “Para efectos de dar debido cumplimiento a las obligaciones previstas en los artículos 17 y 18 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (la Ley), los sujetos obligados que no se encuentren al corriente en el cumplimiento de dichas obligaciones por el periodo del 1 de julio de 2013 al 31 de diciembre de 2018, podrán implementar programas de auto regularización, previa autorización del Servicio de Administración Tributaria (SAT), siempre que se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de 2019.

No procederá la imposición de sanciones respecto del periodo de incumplimiento que ampare el programa de auto regularización. El Servicio de Administración Tributaria podrá condonar las multas que se hayan fijado en términos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita durante el periodo de incumplimiento que ampare el programa de auto regularización. La vigencia del programa de auto regularización interrumpe el plazo de prescripción para la imposición de las sanciones correspondientes”.

Es decir, los contribuyentes que efectúan alguna de las actividades enlistas en los artículos 17 y 18 de la Ley (Actividades Vulnerables) como, por ejemplo, las inmobiliarias, podrán ponerse al corriente con sus obligaciones ante el SAT en materia de prevención de lavado de dinero.

Es el caso que, desde que se publico la Ley, la mayoría de los sujetos obligados se encontraban en ceros en lo que significaba implementar un régimen de prevención en sus organizaciones. Existía un deseo latente por cumplir con sus obligaciones ante el SAT para evitar evidentemente las multas, sin embargo, exigía un nivel de especialización que los costos y tiempos no lo permitían.

Hoy, después de una larga espera, tenemos por fin las reglas generales (Disposiciones) para que las Actividades Vulnerables puedan implementar un programa de autorregulación, la cual, es una maravillosa oportunidad para incorporar a estos sujetos al régimen de prevención que exige el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Blanqueo de Capitales (GAFI).

Los Contribuyentes que no actualicen las siguientes causas de improcedencia podrán solicitar la autorización para implementar el programa de autorregulación dentro de los 30 días hábiles siguientes contados a partir de la vigencia de las Disposiciones y tendrán 6 meses para concluir con el programa contados a partir del día siguiente que fenezcan los 30 días antes señalados:

Causas de improcedencia

I. No se encuentre dado de alta en el padrón de sujetos obligados para efectos de la Ley.

II. Los datos manifestados por el sujeto obligado, en el padrón de actividades vulnerables, no se encuentren debidamente actualizados en términos del artículo 7 de las Reglas de Carácter General.

III. El sujeto obligado no se encuentre al corriente de sus obligaciones establecidas en la Ley durante el año 2019.

IV. Aquéllas que constituyan la comisión de un delito previsto por la Ley.

Los especialistas en materia de prevención de lavado de dinero debemos asumir la responsabilidad que nos corresponde, pues no solo se trata de tener un Manual que contenga Políticas de Identificación y Conocimiento del Cliente o de envío de avisos cuando las Operaciones rebasen el umbral, se trata de blindar a las organizaciones de grupos criminales que buscan contaminar sus actividades con recursos de procedencia ilícita.

La propuesta para lograr esto es sencilla: capacitación, capacitación y capacitación. Capacitación inicial y continua, desde los colaboradores que laboren en áreas de atención al público o de administración de recursos, hasta los altos niveles directivos.

En FINCCOM, a través de nuestras actividades pro-bono, y numerosas labores sociales, podemos ayudar a tu organización a cumplir con el régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. No pierdas más tiempo y ¡contáctanos hoy mismo!

Las Asociaciones Civiles: Una Actividad Vulnerable
Las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) son consideradas como una actividad vulnerable para el crimen financiero, más comúnmente para el lavado de dinero. Las OSFL representan según el último análisis estadístico del INEGI el 3% del PIB (producto interno bruto) de nuestro país, incluyendo la valoración económica del trabajo voluntario de estas organizaciones.

Las OSFL constituyen en su participación ayuda y desarrollo social de actividades como son: religiosas, servicios sociales, actividades de enseñanza e investigación, actividades de desarrollo y vivienda, asociaciones empresariales y profesionales, sindicatos, actividades de salud, actividades relacionadas con la defensa de derechos, promoción y política, de cultura y recreación.

El impacto del Lavado de Dinero
Todas estas actividades que constituyen un bien social se ven afectadas por el lavado de dinero o también llamado según el Código Penal Federal (Operación de Recursos de Procedencia Ilícita) cuando son víctimas de los donativos recibidos con recursos de procedencia ilícita, te preguntaras ¿cómo es que son afectadas si están recibiendo recursos para poder seguir con operaciones?; además de que son recursos obtenidos de manera ilícita citando a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de procedencia ilícita (LFPIORPI) Articulo 2 nos dice que tiene como objetivo:

“Proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional, que tenga como fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento”.

Como bien lo dice el objetivo es proteger el sistema financiero y la economía nacional ya que el uso de recursos de procedencia para financiar a las OSFL o bien a cualquier sector económico crea un desnivel en la libre competencia del mercado ya que los recursos favorecen a quienes están siendo financiados tomando el control, y así mismo utilizados por el crimen organizado para colocar recursos de procedencia ilícita.

Para poder entender como es que el lavado de dinero afecta a las OSFL vamos a definir primero que es el lavado de dinero:

“El Lavado de Dinero es el proceso a través del cual uno o varios actores buscan ocultar, encubrir o auxiliar a desvirtuar el origen de los recursos provenientes de una actividad ilícita y aparentar que éstos son producto de una fuente legítima, siendo esta una conducta violatoria de las leyes, códigos y disposiciones aplicables”.

