El 8 de Marzo del 2019 la oficina de ‘Financial Crimes Enforcement Network’ (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, mediante su oficio FIN-2019-A001, ha emitido una recomendación a aquellas instituciones financieras sujetas a la Ley del Secreto Bancario (BSA) en materia de combate al lavado de dinero, para que actualicen sus Enfoques Basados en el Riesgo (RBA) derivado de los resultados de países con controles laxos en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) emitidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

El GAFI ha hecho una declaración pública con respecto a:
República Democrática del Pueblo de Korea (DRPK) e Irán.

Estados aún por mejorar su estrategia:
Permanecen en la lista: Bahamas, Botswana, Etiopía, Ghana, Pakistán, Serbia, Sri Lanka, Siria, Trinidad y Tobago, Túnez y Yemen.
Agregado a la lista: Camboya.

En resumen:

Transacciones comerciales de personas estadounidenses

El término persona de los Estados Unidos o persona de los Estados Unidos significa cualquier ciudadano de los Estados Unidos, extranjero residente permanente, entidad organizada bajo las leyes de los Estados Unidos o cualquier jurisdicción dentro de los Estados Unidos (incluyendo las sucursales), o cualquier persona en los Estados Unidos. 31 CFR§ 510.326.o dentro de los Estados Unidos que involucre a Corea del Norte o propiedad o intereses en la propiedad de cualquier individuo o entidad designada de conformidad con la NKSRPrograma a menos que sea autorizado por la OFAC o exento por ley.

Estas sanciones son una respuesta directa al desarrollo en curso de la RPDC deADM y sus medios de entrega; lanzamiento de misiles balísticos intercontinentales; pruebas nucleares; abusos de los derechos humanos y censura; Acciones cibernéticas, destructivas y coercitivas; involucramiento en lavado de dinero, falsificación de bienes y divisas, contrabando de efectivo a granel y narcóticos, trata de personas y continuas violaciones a las UNSCRs. Las instituciones financieras de los Estados Unidos deben ser particularmente conscientes de la naturaleza extensiva de las sanciones asociado a EO 13810 (septiembre de 2017).

Las sanciones contra Irán también continúan a raíz de su programa balístico de misiles y las pocas acciones tomadas para remediar las deficiencias en materia PLD/FT.

Puede consultar la versión original del documento dando click en el link de abajo.

El lavado de dinero en México es una actividad criminal que va en ascenso y tiene múltiples afectaciones para la sociedad. Este fenómeno es un riesgo no sólo para el sistema financiero sino para la seguridad pública a nivel nacional.  A pesar de que no hay una cifra exacta sobre el dinero ilícito que ingresa al sistema financiero mexicano, las autoridades mexicanas han estimado sus amplios efectos en la economía.

Principales avances

México ha puesto manos a la obra en atender el lavado de dinero. El Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal han reformado diversas leyes y reglamentos para tener una mejor respuesta ante este problema y poder satisfacer los mecanismos internacionales que el gobierno se comprometió a cumplir.

Las autoridades nacionales ha reiterado que la prevención y el combate al lavado de dinero y otros delitos financieros forman parte de una de sus prioridades para enfrentar la delincuencia y garantizar la integridad de la economía nacional.

De acuerdo con el Quinto Informe de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, publicado el 01 de septiembre de este año, varias entidades federales como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Procuraduría General de la Republica (PGR) han desarrollado acciones para prevenir este delito.  Por su parte la Comisión Nacional de Seguridad, por medio de la Policía Federal, ejecutó varios operativos relativos a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y contra la salud, lo que derivó en la detención de líderes de varios grupos criminales y el aseguramiento de dinero en efectivo.

La PGR, a través de la Unidad Especializada en Análisis Financiero, realizó 648, 284 análisis de operaciones financieras para identificar el lavado de dinero en el país, examinando las actividades de un total de 324 personas físicas y morales. De las acciones realizadas entre septiembre de 2016 a junio de 2017, se aseguraron 543.2 millones de pesos y 11.4 millones de dólares. Sin embargo hay mucho dinero que no se logró confiscar pues no pudo comprobar su origen ilegal.

Uno de los mayores ejemplos del compromiso asumido por las autoridades nacionales, es la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dependiente de la SHCP, la cual está facultada para recibir información de quienes realizan actividades vulnerables, analizar la información recibida como operaciones financieras y económicas, y diseminar reportes de inteligencia o cualquier documento útil para detectar posibles actividades relacionadas con el lavado de dinero y en caso de ser necesario presentar las denuncias ante el Ministerio Público.

Es importante mencionar que la batalla en contra del lavado de dinero no sólo la combate el gobierno mexicano, también detrás de él están las instituciones bancarias, que sin su apoyo México no podría confrontar los ataques presentados por las organizaciones criminales. Las instituciones bancarias son protagonistas de esta lucha pues con sus filtros e investigaciones a particulares, proporcionan información a las instituciones gubernamentales de las actividades económicas realizadas en el país.

Retrocesos en la materia

De acuerdo con documento de análisis de desempeño llevado a cabo por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto al combate de delitos financieros en México, durante 2016, se ha revelado que en el país existe una mejora en los procesos de identificación de los sospechosos, pero también existe una falta profundidad y autonomía en las investigaciones de los policías.

A pesar de que se ha reportado un incremento notable en la detección de operaciones sospechosas y de personas involucradas en ellos. El aumento en el número de denuncias penales y averiguaciones previas no se ha podido traducir en resoluciones efectivas.  En la información dada a conocer la semana pasada, se reconoce que a pesar de que existe un avance y mayor colaboración entre autoridades y sociedad civil para hacer frente al lavado de dinero, durante el último año se ha registrado un deceso en el número de denuncias por este delito.

Dentro  del informe presentado a la Cámara de Diputados, se destaca que si bien la Policía Federal  ha incrementado su labor de inteligencia en 2016,  gran parte del trabajo que realizó dicha institución fue de poca utilidad para la generación de líneas de investigación. Las deficiencias se deben principalmente a mecanismos de registro, evaluación y seguimiento mal implantados, informo la ASF.

Consideraciones del GAFI rumbo a 2018

Durante una reunión plenaria celebrada la semana pasada en Buenos Aires, Argentina, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) discutieron el reporte de evaluación de México en cuanto a su nivel de implementación de los estándares internacionales en la prevención y combate al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Cabe señalar que el GAFI y GAFILAT, son las principales agrupaciones que reúnen, a nivel global y regional, a las autoridades dedicadas a la prevención y combate al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Estas organizaciones multinacionales revisan constantemente las legislaciones y actividades de los países miembros para implementar los mejores estándares y proteger la seguridad del sistema financiero.

El trabajo de evaluación de México se llevó a cabo bajo la coordinación del Fondo Monetario Internacional, durante el periodo de agosto de 2016 a noviembre de 2017, conforme con las recomendaciones y la metodología de evaluación emitidos por GAFI. El análisis considera que las autoridades nacionales competentes, realizaron la Evaluación Nacional de Riesgos, instrumento que permitió conocer cuáles son las principales amenazas y vulnerabilidades en la materia y que han hecho que se adopten medidas para mitigar los riesgos y destinar los recursos del Estado de manera más efectiva para el combate al Lavado de Dinero.