En palabras simples el objetivo de el crimen organizado es ocultar la procedencia de sus recursos obtenidos de manera ilegal haciéndolos pasar como legítimos, y es aquí donde las OSFL con vulnerables con respecto a los donativos que reciben ya que si no se confirma la actividad y procedencia de los mismos se corre el riesgo de estar siendo víctima del lavado de dinero, es importante conocer las etapas en las culés se operan estos recursos para su colocación:

Colocación. – Esta primera etapa es cuando se introducen los bienes al sistema financiero y los bienes pueden ser de cualquier naturaleza, pero más común mente dinero.
Estratificación o encubrimiento. – Se señala como bien lo dice una fase de encubrimiento mediante la realización de numerosas transacciones por cantidades variadas y en ocasiones pequeñas que se irán encimando para dificultar la detección del origen de los recursos.
Integración. – Esta ultima fase tiene como objetivo dar la apariencia de legitimidad de los recursos ilegales como legítimos, es decir incorporarlos al sistema financiero como si fueran de procedencia legitima sin para ser operados.
El objetivo del “lavador de dinero” con estas etapas es ocultar el origen ilícito de los recursos y así poder financiar más delitos de los cuales obtendrá una ganancia.

Una vez identificadas las etapas de como opera el crimen organizado en lavado de dinero nos damos una idea de como es que afectan y vulneran a las OSFL vamos a revisar los requerimientos que acorde a la LFPIORPI regula a las Instituciones Sin Fines de Lucro.

Medidas de Protección
Declarado por LFPIORPI articulo 17 como actividad vulnerable a las OSFL:

Con respecto a los donativos que pueden recibir
La recepción de donativos, por parte de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro, por un valor igual o superior al equivalente a un mil seiscientas cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal. Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando los montos de las donaciones sean por una cantidad igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal.
Es importante mencionar que al recibir donativos la OSFL deberá de tener extrema precaución de recibirlos en efectivo ya que es un riesgo enorme porque no se puede comprobar la procedencia de los recursos y se es sumamente vulnerable.

Dispuesto por LFPIORPI menciona en el articulo 18 citado a continuación las disposiciones regulatorias para las actividades vulnerables:

Identificar a los clientes, persona moral o física con los que se realice alguna relación.
Identificar a los clientes y usuarios con quienes realicen las propias Actividades sujetas a supervisión y verificar su identidad basándose en credenciales o documentación oficial, así como recabar copia de la documentación.
Para los casos en que se establezca una relación de negocios, se solicitará al cliente o usuario la información sobre su actividad u ocupación, basándose entre otros, en los avisos de inscripción y actualización de actividades presentados para efectos del Registro Federal de Contribuyentes.

Al solicitar la documentación: Solicitar al cliente o usuario que participe en Actividades Vulnerables información acerca de si tiene conocimiento de la existencia del dueño beneficiario y, en su caso, exhiban documentación oficial que permita identificarlo, si ésta obrare en su poder; en caso contrario, declarará que no cuenta con ella.
Custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción u ocultamiento de la información y documentación que sirva de soporte a la Actividad Vulnerable, así como la que identifique a sus clientes o usuarios. La información y documentación a que se refiere deberá conservarse de manera física o electrónica, por un plazo de cinco años contado a partir de la fecha de la realización de la Actividad Vulnerable, salvo que las leyes de la materia de las entidades federativas establezcan un plazo diferente.
Con respecto a las disposiciones anteriores nos señala el artículo 21 de la LFPIORPI:

Los clientes o usuarios de quienes realicen Actividades Vulnerables les proporcionarán a éstos la información y documentación necesaria para el cumplimiento de las obligaciones que esta Ley establece. Quienes realicen las Actividades Vulnerables deberán abstenerse, sin responsabilidad alguna, de llevar a cabo el acto u operación de que se trate, cuando sus clientes o usuarios se nieguen a proporcionarles la referida información o documentación a que se refiere el párrafo anterior.
8 Pasos para Detenerlo
Se pueden implementar algunas medidas internas para llevar una mejor prevención e identificación de actos con recursos de procedencia ilícita.

Tener un registro de los donativos, así como de la identidad de las personas morales o físicas y su actividad.
Documentar todo donativo o recurso que ha sido recibido para estipular en cualquier auditoria que se hace el proceso correcto y adecuado para la identificación.
Capacitar a los empleados de dichas organizaciones en prevención de lavado de dinero para prevenir, mitigar e identificar los riesgos.
Tener un control interno donde una persona no pueda actuar sin autorización para realizar operaciones, manejarse en un nivel jerárquico al momento de hacer operaciones (que siempre autorice un rango más alto), de esta manera se generan filtros de los cuales ningún empleado puede actuar bajo sus propios intereses mitigando el riesgo.
Tener una matriz de riesgos, en esta podemos identificar acorde a la actividad cuales son los riesgos más comunes y críticos que presenta la organización, así podemos aplicar soluciones para mitigar el riesgo.
Auditorías internas donde se verifique que se cumplan con las medidas de prevención.
Capacitaciones y actualizaciones para los empleados en materia de PLD.
Hacer investigación a los empleados al momento de su contratación (antecedentes penales, datos laborales anteriores, referencias etc.).
Es importante conocer la ley y el marco legal que regula la actividad que se desempeña para mantenernos al margen de lo establecido en la ley y tener un correcto y sano desarrollo de las actividades. Algo importante es mantenerse actualizado, es decir, que todas las operaciones sean hechas por transferencias y valerse de las TI (tecnologías de la información) ya que es mucho mas factible rastrear por estos medios ya que dejan registro y una traza de donde se originan, de esta manera es más fácil identificar y reportar a las autoridades correspondientes.

Se pueden tener maneras de poder mitigar el riesgo que representan como actividad vulnerable las OSFL, pero lo importante es saber mantenerse en el margen de lo establecido ante la ley, informase, tener conocimiento como es que opera el crimen organizado y actualizarse ya que ellos hacen los mismo para poder seguir colocando los recursos ilícitos, y si bien una manera de verlo también influyen las habilidades de las personas que estén al mando de como guiar a los colaboradores, la persona que hace el contacto con la persona o empresa que hace el donativo es decir tener la habilidad de identificar las incongruencias es las actividades al momento de corroborar datos. Al final del día solo se puede mitigar el riesgo y como organización también como en todos los negocios hay que tener en cuenta que se debe de aceptar tener un margen de riesgo con el que se esté dispuesto a correr.

En perspectiva, las OSFL ayudan con actividades y programas a los demás y en un bien a la sociedad por tal motivo no dejemos que dichas acciones caigan, sean o estén en riesgo de actos ilícitos, y lo ideal es siempre hacer las cosas de manera correcta y no violar la integridad de las organizaciones, siempre manteniéndote en el marco legal y aún por la mas urgente de las necesidades jamás aceptar o practicar actos ilícitos en beneficio de las organizaciones. Siempre mantengámonos rectos ante lo correcto, manejémonos dentro de la ética, el respeto y sobre todo los valores de la organización. No hay que dejar que se comprometan las actividades para un bien social ni la reputación de la organización.

Autor: Iván Razo, Consultor
FINCCOM® 2018

La semana pasada, HSBC afirmó que ha cumplido sus compromisos en virtud a un acuerdo a un plazo de 5 años, en el que la institución financiera se  comprometió a fortalecer sus sanciones y controles contra el Lavado de Dinero.

El segundo banco más grande del mundo se enmarco en el acuerdo a cinco años con las autoridades de los Estados Unidos en 2012 y se hizo acreedor a una multa de 1,900 millones de dólares por dejar que carteles mexicanos lavaran cientos de millones de dólares a través de cuentas en HSBC. 

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El Antecedente

En 2012, dentro de un informe de 340 páginas del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de Estados Unidos se reveló que, entre 2006 y 2009, HSBC había lavado cerca de 15.000 millones dólares de los cárteles mexicanos y de otras organizaciones criminales que radican en Rusia, Irán, Arabia Saudita y otros países declarados como de alto riesgo a través de sus filiales.

A pesar de que el banco sabía de las laxas políticas contra el Lavado de Dinero, las cuales se remontan a 2002 y que en reiteradas ocasiones las autoridades financieras mexicanas le advirtieron al banco que era probable que por sus cuentas circulara dinero del narcotráfico, advertencias las cuales se hizo caso omiso.

Muchas de las violaciones de las regulaciones contra el Lavado de Dinero se relacionan con el uso de cuentas de acción al portador. Cuentas en las que las transferencias de las acciones e ingresos pueden realizarse de persona a persona en secreto. Se tiene registrado de que tan solo en Miami, se habían abierto más de 2.550 cuentas corporativas con acciones al portador, las cuales por lo regular solían estar establecidas en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas.

La investigación a la institución financiera, tomó un año e incluyó una revisión de 1,4 millones de documentos, así como  entrevistas con 75 funcionarios del banco y de entes reguladores bancarios.

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La gran noticia

Hace un par de días el Gobierno de los Estados Unidos, otorgo una buena noticia a los ejecutivos de HSBC que elimina una amenaza para la crucial licencia estadounidense del banco. Esto luego de pagar una multa de 1.900 millones de dólares que HSBC se hizo acreedor por no tener filtros de seguridad adecuados y permitir que cárteles mexicanos blanquearan cientos de millones en sus sucursales.

La multa que amenazaba la capacidad de HSBC para operar en el país y que en su momento fue considerada la más grande de la historia, hasta que tres años más tarde BNP Paribas la supero con una sanción de más de 8.900 millones por delitos similares tres años después, llego a un buen fin a pesar de que el año pasado, el supervisor nombrado por el tribunal, Michael Cherkasky, concluyó que HSBC aún debía mejorar el control del Lavado de Dinero.

La respuesta

Después de la sanción y multa que las autoridades norteamericanas le aplicaran a la institución financiera, este decidió implementar controles de seguridad  con inversiones cercanas a los 3.000 millones anuales en compliance, superando el 7% de los costos operativos e implementando medidas restrictivas para la operación y realización de transacciones del alto volumen.

Se tiene contemplando que debido a la operación internacional de la institución financiera las operaciones del banco y los gastos en medidas de seguridad se mantengan estables, esto como una medidas de prevención frente a las alertas de parte de los reguladores, las cuales estarán presentes hasta por lo menos hasta julio de 2018.  

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La gran lección

La gran lección que nos deja el caso de HSBC, tiene que ver directamente con el cumplimiento de las medidas de seguridad que imponen las autoridades financieras a nivel internacional para lograr que los criminales no ingresen los recursos obtenidos de actividades ilícitas.