Se tiene identificado que México cuenta con un régimen maduro en la prevención y combate al lavado de dinero. Desde que el país fue evaluado en 2008, se ha fortalecido significativamente en distintas áreas que incluyen la implementación de un marco legal e institucional adecuado a cargo de autoridades competentes, coordinadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

A pesar de que a nivel nacional existen muchas tareas pendientes en materia de procuración de justicia, reforzamiento de la supervisión de actividades vulnerables, así como de la identificación de los beneficiarios finales de activos y empresas. El trabajo de capacitación y seguimiento de los jueces federales mexicanos realizado por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), consiguió reconocimiento del GAFI, por sus sentencias en contra del lavado de dinero.

La labor de las autoridades financieras es sumamente ardua frente a la complejidad de problema. A pesar de hay áreas donde hay un mayor número de investigaciones para prevenir o detectar el lavado de dinero a nivel nacional. Los resultados han sido paulatinos y están sujetos a una gran variedad de cambios que avanzan conforme a las actualizaciones de los marcos regulatorios y estándares a nivel internacional. En enero de 2018, el GAFI dará a conocer la evaluación final de nuestro país en materia de combate al lavado de dinero. Sin duda de estos datos resultaran de múltiple utilidad para identificar y comprender cuál es la situación de México frente a uno de los grandes problemas que enfrenta el sistema financiero internacional.   

Fuente:
www.jornada.unam.mx

Del 29 de octubre al 03 de noviembre del presente año, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) se reunieron durante seis días para discutir asuntos de relevancia sobre cómo proteger la integridad del sistema financiero y contribuir a la seguridad global.

La reunión con sede en Buenos Aires, Argentina, conto con la participación de más de 700 delegados de 203 jurisdicciones pertenecientes a la Red Global del GAFI, las Naciones Unidas (ONU), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), así como otras organizaciones asociadas.

El evento se llevó a cabo dentro del primer Pleno bajo la presidencia del GAFI por parte de la República Argentina y bajo la coordinación del Presidente del GAFI, Santiago Otamendi, y el Presidente del GAFILAT, Eugenio Curia, quienes desarrollaron las jornadas de discusión.

Las discusiones llevadas a cabo durante la plenaria del GAFI/GAFILAT se enfocaron en revisar los principales avances que se han impulsado por parte del organismo respecto al combate al financiamiento al terrorismo y lavado de activos.

Uno de los principales temas que se abordaron fueron las nuevas formas en las que grupos criminales reclutan a miembros de la sociedad y articulan sus estrategias financieras para mantener su estatus de grupos terroristas. En el evento se hizo un llamado a los países pertenecientes para mejorar técnicas, coordinar esfuerzos, y actualizar la información sobre la influencia de grupos terroristas alrededor del mundo y hacer un énfasis en la forma en la que se ha ido desarrollando el Estado Islámico, tanto en medio oriente como occidente.

En cuanto a Inclusión financiera, dentro de la reunión plenaria, se abordaron los principales resultados de los países en cuanto a la aplicación de las 40 Recomendaciones del GAFI, las cuales buscan salvaguardar la integridad del sistema financiero y proteger del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Cabe señalar que anteriormente en el año 2013, dentro de las 40 Recomendaciones, se incluyeron modelos de debida diligencia al cliente a fin de crear servicios financieros accesibles a toda la población, en la pasada reunión se discutieron cuales habían sido las metas propuestas y los logros conseguidos en esta materia.

Asimismo uno de los temas que más llamo la atención de los especialistas fue el intercambio de información entre instituciones financieras del sector privado pertenecientes al GAFI, así como instituciones que aún no forman parte reconocido grupo. De acuerdo con el organismo internacional el intercambio de información es fundamental para mejorar la transparencia, acceso a la información y detectar los flujos de recursos ilícitos provenientes de grupos delincuenciales. De igual manera se aprovechó el espacio para discutir sobre cómo mejorar la calidad de la inteligencia financiera y los regímenes de reporte de operaciones sospechosas.

Uno de los principales objetivos de la reunión plenaria del GAFI/GAFILAT, fue la de brindar mayores elementos para el fortalecimiento del marco institucional y mejorar la capacidad y efectividad de los órganos regionales y la Red Global que conforma el GAFI.

En este evento se aprovechó el espacio para revisar las acciones que Austria ha tomado para atender a las deficiencias identificadas en su evaluación de 2016, así como discutir las declaraciones en las que se identifican a las jurisdicciones de alto riesgo y no cooperantes. Bajo este tenor se dieron a conocer los principales avances de las evaluaciones de los reportes emitidos por México y Portugal, para implementar estándares internacionales en la prevención y combate al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Al respecto Eugenio Curia, presidente del GAFILAT, hizo énfasis en que en nuestro país existe una adecuada cooperación entre autoridades y un buen nivel de comunicación con organismos internacionales.  “México cuenta con un régimen maduro en la materia, que incluye un marco legal e institucional adecuado, y que ha sido fortalecido significativamente en distintas áreas desde que el país fue evaluado en 2008.”

Fuente:

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/gafi-pide-reforzar-acciones-contra-el-lavado-de-dinero-en-mexico.html

http://www.gafilat.org/blog/noticias/261017023332/Semana-del-Pleno-Conjunto-GAFI/GAFILAT–29-de-octubre-a-3-de-noviembre-de-2017.htm

En los próximos días, Buenos Aires será la ciudad anfitriona que recibirá a más de 700 delegados de las 203 jurisdicciones de la Red Global de GAFI, también están convocados representantes de Naciones Unidas, EL Fondo Monetario Internacional  y el Banco Mundial.  Esta ciudad fue seleccionada debido a que este periodo de trabajo es presidido por el gobierno argentino, quien encomendó la tarea a Santiago Otamendi para ser el titular de la presidencia del Grupo Internacional.

En la agenda el evento se indica que los debates giraran en torno a tres tópicos principales: (i) Financiamiento al terrorismo, en el cual evaluarán los resultados de las medidas establecidas por los gobiernos miembros para combatir esta actividad, igualmente se analizará las consecuencias de la implementación de las acciones propuestas por GAFI en la materia. Se resaltarán las nuevas técnicas y estrategias que los grupos terroristas, como el Estado Islámico, desarrollan para financiar sus actividades; (ii)Inclusión financiera, la discusión versará  sobre la promoción de las 40 Recomendaciones para prevenir el lavado de dinero y su aplicación en las legislaciones de los gobiernos miembros, focalizándose en las políticas y modelos de debida diligencia de los clientes que permitan el acceso equitativos a los servicios financieros; y (iii) Intercambio de Información, los miembros del GAFI centrarán la discusión en el análisis del borrador del documento guía para fomentar el intercambio de información con el sector privado, priorizando este intercambio entre instituciones financieras que no permanezcan al mismo grupo corporativo, y así detectar más fácil los flujos monetarios que son destinado al terrorismo.

México y Portugal serán los protagonistas a esta cita, ya que se revisarán los resultados de las evaluaciones mutuas realizadas a ambos países, y la efectividad de sus esfuerzos  para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Del mismo modo, se analizaran las acciones realizadas por el gobierno de Austria luego de la detección de las deficiencias identificadas en su evaluación llevada a cabo el año pasado.