El caso de HSBC se generó debido a que la institución crediticia, no tenía establecidos todos los mecanismos para tener un buen conocimiento del cliente, ni mucho menos contaba con mecanismos confiables para verificar las cuentas que los clientes abrían en las sucursales en México o en las Islas Caimán y por otra parte carecía de sistemas automatizados que le permitieran al banco reconocer cuando el cliente estaba saliendo de sus patrones usuales de transaccionalidad.

Para el caso particular de México se detectó como el banco presentaba vulnerabilidades en cuanto a todas las operaciones de transferencias internacionales que estaban pagadas en México en dólares en efectivo. Básicamente no se tenía un buen registro de quiénes eran los que estaban haciendo esos depósitos ni mucho menos se sabía cuál era el origen de esos recursos. 

El hecho de hacer negocios y abrir tu cartera a un gran número de clientes puede tener muchas repercusiones sino se cuenta con medidas preventivas adecuadas. La imposición de controles de prevención, la aplicación de multas o bien la clausura total pueden ser algunos efectos de hacer caso omiso a los controles que marcan las regulaciones y los riesgos de los lugares en donde se tengan operaciones. HSBC es uno de los ejemplos más representativos de como un gigante del sistema financiero puede ser víctima de la delincuencia organizada.

Fuente

www.eleconomista.com

La renta de bodegas en México, se ha convertido en un negocio que opera huecos legales, sin supervisión ni registro oficial. Para los expertos en la materia dentro del giro de las bodegas se encuentran riesgos relacionados con el ocultamiento de bienes ilegales y con el lavado de dinero que afectan considerablemente la estabilidad del sistema financiero a nivel nacional.

De acuerdo con José Fernández de Cevallos, especialista en lavado de dinero del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), “Se abusa de una figura jurídica que es el contrato de arrendamiento, sin que haya mecanismos para supervisar o investigar qué se está almacenando, y algunos de estos lugares están sirviendo para guardar bienes, objetos, instrumentos o productos del delito”, reveló en entrevista con el diario Crónica. El negocio de renta de bodegas es un sector en el que se multiplican las empresas mes con mes. La renta de bodegas es parte de un servicio comercial que no está regulada y en el que se pueden guardar una gran diversidad de artículos o mercancías de diverso origen. 

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La Ciudad de México una de las entidades más afectadas por este delito

En la Ciudad de México, existen cientos de espacios que son utilizados para guardar objetos y mercancías, los cuales muchas veces operan en la ilegalidad bajo acuerdos de total secrecía y  mínimos registros de identificación personal.  Actualmente en la Ciudad no existe ninguna instancia de gobierno que cuente con un registro detallado de todas las empresas que se enfoquen en este rubro, ni mucho menos se tiene contemplado el número de bodegas que operan en la urbe.

La renta de bodegas para el caso de la capital, representa un problema que no solo tiene al lavado de dinero como una de sus derivaciones sino que también puede explicar la existencia de otros ilícitos tales como la piratería, el comercio y distribución de productos ilegales o narcóticos, así como el ocultamiento de bienes obtenidos de una manera ilícita.

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¿Dónde está el delito en la renta de bodegas?

A pesar de que la renta de bodegas, ha sido un servicio necesario para avanzar económica y comercialmente  en el país. Esta actividad mantiene un evidente desorden y demuestra falta de transparencia de esta actividad que opera en la opacidad para el resguardo de bienes sospechosos.

Algo que resulta interesante es que pese al riesgo que conlleva la renta de bodegas y la correlación con otros delitos asociados a la delincuencia organizada  y al nivel de informalidad, este rubro aun no es considerado dentro de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia (LFPIORPI).

Pese a ello y que dentro de la legislación mexicana la renta de bodegas no es considerada una actividad especial, dentro del artículo 400 bis del Código Penal Federal se menciona: 

Se impondrán de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días de multa al que por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas:

  1. Adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, o
  2. Oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita“.

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Fuente

www.fgconsultores.com

Hace unos días el presidente de República Dominicana, Danilo Medina, promulgó la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismos, y su respectivo reglamento.

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Aprobada y con característica

La entrante Ley es la  sustitución de la hoy abrogada 72-02 sobre el Lavado de Activos Provenientes del Tráfico de Ilícita de Drogas, aprobada en el año 2002. La nueva normativa tiene como característica que también sanciona el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y el congelamiento de bienes contra los personas sancionadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o por el Ministerio de Haciende de República Dominicana. La justificación de la nueva ley va relacionada en la protección de la vida de los ciudadanos, el orden mundial de los países y convivencia pacífica. Esto debido a los compromisos adquiridos por el gobierno de la isla caribeña ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y con la Organización de las Naciones Unidas.

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De acuerdo con la ley 155-17, la pena mínima en prisión de deberá cumplir todo persona catalogada como culpable del delitos de lavado de dinero será de 10 años y deberá de pagar una multa que duplique la cantidad monetaria lavada, sin olvidar el respectivo decomiso de bienes y congelamiento de cuentas. Si algún servidor público colabora con terceros para ejecutar este delito, deberá que cumplir una pena de 6 meses a 2 años en prisión.

Contemplaciones

Sobre la regulación que las entidades, la nueva ley no contempla a las casas de apuestas, pues según el presidente de la Asociación Nacional de Bancas Deportivas, Ricardo Nadal, pues la mayoría de los afiliados a la asociación que preside realizan operaciones por debajo de los 3 mil dólares, que es una cantidad mínima para que las organizaciones sean reguladas. Sin olvidar, que este tipo de entidades deben de cumplir con cierta obligaciones mencionadas en la resolución 104-17 emitida por el Ministerio de Hacienda de dicho país.

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Por otro lado, también espera la votación favorable del Congreso Nacional respecto a la ley que creará la Dirección Nacional de Juegos de Azar, que sería un parteaguas para la reestructuración del combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y que obligaría a las organizaciones a ser más estrictas con las actividades celebradas por medio de ellas.

Programa de Formación

Conscientes del proceso que existe por cambio de regulación, los Ministerios de Presidencia y Hacienda crearon un programa de formación para aquellos obligados por la nueva ley, impartidos por abogados y especialistas expertos en la materia. A dicha también capacitación también están citados las entidades que entre sus actividades estén: los casinos y los juegos de azar, ahorro y crédito, seguros, vendedores de autos, casas de empeño, bancos y agentes inmobiliarios.

Fuentes

  • Acento  www.acento.com.
  • Hoy Digital www.hoy.com
  • Listin Diario www.listindiario.com
  • Yogonet www.yogonet.com

 

 

El lavado de dinero en México es una actividad criminal que va en ascenso y tiene múltiples afectaciones para la sociedad. Este fenómeno es un riesgo no sólo para el sistema financiero sino para la seguridad pública a nivel nacional.  A pesar de que no hay una cifra exacta sobre el dinero ilícito que ingresa al sistema financiero mexicano, las autoridades mexicanas han estimado sus amplios efectos en la economía.

Principales avances

México ha puesto manos a la obra en atender el lavado de dinero. El Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal han reformado diversas leyes y reglamentos para tener una mejor respuesta ante este problema y poder satisfacer los mecanismos internacionales que el gobierno se comprometió a cumplir.

Las autoridades nacionales ha reiterado que la prevención y el combate al lavado de dinero y otros delitos financieros forman parte de una de sus prioridades para enfrentar la delincuencia y garantizar la integridad de la economía nacional.

De acuerdo con el Quinto Informe de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, publicado el 01 de septiembre de este año, varias entidades federales como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Procuraduría General de la Republica (PGR) han desarrollado acciones para prevenir este delito.  Por su parte la Comisión Nacional de Seguridad, por medio de la Policía Federal, ejecutó varios operativos relativos a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y contra la salud, lo que derivó en la detención de líderes de varios grupos criminales y el aseguramiento de dinero en efectivo.

La PGR, a través de la Unidad Especializada en Análisis Financiero, realizó 648, 284 análisis de operaciones financieras para identificar el lavado de dinero en el país, examinando las actividades de un total de 324 personas físicas y morales. De las acciones realizadas entre septiembre de 2016 a junio de 2017, se aseguraron 543.2 millones de pesos y 11.4 millones de dólares. Sin embargo hay mucho dinero que no se logró confiscar pues no pudo comprobar su origen ilegal.

Uno de los mayores ejemplos del compromiso asumido por las autoridades nacionales, es la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dependiente de la SHCP, la cual está facultada para recibir información de quienes realizan actividades vulnerables, analizar la información recibida como operaciones financieras y económicas, y diseminar reportes de inteligencia o cualquier documento útil para detectar posibles actividades relacionadas con el lavado de dinero y en caso de ser necesario presentar las denuncias ante el Ministerio Público.

Es importante mencionar que la batalla en contra del lavado de dinero no sólo la combate el gobierno mexicano, también detrás de él están las instituciones bancarias, que sin su apoyo México no podría confrontar los ataques presentados por las organizaciones criminales. Las instituciones bancarias son protagonistas de esta lucha pues con sus filtros e investigaciones a particulares, proporcionan información a las instituciones gubernamentales de las actividades económicas realizadas en el país.

Retrocesos en la materia

De acuerdo con documento de análisis de desempeño llevado a cabo por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto al combate de delitos financieros en México, durante 2016, se ha revelado que en el país existe una mejora en los procesos de identificación de los sospechosos, pero también existe una falta profundidad y autonomía en las investigaciones de los policías.

A pesar de que se ha reportado un incremento notable en la detección de operaciones sospechosas y de personas involucradas en ellos. El aumento en el número de denuncias penales y averiguaciones previas no se ha podido traducir en resoluciones efectivas.  En la información dada a conocer la semana pasada, se reconoce que a pesar de que existe un avance y mayor colaboración entre autoridades y sociedad civil para hacer frente al lavado de dinero, durante el último año se ha registrado un deceso en el número de denuncias por este delito.

Dentro  del informe presentado a la Cámara de Diputados, se destaca que si bien la Policía Federal  ha incrementado su labor de inteligencia en 2016,  gran parte del trabajo que realizó dicha institución fue de poca utilidad para la generación de líneas de investigación. Las deficiencias se deben principalmente a mecanismos de registro, evaluación y seguimiento mal implantados, informo la ASF.

Consideraciones del GAFI rumbo a 2018

Durante una reunión plenaria celebrada la semana pasada en Buenos Aires, Argentina, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) discutieron el reporte de evaluación de México en cuanto a su nivel de implementación de los estándares internacionales en la prevención y combate al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Cabe señalar que el GAFI y GAFILAT, son las principales agrupaciones que reúnen, a nivel global y regional, a las autoridades dedicadas a la prevención y combate al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Estas organizaciones multinacionales revisan constantemente las legislaciones y actividades de los países miembros para implementar los mejores estándares y proteger la seguridad del sistema financiero.