El Pleno discutirá las medidas a seguir con para la promoción e innovación responsable de Fintech y Regtech, por su parte los jefes de las UIF de los países miembros del GAFI buscarán las formas de cómo mejorar la eficacia de inteligencia financiera de como coadyuvar en los registros de transacciones sospechosas.

FUENTE:

Grupo de Acción Financiera Internacional: http://www.fatf-gafi.org

Los pasados días 9 y 10 de octubre de 2017, en Berlín, Alemania, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), celebró su segundo Foro en materia de Fintech y Regtech, presidido por Santiago Otamendi, presidente de dicho organismo.  El evento contó con la participación de más 150 representantes de las industrias Fintech y Regtech, así como miembros de instituciones financieras, observadores y miembros asociados.

La reunión del GAFI, tuvo el propósito de impulsar, dentro de la comunidad Fintech y Regtech, una plataforma para generar un dialogo constructivo entre el sector público y privado que contribuya a fortalecer la integridad del sistema financiero internacional. 

Gracias al compromiso asumido por cada uno de los países que integran al GAFI, así como por los miembros asociados y el sector privado, se ha podido impulsar mediante un dialogo constructivo los principales retos y desafíos a los cuales está expuesto el sector Fintech y Regtech. Bajo este sentido el GAFI ha colaborado en pro del desarrollo de la industria y ha buscado impulsar un dialogo útil para la aplicación de medidas con la intención de prevenir el lavado de dinero y el contra financiamiento al terrorismo dentro de las nuevas tecnologías y su relación con la prestación de servicios financieros.

En el evento, organizado por el GAFI, se intercambiaron opiniones respecto a cómo generar un equilibrio entre el desarrollo tecnológico, servicios financieros y necesidades de los usuarios bajo una perspectiva preventiva.  Uno de los ejes fundamentales de la reunión giro entorno al funcionamiento de la identificación digital y la manera en la que las nuevas tecnologías contribuyen a la identificación de transacciones con recursos de procedencia ilícita.

Los asistentes al evento se centraron en el estudio de diferentes tipos de productos, su desarrollo y sus posibles implicaciones en la creación de mecanismos para identificar y verificar los datos proporcionados por los clientes. 

Para finalizar el evento, los participantes discutieron sobre las posibles aplicaciones y desafíos que se han presentado por el uso de la tecnología de contabilidad distribuida. Asimismo se discutieron los desarrollos e iniciativas relacionadas con la utilidad de medidas preventivas como el KYC en el sector Fintech.

Una de las características que le brindo un sello distintivo a este evento es que se escucharon las voces de especialistas tanto del sector privado como del sector público, lo que contribuyó a tener un panorama más amplio sobre cómo FinTech y RegTech, podrían tener un potencial para mejorar el intercambio de información para prevenir el lavado de dinero y el contra financiamiento al terrorismo.

Fuente: https://buff.ly/2zczOby 

CALCULADORA

Del 03 al 17 de noviembre del año pasado, los asesores del Grupo de Acción Financiera (GAFI) asistieron a Irlanda evaluar y realizar el reporte (evaluación mutua) correspondiente que analiza las medidas que ha tomado el país en cumplimiento a las 40 recomendaciones y su nivel de efectividad en la prevención del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo.

Irlanda es un país ubicado en nororiente de Europa, que hace frontera con el Reino Unido; es una democracia parlamentaria presidencial. Su nivel de población pues tiene un poco más 4,6 millones de habitantes repartidos en cuatro provincias que se dividen en 32 condados. Es miembro de la Unión Europea y su moneda oficial es el Euro.

La evaluación mutua es la revisión de las medidas que han implementado por los países para implementar sistemas para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. También se evalúa el debido cumplimiento y aplicación de las 40 recomendaciones emitidas por el GAFI.

Del reporte del GAFI, se podrían mencionar los siguientes datos y recomendaciones:

  • Irlanda ha realizado acciones legislativas sobre la coordinación y la cooperación para la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
  • El gobierno irlandés está consiente de la situación del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en su país, por lo que adopto un enfoque de supervisión basado en el riesgo, por ejemplo: el Banco Central de Irlanda tiene un buen desempeño en la vigilancia de las instituciones financieras para así prevenir las transferencias de dinero al crimen organizado.
  • El gobierno y los servidores públicos tiene un buen entendimiento del tópico, sin embargo; en el sector privado tienen nociones muy básicas. Los asesores del GAFI opinan que con el tiempo y con mayor divulgación expedida por las autoridades competentes el nivel de compresión de mejorará.
  • Irlanda cuenta con un marco legislativo sólido para la persecución de lavado de dinero, pero aún no se ha traducido en resultados pues está en etapa de prueba.
  • Irlanda no ha demostrado plenamente su capacidad para identificar e investigar una amplia gama de actividades relacionados con el lavado de dinero, incluyendo los delitos precedentes.
  • Ha tenido éxito en las declaraciones de culpabilidad en este tipo de delitos, pero no han habido condenas posteriores al juicio.
  • Demostró que coopera internacionalmente con las investigaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, pues el número de solicitudes de apoyo han ido en aumento.
  • Ha logrado identificar grupos de crimen organizado o grupos de exparamilitares con actividades como: tráfico de drogas, tráficos de personas, contrabando de inmigrantes, contrabando de cigarros y gasolina y fraude.
  • El gobierno irlandés explica que el resultado de sus esfuerzos han sido focalizados a las fuentes de los grupos locales de terrorismo; ya que sus métodos han evolucionado del contrabando de cigarros y gasolina o crímenes violentos como el robo, a delitos menos “riesgosos” como el autofinanciamiento y la extorsión.

Se puede apreciar que no sólo es legislar, es necesario implementar todo una estrategia, logísitica y herramientas para prevenir estos delitos. Irlanda cuenta con varios aciertos pero también con varios vacíos.

Entre febrero y marzo de este año, los asesores de GAFI vinieron a nuestro país a realizar el análisis correspondiente. ¿Cómo le irá a México en su evaluación?

Fuentes:
www.europe.eu
www.faft-gafi.org
www.gafilat.org

 

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El terrorismo es un fenómeno contemporáneo que pone en riesgo la vida de miles de personas a nivel global. Los ataques terroristas perpetrados en la última década representan una constante que ha tomado a Europa como centro de su atención. Los atentados al semanario Charlie Hebdo y a la sala de conciertos Bataclan en Francia, así como el ataque al aeropuerto de Bruselas, Bélgica y los distintos atentados en Berlin Alemania y las ramblas en España han sido parte de  sufrido los embates suicidas que han conmovido al mundo entero y cobrado la vida de miles de personas. De acuerdo con el Índice de Terrorismo Global de 2016, en 2015 la cifra de víctimas relacionadas a actos terroristas aumento un 10%.

Después de los atentados perpetrados por miembros de la red yihadista Al Qaeda a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, se generó una estrategia de seguridad global, encabezada por los Estados Unidos, que enmarcó el inicio de una serie de negociaciones para luchar bajo un mismo objetivo y hacer frente a la amenaza terrorista mediante la cooperación estratégica. Muchos han sido los avances desde el 2001, y es de reconocer que si bien la ONU desde hace muchos años mantenía al terrorismo como uno de sus objetivos, es a raíz de esta lamentable fecha cuando los trabajos se intensificaron. Organismos internacionales como la Unión Europea o instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) han colaborado de la mano para crear alternativas a esta problemática.

Nos encontramos en un escenario en donde existe una convergencia del terrorismo sin precedentes. El reciente incremento del terrorismo mundial puede explicarse en función de factores que han influido como: la proliferación de guerras, conflictos religiosos y étnicos, así como el elevado número de Estados fallidos, gobiernos corruptos y la expansión de la tecnología. Estos elementos constituyen retos y que han hecho que la amenaza terrorista se expanda más allá de las fronteras nacionales. Los denominados grupos terroristas como Hezbolá, los talibanes y el Ejército Republicano Irlandés Provisional, son ejemplos que muestran la capacidad de adaptación y resistencia que tienen estas organizaciones delincuenciales.

Uno de los factores que explican la expansión del terrorismo a nivel global es la creciente proliferación y cooperación entre redes criminales y redes terroristas. Por ejemplo si antes los delincuentes sólo se dedicaban a generar ingresos y los terroristas actuaban por motivos políticos, hoy en día estamos viendo una convergencia de ambos mundos. La combinación entre estos dos estratos permite la generación de ingresos económicos sin descuidar la lucha por motivos políticos.

Bajo este escenario el financiamiento al terrorismo se presenta como un fenómeno mundial que no sólo amenaza la seguridad de los países, sino que tiene un elevado impacto en el nivel de desarrollo económico. Recordemos que los terroristas necesitan recursos para poder operar, comprar armas, equipo, suministros o servicios y muchas veces la fuente de los fondos se puede generar de una manera lícita o ilícita. Los grupos terroristas pueden vincularse de forma directa e indirecta con otros grupos delictivos organizados locales y pueden incursionar en redes delincuenciales dedicadas al tráfico de drogas, la extorsión y el secuestro. Tan solo hay que comprender la influencia en todo el mundo de grupos terroristas como por ejemplo Al Qaeda y Daesh para comprender las consecuencias de esta nueva amenaza.

Las células terroristas ejercen varios métodos para limpiar su dinero, estas van desde actividades ilegales como los fraudes organizados hasta fuentes de financiamiento legítimas, que incluyen a fundaciones de caridad o negocios aparentemente legítimos. Detectar y reportar indicios de financiamiento del terrorismo es una de las formas más efectivas de combatir el financiamiento del terrorismo y detener el flujo de fondos. A continuación se presentan algunos de los métodos más utilizados, así como algunos métodos no convencionales que utilizan los grupos terroristas para poder financiarse:

  • Transeferencias de Dinero
  • Correos electrónicos
  • Sistemas informales de transferencia electrónica
  • Empresas de Servicios de Dinero
  • Bancos
  • Facturación falsa
  • Mercancías de alto valor
  • Otros métodos como el uso de tarjetas de valor almacenado, monedas digitales

La lucha contra la financiación del terrorismo es un esfuerzo multilateral, para la cual es necesario desarrollar un cuadro integral con todas las informaciones de los servicios de inteligencia a nivel global. Por ejemplo se tiene registro de que Daesh todavía es capaz de circular dinero por el sistema bancario a través del contrabando de petróleo y de antigüedades. De acuerdo a un informe elaborado por el Grupo de Acción Financiera Internacional en 2015, el Estado Islámico sigue operando mediante 20 instituciones financieras con operaciones en Siria.

Frente a este desafío la Asamblea General el 15 de junio de 2017,  estableció la Oficina de las Naciones Unidas de Lucha contra el Terrorismo mediante la adopción de la resolución 71/291. Por su parte en 2016 el G20 insto al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a redoblar su trabajo en la identificación de lagunas que permitan el financiamiento de grupos terroristas. Los países que integran este grupo se comprometieron a intercambiar información para crear mejores prácticas y detener este problema. A estos avances se suma la creación de  la Cumbre CTF 2017 en Malasia y el trabajo realizado por Grupo Wolsfberg, Egmont, así como por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea.

  Fuente:  

  1. Consultado en “Como el terrorismo mueve sus recursos en el sistema financiero global” https://www.osenlaw.com/content/how-terrorists-move-funds-through-global-financial-system Ultima fecha de consulta 01 de septiembre de 2017.
  2. Consultado en “Indice de Terrorismo Global 2016” https://www.esglobal.org/indice-terrorismo-global-2016/ Ultima fecha de consulta 01 de septiembre de 2017.
  3. Consultado en “Convergencia entre terrorismo y delincuencia organizada” https://www.esglobal.org/terrorismo-delincuencia-la-convergencia-mundos/ Ultima fecha de consulta 01 de septiembre de 2017. 

manos-unidas

Las organizaciones sin fines de lucro son organizaciones que no tienen como objetivo el lucro económico; esto es que, a diferencia de las empresas, las utilidades que generan no son repartidas entre sus socios, sino que se destinan a su objeto social.

En consecuencia, los ingresos que obtienen y que solo estén constituidos por cuotas sociales que aportan sus asociados, para el financiamiento de las actividades sociales que realiza, no constituyen renta para los efectos tributarios, como asimismo, todo otro ingreso que una ley determinada tipifique como no constitutivo de renta tributable.

Dentro de este grupo de contribuyentes se pueden considera:

  • Fundaciones
  • Corporaciones
  • Asociaciones gremiales
  • Sindicatos
  • Juntas de vecinos y organizaciones comunitarias
  • Cooperativas

Entre los Códigos de Actividad que definen a este tipo de contribuyente están:

  • Código 919930: Servicios de Institutos de Estudios Funciones, Fundaciones, Corporaciones de Desarrollo (Educación Salud) 
  • Código 919990:  Actividades de otras Asociaciones N.C.P

Las asociaciones resultan sustancial, por tal motivo en su recomendación #8 titulada Organizaciones sin fines de lucro, el GAFI menciona;

A. INTRODUCCIÓN

1. Las Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL) juegan un papel vital en la economía mundial y en muchas economías y sistemas sociales nacionales. Sus esfuerzos complementan la actividad del sector gubernamental y empresarial en la prestación de servicios esenciales, apoyo y esperanza a los necesitados de todo el mundo. Sin embargo, la campaña internacional en curso contra el financiamiento del terrorismo infortunadamente ha demostrado que los terroristas y las organizaciones terroristas explotan al sector de las OSFL para recaudar y trasladar fondos, prestar apoyo logístico, instar al reclutamiento de terroristas o de algún otro modo respaldar a las organizaciones y operaciones terroristas. Este uso indebido no sólo facilita la actividad terrorista, sino que también quebranta la confianza de los donantes y pone en peligro la integridad misma de las OSFL. Por lo tanto, la protección del sector de las OSFL frente al uso indebido de los terroristas es un componente esencial de la lucha global contra el terrorismo y un paso necesario para preservar la integridad de las OSFL.