El trabajo de evaluación de México se llevó a cabo bajo la coordinación del Fondo Monetario Internacional, durante el periodo de agosto de 2016 a noviembre de 2017, conforme con las recomendaciones y la metodología de evaluación emitidos por GAFI. El análisis considera que las autoridades nacionales competentes, realizaron la Evaluación Nacional de Riesgos, instrumento que permitió conocer cuáles son las principales amenazas y vulnerabilidades en la materia y que han hecho que se adopten medidas para mitigar los riesgos y destinar los recursos del Estado de manera más efectiva para el combate al Lavado de Dinero.

Se tiene identificado que México cuenta con un régimen maduro en la prevención y combate al lavado de dinero. Desde que el país fue evaluado en 2008, se ha fortalecido significativamente en distintas áreas que incluyen la implementación de un marco legal e institucional adecuado a cargo de autoridades competentes, coordinadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

A pesar de que a nivel nacional existen muchas tareas pendientes en materia de procuración de justicia, reforzamiento de la supervisión de actividades vulnerables, así como de la identificación de los beneficiarios finales de activos y empresas. El trabajo de capacitación y seguimiento de los jueces federales mexicanos realizado por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), consiguió reconocimiento del GAFI, por sus sentencias en contra del lavado de dinero.

La labor de las autoridades financieras es sumamente ardua frente a la complejidad de problema. A pesar de hay áreas donde hay un mayor número de investigaciones para prevenir o detectar el lavado de dinero a nivel nacional. Los resultados han sido paulatinos y están sujetos a una gran variedad de cambios que avanzan conforme a las actualizaciones de los marcos regulatorios y estándares a nivel internacional. En enero de 2018, el GAFI dará a conocer la evaluación final de nuestro país en materia de combate al lavado de dinero. Sin duda de estos datos resultaran de múltiple utilidad para identificar y comprender cuál es la situación de México frente a uno de los grandes problemas que enfrenta el sistema financiero internacional.   

Fuente:
www.jornada.unam.mx

El lavado de dinero en México es una actividad criminal va en ascenso y tiene múltiples afectaciones para la sociedad.  Tan solo en 2016 se interpusieron más de 100  denuncias ante la PGR por estos casos, aunque menos del 5% de ellas fue resuelta al cierre de ese año.

De acuerdo con documento de análisis de desempeño llevados a cabo por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) referentes al combate de delitos financieros en México, durante 2016, se ha revelado que en el país existen dos realidades. Por una parte existe una mejora en los procesos de identificación de los sospechosos, pero también existe una falta profundidad y autonomía en las investigaciones de los policías. El fenómeno del lavado de dinero es un riesgo no sólo para el sistema financiero sino para la seguridad pública a nivel nacional.  A pesar de que no hay una cifra exacta sobre el dinero ilícito que ingresa al sistema financiero mexicano, las autoridades mexicanas han estimado sus amplios efectos en la economía.

La auditoría dentro de sus informes relativos a la detección de casos se centró en el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda (UIF), la cual en los últimos años ha reportado un incremento notable en la detección de operaciones sospechosas y de personas involucradas en ellos. Por ejemplo,  mientras que en el año 2013 la UIF analizó en 2013 un total de 13 millones 226 mil reportes de operaciones potencialmente riesgosas para el año 2016 la cifra ascendió a 17 millones 624 mil reportes. Esto se suma al incremento de casi el 213% sobre la identificación de personas de “alto riesgo” investigados por lavar dinero durante los últimos tres años.

Hay denuncias; falta prevención e investigación

A pesar de que el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda (UIF) ha sido efectivo para la presentación de denuncias y el arranque de investigaciones. El aumento en el número de denuncias penales y averiguaciones previas no se ha podido traducir en resoluciones efectivas. Anteriormente la Auditoria Superior de la Federación (ASF) había alertado de la poca eficacia en la investigación de delitos financieros de parte de la PGR.

En la información dada a conocer la semana pasada, se reconoce que a pesar de que existe un avance y mayor colaboración entre autoridades y sociedad civil para hacer frente al lavado de dinero. En el último año se ha registrado un deceso en el número de denuncias por este delito. Algo que ha sido catalogado como una señal negativa en la lucha frente a este ilícito.

La ASF alerta sobre una falta de profundidad en las investigaciones.

En el informe presentado a la Cámara de Diputados se destaca que si bien la Policía Federal  ha incrementado su labor de inteligencia en 2016,  gran parte del trabajo que se realizo no pudo ser comprobada su utilidad para la generación de líneas de investigación que permitieran poner fin estructuras delictivas dedicadas al lavado de dinero. Las deficiencias se deben principalmente a mecanismos de registro, evaluación y seguimiento mal implantados. Con base en la información dada a conocer, la limitada capacidad institucional de la PF en la prevención e investigación de delitos financieros es uno de los grandes problemas para brindar resultados solidos ante la sociedad.  

¿En dónde está el problema?

A pesar de que el lavado de dinero se puede integrar en cualquier actividad y modelo de negocio. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2016, identifico que el sector inmobiliario es una de las áreas más vulnerables frente a lavado de dinero, al registrar a más de 34 mil sujetos involucrados con este ramo  que han sido obligados a remitir sus reportes de actividades sobre la adquisición o transmisión de bienes. De acuerdo a información de la dependencia federal, se detectó que los sectores donde más se lava dinero corresponden a las empresas que ofrecen préstamos y créditos así como el sector relacionado a los donativos, actividades que han sido clasificadas como de alto riesgo.