2. Las OSFL pueden ser vulnerables al uso indebido por parte de los terroristas por una serie de razones. Las OSFL disfrutan de la confianza del público, tienen acceso a considerables fuentes de fondos y con frecuencia manejan mucho efectivo. Además, algunas OSFL tienen una presencia global que ofrece un marco para operaciones nacionales e internacionales y transacciones financieras, muchas veces dentro o cerca de las áreas que están más expuestas a la actividad terrorista. Dependiendo de la forma jurídica de la OSFL y del país, las OSFL pueden con frecuencia estar sujetas a muy poca o ninguna supervisión gubernamental (por ejemplo, inscripción, mantenimiento de registros, reporte y monitoreo), o puede que se requieran muy pocas formalidades para su creación (por ejemplo, quizás no se exijan capacidades o un capital inicial, no se hagan comprobaciones de antecedentes necesarias para los empleados). Las organizaciones terroristas han aprovechado estas características de las OSFL para infiltrarse en el sector y utilizar indebidamente los fondos y las operaciones de las OSFL para cubrir o apoyar la actividad terrorista.

B. OBJETIVOS Y PRINCIPIOS GENERALES

3. El objetivo de la Recomendación 8 es asegurar que las OSFL no sean utilizadas indebidamente por las organizaciones terroristas: (i) para presentarse como entidades legítimas; (ii) para explotar entidades legítimas como conductos para el financiamiento del terrorismo, incluyendo con el propósito de escapar a medidas de congelamiento de activos; o (iii) para esconder u oscurecer el desvío clandestino de fondos destinados a propósitos legítimos y desviarlos hacia propósitos terroristas. En esta Nota Interpretativa, el enfoque adoptado para alcanzar este objetivo se basa en los siguientes principios generales:

(a) El uso indebido en el pasado y en la actualidad del sector de las OSFL por terroristas y organizaciones terroristas exige que los países adopten medidas para: (i) proteger el sector contra tal uso indebido, e (ii) identificar y tomar una acción eficaz contra esas OSFL que son explotadas o activamente apoyadas por terroristas u organizaciones terroristas.

(b) Las medidas adoptadas por los países para proteger al sector de OSFL frente al uso indebido de los terroristas no debe interrumpir o desalentar las actividades caritativas legítimas. Más bien estas medidas deben promover la transparencia y fomentar una mayor confianza en el sector, tanto en toda la comunidad donante como entre el público en general, en cuanto a que los fondos y servicios de beneficencia lleguen a los beneficiarios legítimos que se pretende. Los sistemas que promueven un elevado grado de transparencia, integridad y confianza del público en el manejo y funcionamiento de todas las OSFL son parte integral del empeño para asegurar que el sector no pueda ser utilizado indebidamente para el financiamiento del terrorismo.

(c) Las medidas adoptadas por los países para identificar y tomar una acción eficaz contra las OSFL que son explotadas o apoyadas activamente por terroristas u organizaciones terroristas, deben estar dirigidas a prevenir y procesar, como corresponda, el financiamiento del terrorismo y otras formas de apoyo terrorista. Cuando se sospeche financiamiento del terrorismo en una OSFL o se identifique que ésta está implicada en el financiamiento del terrorismo u otras formas de apoyo terrorista, la primera prioridad de los países tiene que ser investigar y detener este financiamiento o apoyo terrorista. Las acciones emprendidas para este fin deben, al grado razonablemente posible, evitar impactos negativos en los beneficiarios inocentes y legítimos de la actividad de beneficencia. No obstante, este interés no puede eludir la necesidad de tomar acciones inmediatas y eficaces para llevar adelante el interés inmediato de detener el financiamiento del terrorismo u otras formas de apoyo terrorista prestado por las OSFL.

(d) El desarrollo de relaciones cooperativas entre el sector público, privado y de OSFL es esencial para elevar la conciencia y fomentar capacidades dirigidas a enfrentar el uso indebido terrorista dentro del sector. Los países deben instar al desarrollo de la investigación académica sobre el sector de OSFL, y al intercambio de información, para abordar los temas alrededor del financiamiento del terrorismo.

(e) Un enfoque específico para hacer frente a la amenaza terrorista en el sector de las OSFL es esencial dada la diversidad dentro de los sectores individuales nacionales, los distintos grados en que las varias partes de cada sector pueden ser vulnerables al uso indebido por los terroristas, la necesidad de asegurar que la actividad caritativa legítima siga prosperando y los limitados recursos y autoridades disponibles para combatir el financiamiento del terrorismo en cada país.

(f) La flexibilidad en el desarrollo de una respuesta a escala nacional frente al financiamiento del terrorismo en el sector de las OSFL es esencial también para posibilitar que este evolucione con el paso del tiempo en la medida en que enfrenta el carácter cambiante de la amenaza del financiamiento del terrorismo.

C. MEDIDAS

4. Los países deben emprender revisiones internas de su sector de OSFL o contar con la capacidad para obtener información oportuna sobre sus actividades, dimensión y otros rasgos relevantes. Al realizar estas evaluaciones, los países deben utilizar todas las fuentes de información disponibles para poder identificar características y tipos de OSFL que, por sus actividades o peculiaridades, corren el riesgo de ser utilizadas indebidamente para el financiamiento del terrorismo. Los países también deben reevaluar periódicamente el sector haciendo revisiones de la nueva información sobre las vulnerabilidades potenciales del sector ante las actividades terroristas.

5. Existe una amplia gama de enfoques en la identificación, prevención y enfrentamiento al uso indebido de las OSFL por el terrorismo. No obstante, un enfoque eficaz es aquel que comprende los cuatro elementos siguientes: (a) acercamiento al sector, (b) supervisión o monitoreo, (c) investigación eficaz y recopilación de información, y (d) mecanismos eficaces para la cooperación internacional. Las siguientes medidas representan acciones específicas que los países deben tomar con respecto a cada uno de estos elementos, a fin de proteger sus respectivos sectores de OSFL frente al financiamiento del terrorismo.

(a) Acercamiento al sector de OSFL en cuanto a los temas sobre el financiamiento del terrorismo

(i) Los países deben contar con políticas claras para promover la transparencia, la integridad y la confianza del público en la administración y manejo de todas las OSFL.

(ii) Los países deben estimular o emprender programas de acercamiento para profundizar la conciencia en el sector de OSFL acerca de las vulnerabilidades de las OSFL ante el uso indebido terrorista y los riesgos de financiamiento del terrorismo, así como sobre las medidas que las OSFL pueden tomar para protegerse ante tal uso indebido.

(iii) Los países deben trabajar con el sector de OSFL para desarrollar y perfeccionar las mejores prácticas dirigidas a abordar los riesgos y vulnerabilidades en el financiamiento del terrorismo y proteger así el sector frente al abuso terrorista.

(iv) Los países deben exhortar a las OSFL a que realicen las transacciones a través de canales financieros regulados, siempre que sea factible, manteniendo presente las distintas capacidades de los sectores financieros en los diferentes países y en distintas áreas de preocupación urgente caritativa y humanitaria.

(b) Supervisión o monitoreo del sector de OSFL

Los países deben dar pasos para promover la supervisión o el monitoreo eficaz de sus respectivos sectores de OSFL. En la práctica, los países deben ser capaces de demostrar que los siguientes estándares se aplican a las OSFL, las cuales representan: (1) una parte significativa de los recursos financieros bajo el control del sector; y (2) una porción sustancial de las actividades internacionales del sector.

(i) Las OSFL deben mantener información sobre:

(1) el propósito y los objetivos de sus actividades declaradas; y

(2) la identidad de la(s) persona(s) que posee(n), controla(n) o dirige(n) sus actividades, incluyendo los funcionarios de alto nivel, los miembros de la junta y los fiduciarios. Esta información debe estar disponible públicamente, ya sea de forma directa desde la OSFL o a través de las autoridades correspondientes.

(ii) Las OSFL deben emitir estados financieros anuales que ofrezcan desgloses detallados de los ingresos y egresos.

(iii) Las OSFL deben ser autorizadas o estar registradas. Esta información debe estar al alcance de las autoridades competentes.

(iv) Las OSFL deben contar con controles apropiados establecidos para asegurar que todos los fondos sean contabilizados completamente y que se empleen de una forma que se corresponda con el propósito y los objetivos de las actividades declaradas por la OSFL.

(v) Las OSFL deben seguir la norma de “conozca a sus beneficiarios y OSFL asociadas”, lo que significa que la OSFL debe hacer sus mejores esfuerzos para confirmar la identidad, las credenciales y la buena reputación de sus beneficiarios y OSFL asociadas. Las OSFL deben también hacer sus mejores esfuerzos para documentar la identidad de sus donantes más importantes y respetar la confidencialidad del donante.

(vi) Las OSFL deben conservar, por un periodo de al menos cinco años, los registros de las transacciones internas e internacionales, que sean lo suficientemente detallados para verificar que los fondos se han gastado de una forma que se corresponde con el propósito y los objetivos de la organización, y deben poner tales registros a la disposición de las autoridades competentes con la autorización apropiada. Esto se aplica también a la información que se menciona en los párrafos (i) y (ii) anteriores.

(vii) Las autoridades correspondientes deben monitorear el cumplimiento por parte de las OSFL con los requisitos de esta Recomendación. Las autoridades correspondientes deben ser capaces de aplicar sanciones eficaces, proporcionales y disuasivas por violaciones de las OSFL o personas que actúan en nombre de estas OSFL.

(c) Recopilación de información e investigación eficaz

(i) Los países deben asegurar una cooperación, coordinación e intercambio de información eficaz en la medida que sea posible entre todos los niveles de autoridades y organizaciones apropiadas que tienen en su poder información relevante sobre las OSFL.

(ii) Los países deben contar con conocimiento y capacidad en materia investigativa para examinar las OSFL sobre las que se sospeche que están siendo explotadas por, o apoyan activamente, actividades terroristas u organizaciones terroristas.

(iii) Los países deben asegurar que en el curso de una investigación se logre pleno acceso a la información sobre la administración y el manejo de una OSFL en particular (incluyendo información financiera y programática).

(iv) Los países deben establecer mecanismos apropiados para asegurar que, cuando exista una sospecha o motivos razonables para sospechar que una OSFL en particular: (1) es una pantalla para la recaudación de fondos por una organización terrorista; (2) está siendo explotada como un conducto para el financiamiento del terrorismo, incluyendo con el propósito de escapar a medidas de congelamiento de fondos; o (3) está escondiendo u oscureciendo el desvío clandestino de fondos destinados a propósitos legítimos para beneficio de terroristas u organizaciones terroristas, esta información se comparta con prontitud con las autoridades competentes relevantes, para tomar una acción preventiva o investigativa.

(d) Capacidad eficaz para responder a peticiones internacionales de información sobre una OSFL que genera preocupación.

A tono con las Recomendaciones sobre la cooperación internacional, los países deben identificar puntos apropiados de contacto para responder a solicitudes internacionales de información acerca de determinadas OSFL sobre las que existen sospechas de financiamiento del terrorismo u otras formas de apoyo terrorista.

D. RECURSOS PARA LA SUPERVISIÓN, EL MONITOREO Y LA INVESTIGACIÓN

6. Los países deben suministrar a las autoridades apropiadas responsables de la supervisión, el monitoreo y la investigación de sus OSFL, los recursos financieros, humanos y técnicos adecuados.

Glosario de términos específicos utilizados en esta Recomendación

Autoridades apropiadas se refiere a las autoridades competentes, incluyendo instituciones de acreditación y organizaciones de autorregulación paralelos civiles, administrativos o penales con respecto a las OSFL o personas que actúan en su nombre, cuando corresponda.

Beneficiarios se refiere a las personas naturales o grupos de personas naturales que reciben asistencia benéfica, humanitaria u otros tipos de asistencia a través de los servicios de la OSFL.

OSFL Asociadas incluye sucursales extranjeras de OSFL internacionales.

Organización sin fines de lucro u OSF se refiere a la persona jurídica u otra estructura u organización jurídica involucrada fundamentalmente en la recaudación o desembolso de fondos para cumplir con propósitos benéficos, religiosos, culturales, educacionales, sociales o fraternales, o para llevar a cabo otros tipos de “buenas obras”.

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Las armas de destrucción masiva son armas diseñadas para matar a un gran cantidad de personas, dirigidas tanto a civiles como a militares. Estas armas no se utilizan generalmente en un objetivo muy específico, sino más bien sobre un área extendida más allá del radio de una milla, con efectos devastadores en las personas, infraestructura y medio ambiente.

Actualmente está prohibida la proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento, por lo que el GAFI en su Recomendación #7 titulada ‘Sanciones financieras dirigidas relacionadas a la proliferación ‘ menciona;

Los países deben implementar sanciones financieras dirigidas para cumplir con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativas a la prevención, represión e interrupción de la proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento. Estas Resoluciones exigen a los países que congelen sin demora los fondos u otros activos de, y que aseguren que ningún fondo u otro activo se ponga a disposición, directa o indirectamente, de o para el beneficio de, alguna persona o entidad designada por o bajo la autoridad de, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dentro del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. 

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Las sanciones internacionales son un instrumento de naturaleza económica/diplomática, que tiene por objeto modificar políticas o actividades de otros países, que suponen violación del derecho internacional o de los derechos humanos. El GAFI en su recomendación #6: ‘Sanciones financieras dirigidas al terrorismo y al financiamiento del terrorismo’ insta a lo siguiente;

 

A. OBJETIVO

1. La Recomendación #6 exige a los países que implementen sanciones financieras dirigidas para cumplir con las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que demandan a los países que congelen, sin demora, los fondos u otros activos, y que aseguren que ningún fondo u otro activo se ponga a disposición de o sea para el beneficio de:

(i) alguna persona o entidad designada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (el Consejo de Seguridad) dentro del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, como exige la Resolución 1267 del Consejo de Seguridad (1999) y sus resoluciones sucesoras; o

(ii) alguna persona o entidad designada por ese país en virtud de la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad (2001).