La labor de las autoridades financieras es sumamente ardua frente a la complejidad de problema. A pesar de hay áreas donde hay un mayor número de investigaciones para prevenir o detectar el lavado de dinero a nivel nacional. Los resultados han sido paulatinos y están sujetos a una gran variedad de cambios que avanzan conforme a las actualizaciones de los marcos regulatorios y estándares a nivel internacional. El lavado de dinero es un problema para el cual hay que estar prevenidos y contar con las mejores prácticas para protegernos de este ilícito.  

Fuente:  http://www.animalpolitico.com/2017/11/lavado-dinero-fallas-investigar-asf/

 

En 2012 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estimó que en México se lavaban aproximadamente 170 mil millones de pesos anuales, aunque consultorías especializadas estiman que la cifra podría ser tres veces más grande. En el sexenio de Felipe Calderón, la Procuraduría General de la Republica inició más de 1,520 carpetas de investigación por presunto lavado de dinero. En 2016, la empresa mexicana de servicios financieros TM Sourcing, estableció con base en indicadores del INEGI que en 2013, se lavaron más de 300 mil millones de pesos. En la actualidad la firma estima que en México se lavan hasta 50 mil millones de dólares por año.

El problema del lavado dinero es un fenómeno de alto impacto en el cual se ha venido trabajando activamente desde hace más de una década. Sin embargo ha sido un camino sumamente complejo y con resultados escasos. Tan solo de las 1, 520 carpetas de investigación que se abrieron en el gobierno de Felipe Calderón un 39.2% fueron consignadas. Por su parte dentro del actual sexenio de las 1, 955 carpetas que hasta el momento se tiene registro, solo un 17.6% ha llegado frente a un juez. Estos datos además de ser alarmantes y transcendentales para comprender el trato que se la ha dado al lavado de dinero, demuestran que ha habido un ligero retroceso a pesar de que el fenómeno continua a la alza.       

¿Falta de voluntad o poca efectividad?

Desde la promulgación en octubre de 2012, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), la PGR registró un aumento en las investigaciones, pese a ello los datos no se traducen en una mayor eficacia para sancionar este delito. Gran parte de las investigaciones iniciadas terminaron siendo desechadas por estar mal integradas.

De acuerdo con un reporte emitido por la Auditoria Superior de la Federación (ASF), en 2016 sobre la Cuenta Pública, se dio a conocer que los resultados del combate a delitos financieros han sido mínimos, debido a que de 2, 026 denuncias registradas, solo 3 obtuvieron una sentencia.

El papel de los Estados

Con base en los datos publicados por la PGR, se estableció que seis estados concentran el mayor número de investigaciones relacionadas con el lavado de dinero. Dentro de las seis entidades que integran esta lista la Ciudad de México, se posiciona en primer lugar seguido de Baja California, Tamaulipas, Jalisco, Sonora y Sinaloa. Un dato que llama la atención es la evolución en el número de investigaciones, en 2011 esos seis estados, reportaron cinco casos en total, una cifra que un año después ascendió a 178 entre las seis entidades.

Es curioso observar como la capital del país se posiciona en el primer lugar en cuanto al número de investigaciones por lavado de dinero, con un ascenso gradual pasando de una carpeta de investigación en 2010 a 473 para 2016. Por su parte Baja California, Tamaulipas, Sonora y Sinaloa, son las entidades norteñas en donde se tiene un mayor número de averiguaciones previas y corresponde a estados en donde por décadas se han registrado actividades de parte del crimen organizado. 

El caso de Jalisco, es uno de los estados que más llaman la atención debido a que en dicha entidad el fenómeno del lavado de dinero ha sido el más constante, además de que en la última década ha sido el lugar de origen de dos carteles con amplia presencia a nivel nacional como: el Cartel de Guadalajara y el Cartel Jalisco Nueva Generación, la organización delictiva más prolífica y que genera más recursos a nivel nacional.

Fuente: http://www.animalpolitico.com/2017/08/lavado-dinero-mexico-estados/

Nuestro país se encuentra a punto de recibir las observaciones emitidas de parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), respecto al funcionamiento de los avances e instrumentos que se han puesto en marcha para prevenir el lavado de dinero. De acuerdo a reportes preliminares, se conoce que el sector financiero a nivel nacional está bien protegido gracias a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y al interés de particulares de no verse involucrados en este tipo de actividades.

A principios de año, se dio a conocer que el GAFI, había realizado una serie de observaciones en donde resaltaba que en México existe una mala procuración de justicia y que la efectividad del sistema de justicia era regular. Estas observaciones se hicieron con base en el número de sentencias y decomisos registrados hasta finales de 2016. El resultado de dichas observaciones derivo de un estudio en donde se descubrió que lamentablemente de una gran mayoría de reportes que hacen las entidades financieras solo una minoría termina en sentencia. Existen muchos reportes de actividades sospechosas, que ni siquiera llegan a una averiguación previa.

La existencia de imperfecciones dentro del sistema fiscal y tributario a nivel nacional, implica un desperdicio de recursos financieros y humanos de parte de las empresas, las cuales invierten en sistemas de seguridad para mantenerse protegidas. Un ejemplo representativo de la falta de coordinación entre autoridades y cómo repercute en el funcionamiento del sistema financiero es el decreto emitido hace un par de días por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación a la forma en la que opera la lista de personas bloqueadas por el SAT, tachándola como inconstitucional debido a la forma en la que opera, y esto a pesar de que no se conoce de manera oficial el número de sujetos que contiene y los montos de dinero que han sido bloqueados en el sistema de activos.  