2. Debe ser enfatizado que ninguna de las obligaciones dentro de la Recomendación #6 persigue sustituir otras medidas u obligaciones que pudieran estar ya establecidas para manejar fondos u otros activos en el contexto de una investigación o proceso penal, civil o administrativo, como lo requiere la Recomendación #4 (decomiso y medidas provisionales). Las medidas dentro de la Recomendación #6 pueden complementar procesos penales contra una persona o entidad designada, y pueden ser adoptadas por una autoridad competente o un tribunal, pero no dependen de la existencia de dichos procesos. En su lugar, el énfasis de la Recomendación #6 está en las medidas preventivas que son necesarias y únicas en el contexto de detener el flujo de fondos u otros activos hacia grupos terroristas; y el uso de fondos u otros activos por grupos terroristas. Al determinar los límites de un régimen eficaz contra el financiamiento del terrorismo, o fomentar un amplio apoyo al mismo, los países tienen también que respetar los derechos humanos, respetar los principios de derecho y reconocer los derechos de terceros inocentes.

B. IDENTIFICACIÓN Y DESIGNACIÓN DE PERSONAS Y ENTIDADES QUE FINANCIAN O APOYAN ACTIVIDADES TERRORISTAS

3. Para la Resolución 1267 (1999) y sus resoluciones sucesoras, las designaciones relativas a Al- Qaida las hace el Comité 1267, y las designaciones sobre el Talibán y amenazas relacionadas a Afganistán las hace el Comité 1988, actuando ambos Comités bajo la autoridad del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. Para la Resolución 1373 (2001), las designaciones las hace, a nivel nacional o supranacional, un país o países que actúan por iniciativa propia o a petición de otro país, si el país que recibe la solicitud está convencido, según los principios legales aplicables, de que una designación solicitada está fundamentada por motivos razonables o sobre una base razonable para sospechar o creer que el designado propuesto satisface los criterios para la designación en la Resolución 1373 (2001), como se plasma en la Sección E.

4. Los países deben contar con la autoridad, así como con procedimientos o mecanismos eficaces, para identificar e iniciar propuestas de designaciones de personas y entidades a las que se dirigen la Resolución 1267 (1999) y sus resoluciones sucesoras, de acuerdo con las obligaciones plasmadas en esas resoluciones del Consejo de Seguridad5. Esta autoridad y procedimientos o mecanismos son esenciales para proponer personas y entidades al Consejo de Seguridad en cuanto a la designación de conformidad con los programas de la lista del Consejo de Seguridad, en virtud de esas resoluciones del Consejo de Seguridad. Los países deben también contar con autoridad y procedimientos o mecanismos eficaces para identificar e iniciar designaciones de personas y entidades en virtud de la S/RES/1373 (2001), de conformidad con las obligaciones plasmadas en esa resolución del Consejo de Seguridad. Esta autoridad y procedimientos o mecanismos son esenciales para identificar a personas y entidades que satisfacen los criterios identificados en la Resolución 1373 (2001), descrito en la Sección E. El régimen de un país para implementar la Resolución 1267 (1999) y sus resoluciones sucesoras, y la Resolución 1373 (2001), debe incluir los siguientes elementos necesarios:

(a) Los países deben identificar a una autoridad competente o a un tribunal como responsable de:

(i) proponer al Comité 1267, la designación, como corresponda, de personas o entidades que satisfagan los criterios específicos para la designación, como se plasman en la Resolución 1989 (2011) del Consejo de Seguridad (sobre Al- Qaida) y resoluciones relacionadas, si esa autoridad decide hacerlo y cree que posee suficiente evidencia para apoyar los criterios de designación;

(ii) proponer al Comité 1988, la designación, como corresponda, de personas o entidades que satisfagan los criterios específicos para la designación, como se plasman en la Resolución 1988 (2011) (sobre el Talibán y los asociados al Talibán en la constitución de una amenaza a la paz, la estabilidad y la seguridad de Afganistán) y resoluciones relacionadas, si esa autoridad decide hacerlo y cree que posee suficiente evidencia para apoyar los criterios de designación; y

(iii) designar personas o entidades que satisfacen los criterios específicos para la designación, como se plasma en la Resolución 1373 (2001), tal y como se plantee por iniciativa propia del país o luego de examinar y poner en vigor, si corresponde, la solicitud de otro país, si el país que recibe la petición está convencido, según los principios legales aplicables, de que una designación solicitada está fundamentada por motivos razonables o una base razonable para sospechar o creer que el designado que se propone satisface los criterios para la designación en la Resolución 1373 (2001), como se plasma en la Sección E.

(b) Los países deben contar con un mecanismo(s) para identificar los objetivos de la designación, basado en los criterios de designación plasmados en la Resolución 1988 (2011) y la Resolución 1989 (2011) y resoluciones relacionadas, y la Rresolución 1373 (2001) (véase Sección E sobre los criterios específicos de designación de las resoluciones correspondientes del Consejo de Seguridad). Ello incluye contar con autoridad y procedimientos o mecanismos eficaces para examinar y poner en vigor, si corresponde, las acciones iniciadas dentro de los mecanismos de congelamiento de otros países en virtud de la Resolución 1373 (2001). Para asegurar el desarrollo de una cooperación eficaz entre los países, éstos deben garantizar que, al recibir una solicitud, determinen con prontitud si están convencidos o no, según los principios aplicables nacionales (supra-), de que la petición está fundamentada por motivos razonables o sobre una base razonable para sospechar o creer que el designado propuesto satisface los criterios para la designación de la Resolución 1373 (2011), como se plasma en la Sección E.

(c) La(s) autoridad(es) competente(s) debe(n) contar con autorizaciones legales apropiadas, así como con procedimientos o mecanismos, para recopilar o solicitar la mayor cantidad de información posible de todas las fuentes pertinentes para identificar a personas y entidades que, sobre la base de motivos razonables o una base razonable para sospechar o creer, satisfacen los criterios para la designación en las resoluciones relevantes del Consejo de Seguridad.

(d) Al decidir si hacer o no una designación (propuesta de designación), los países deben aplicar una norma probatoria de “motivos razonables” o “base razonable”. Para las designaciones dentro de la Resolución 1373 (2001), la autoridad competente de cada país aplicará la norma legal de su propio sistema jurídico sobre el tipo y cantidad de evidencia para determinar que existen “motivos razonables” o una “base razonable” para decidir la designación de una persona o entidad, e iniciar entonces una acción dentro del mecanismo de congelamiento. Ello es así independientemente de si la designación propuesta se presenta por iniciativa propia del país dado o a petición de otro país. Estas designaciones (propuestas de designaciones) no deben depender de la existencia de un proceso penal.

(e) Al proponer nombres al Comité 1267 para que sean incluidos en la Lista de Sanciones a Al-Qaida, en virtud de la Resolución 1267 (1999) y sus resoluciones sucesivas, los países deben:

(i) seguir los procedimientos y formularios estándar para listar, aprobados por el Comité 1267;

(ii) suministrar la mayor cantidad de información relevante que sea posible sobre el nombre propuesto, en particular, suficiente información de identificación para posibilitar la identificación precisa y positiva de individuos, grupos, empresas y entidades, y en la medida en que sea posible, la información que requiere Interpol para emitir una Noticia Especial;

(iii) hacer una declaración del caso que contenga tantos detalles como sea posible para la lista incluyendo: información específica que fundamente la determinación de que una persona o entidad satisface los criterios relevantes para la designación (véase Sección E sobre los criterios específicos de designación de las Resoluciones del Consejo de Seguridad pertienentes); la naturaleza de la información; información o documentos de fundamentación que se puedan suministrar; y detalles de alguna conexión entre el designado propuesto y alguna persona o entidad designada actualmente. Esta declaración del caso debe publicarse cuando se solicite, excepto las partes que un Estado Miembro identifique como confidenciales al Comité 1267; y

(iv) especificar si su estatus como Estado que hace la designación se puede dar a conocer o no.