En conferencia el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Alberto Bazbaz, dio a conocer frente a oficiales de cumplimiento una cifra de cuatro mil millones de pesos en cuentas bloqueadas. Gran parte de esa cantidad no puede ser reclamada, debido a que los responsables de ese dinero deben acudir a la PGR a explicar su origen explicó.

Desde el diseño institucional hasta su implementación y operación la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), ha sido uno de los mayores esfuerzos institucionales para contrarrestar el creciente lavado de dinero existente el país y poder hacer frente a las actividades que preceden a esta actividad. Los resultados en materia de prevención de lavado de dinero han sido esfuerzos difíciles de capitalizar por la complejidad y dimensión del problema. Sin embargo gracias al apoyo y cooperación a nivel internacional los avances se han podido concretar. Aún queda mucho camino por delante y en el mundo contemporáneo los delincuentes utilizan métodos cada vez más sofisticados para mezclar sus recursos dentro del sistema financiero.  

Fuente: http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/empresas-mexicanas-en-la-mira-de-lavado-de-dinero.html

Cada vez es más visible mirar en los medios de difusión que gobernadores o lideres políticos se encuentran implicados en cuestiones de redes de corrupción, soborno o bien, de lavado de dinero. Tomando ejemplos, se encuentra uno de los más sonados y es precisamente el caso de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, quien fue detenido y condenado a proceso por ser responsable del desvió y malversación de 4 mil 630 millones de pesos destinados a servicios de salud y educación en Veracruz, de acuerdo con el informe de la Cuenta Pública 2015. 

Otro caso similar es el de Roberto Borgue, ex gobernador de Quintana Roo, detenido en Panamá a punto de abordar un avión hacia París por lavado de dinero. Pero, ¿Qué es lo que pasa con la corrupción? ¿Por qué en los últimos meses son tan sonados acontecimientos relacionados con este delito? Pues bien, la corrupción se ha vuelto cada vez más sofisticada y globalizada gracias a los avances tecnológicos. Ni siquiera los países con los sistemas de justicia más avanzados han podido seguir el paso a la complejidad y creatividad destructiva de las redes criminales que conjugan a la política y  a la delincuencia organizada. 

En este contexto, cada vez se observan con mayor frecuencia acusaciones por corrupción política a funcionarios del más alto nivel, muchos relacionados precisamente con el lavado de dinero.  Sin embargo, en primer instancia es importante dejar en claro que  el lavado de dinero tiene un efecto corrosivo en la economía, el gobierno y el bienestar social de un país.

Ahora bien, tres factores que explican la atracción de un país para que sea utilizado a fin de alcanzar el objetivo de lavar dinero son los siguientes:

1.- La calidad de las instituciones judiciales y de los controles patrimoniales, los cuales determinan la seguridad jurídica de cada país.
2.- El tamaño de las economías formales e informales de los países, lo que propicia mayores montos y frecuencias de transacciones licitas e ilicitas, estas ultimas ligadas al lavado de activos. 
3.- La presencia e importancia relativa de sectores económicos que por su propia naturaleza facilitan el lavado de dinero.

Cabe destacar que lo más preocupante del lavado de dinero es que cada año que pasa, se incrementa.  Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, entre 1996 y 2005 este delito aumentó 36%, y entre 2005 y 2009 lo hizo 33%. Tal parece que es un delito imparable. 

En 2002, el total mundial del lavado se distribuía aproximadamente en las siguientes proporciones: 37% se hallaba integrado en las economías del continente americano, 30% en Asia, 26% en Europa, y 7% en las regiones más pobres de Medio Oriente y África. Sin embargo, el flujo de crecimiento de este delito ha sido constante en los países de desarrollo. Entre 2003 y 2012, la circulación de dinero sucio en estas naciones creció alrededor de 9.4% anualmente llegando a un pico de 991 200 millones de dólares en 2012, pero sigue siendo Asia la que concentra el mayor flujo de capitales ilícitos con 40.3% del total. 

 

Es importante considerar datos, pero algo que intriga a muchos individuos es precisamente saber de dónde provienen los recursos que son blanqueados, la primera fuente que uno piensa, es obviamente el trafico de drogas mezclado con la corrupción de funcionarios, la cual acumula un promedio de 20% del total de lavado de dinero a nivel mundial, pero hay otros delitos igual de importantes relacionados con esta actividad.  De acuerdo con algunas investigaciones, los recursos procedentes del tráfico de drogas, armas y personas constituyen entre el 27% y 31% del total mundial de recursos económicos de procedencia ilícita, pero el Fondo Monetario Internacional concluye que más de 50% de los recursos sucios provienen de fraudes fiscales y de fugas de capitales ligadas a delitos menos graves.

Tener en cuenta que el compromiso con una política se seguridad humana integral va más allá de de la cooperación representada por alguna foto de mandatarios en una cumbre mundial es importante. Por lo tanto, una estructura institucional antilavado debe estar acompañada de la capacitación de investigadores especializados en materia económica y financiera, y aun esta capacitación puede ser inútil si no existe una efectiva coordinación interinstitucional entre sistemas de inteligencia, investigadores especializados, fiscales y jueces. 

Si no hay controles eficientes y efectivos, poco a poco veremos como las economías nacionales se convierten sólo en administradoras del dinero ilícito generado por medio de actividades ilícitas, por lo que conseguir la seguridad y protección de los sistemas financieros resulta ser  una necesidad imperativa.

Fuente
Lavado de Dinero, Corrupción Política

Edgardo Buscaglia 

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