(f) Al proponer nombres al Comité 1988 para su inclusión en la Lista de Sanciones del Talibán, en virtud de la Resolución 1988 (2011) y sus resoluciones sucesoras, los países deben:

(i) seguir los procedimientos para listar , aprobados por el Comité 1988;

(ii) suministrar la mayor cantidad de información relevante que sea posible sobre el nombre propuesto, en particular, suficiente información de identificación para posibilitar la identificación precisa y positiva de individuos, grupos, empresas y entidades, y en la medida en que sea posible, la información que requiere Interpol para emitir una Noticia Especial; y

(iii) hacer una declaración del caso que contenga tantos detalles como sea posible para listar, incluyendo: información específica que fundamente la determinación de que una persona o entidad satisface los criterios relevantes para la designación (véase Sección E sobre los criterios específicos de designación de las Resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad); la naturaleza de la información; información o documentos de soporte que se pueden suministrar; y detalles de alguna conexión entre el designado propuesto y alguna persona o entidad designada actualmente. Esta declaración del caso debe publicarse cuando se solicite, excepto las partes que un Estado Miembro identifique como confidenciales al Comité 1988.

(g) Cuando se solicita a otro país que ejecute las acciones iniciadas dentro de los mecanismos de congelamiento implementados en virtud de la Resolución 1373 (2001), el país solicitante debe suministrar la mayor cantidad de detalles que sea posible sobre: el nombre propuesto, en particular, suficiente información de identificación para posibilitar la identificación precisa y positiva de personas y entidades, e información específica que fundamente la determinación de que la persona o entidad satisface los criterios relevantes para la designación (véase Sección E sobre los criterios específicos de designación de las resoluciones del Consejo de Seguridad pertinentes).

(h) Los países deben contar con procedimientos para poder operar ex parte contra una persona o entidad que ha sido identificada y cuya designación (propuesta de designación) se está considerando.

C. CONGELAMIENTO Y PROHIBICIÓN DE MANEJO DE FONDOS U OTROS ACTIVOS DE PERSONAS Y ENTIDADES DESIGNADAS

5. Los países tienen la obligación de implementar sanciones financieras dirigidas, sin demora, contra personas y entidades designadas por el Comité 1267 y el Comité 1988 (en el caso de la Resolución 1267 (1999) y sus resoluciones sucesoras), cuando estos Comités están actuando bajo la autoridad del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. En el caso de la Resolución 1373 (2001), la obligación de los países de tomar una acción de congelamiento y prohibir el manejo de fondos u otros activos de personas y entidades designadas, sin demora, se activa por una designación a nivel nacional, planteada ya sea por iniciativa propia del país o por petición de otro país, si el país que recibe la solicitud está convencido, según los principios legales aplicables, de que la designación solicitada está fundamentada por motivos razonables o una base razonable para sospechar o creer que el designado propuesto satisface los criterios para la designación contenidos en la Resolución 1373 (2001), como aparece en la Sección E.

6. Los países deben establecer la autoridad legal necesaria e identificar autoridades competentes internas responsables de la implementación y cumplimiento de sanciones financieras dirigidas, de conformidad con los siguientes estándares y procedimientos:

(a) Los países deben exigir a todas las personas naturales y jurídicas dentro del país, que congelen, sin demora y sin previa notificación, los fondos u otros activos de personas y entidades designadas. Esta obligación debe extenderse a: todos los fondos u otros activos que son propiedad o están controlados por la persona o entidad designada, y no sólo aquellos que se pueden enlazar a un acto terrorista particular, complot o amenaza; los fondos u otros activos que son propiedad o están controlados, en su totalidad o conjuntamente, directa o indirectamente, por personas o entidades designadas; y los fondos u otros activos derivados o generados a partir de fondos u otros activos que pertenecen o están controlados, directa o indirectamente, por personas o entidades designadas, así como los fondos u otros activos de personas y entidades que actúan en nombre de, o bajo la dirección de, personas o entidades designadas.

(b) Los países deben prohibir a sus nacionales o personas y entidades dentro de sus respectivas jurisdicciones, el suministro de fondos u otros activos, recursos económicos o servicios financieros u otros servicios relacionados, directa o indirectamente, en su totalidad o conjuntamente, para beneficio de personas y entidades designadas; entidades que pertenezcan o estén controladas, directa o indirectamente, por personas o entidades designadas; y personas y entidades que actúan en nombre de, o bajo la dirección de, personas o entidades designadas, a menos que se tenga licencia, esté autorizado o de algún otro modo esté notificado de conformidad con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad (véase Sección E más abajo).

(c) Los países deben contar con mecanismos para comunicar las designaciones al sector financiero y a las APNFD, inmediatamente al tomar dicha acción, y ofrecer una guía clara, particularmente a las instituciones financieras y otras personas o entidades, incluyendo las APNFD, que pudieran estar en poder de fondos u otros activos que son blanco, sobre sus obligaciones en la toma de acción dentro de los mecanismos de congelamiento.

(d) Los países deben exigir a las instituciones financieras y a las APNFD que reporten a las autoridades competentes los activos congelados o las acciones tomadas en cumplimiento de los requisitos de prohibición de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, incluyendo las transacciones intentadas, y asegurar que dicha información sea utilizada eficazmente por las autoridades competentes.

(e) Los países deben adoptar medidas eficaces que protejan los derechos de terceros de buena fe que actúan de buena fe al implementar las obligaciones dentro de la Recomendación 6.

D. EXCLUSIÓN DE LA LISTA, DESCONGELAR Y FACILITAR ACCESO A FONDOS U OTROS ACTIVOS CONGELADOS

7. Los países deben desarrollar e implementar procedimientos que se conozcan públicamente para presentar solicitudes, a fin de ser removido de las listas, al Consejo de Seguridad en el caso de personas y entidades designadas en virtud de la Resolución 1267(1999) y sus resoluciones sucesoras, que, en opinión del país, no satisfacen o ya no satisfacen los criterios de la designación. En el caso de que el Comité 1267 o el Comité 1988 haya removido de una lista a una persona o entidad, la obligación de congelamiento deja de existir. En el caso de las solicitudes de remoción relacionadas a Al-Qaida, estos procedimientos y criterios deben estar de conformidad con los procedimientos aprobados por el Comité 1267 dentro de las Resoluciones 1730 (2006), 1735 (2006), 1822 (2008), 1904 (2009), 1989 (2011) del Consejo de Seguridad y las resoluciones sucesoras. En el caso de las solicitudes de remoción relacionadas con el Talibán y amenazas relacionadas a la paz, la seguridad y la estabilidad de Afganistán, estos procedimientos y criterios deben estar de conformidad con los procedimientos adoptados por el Comité 1988 dentro de las Resoluciones 1730 (2006), 1735 (2006), 1822 (2008), 1904 (2009), 1988 (2011) del Consejo de Seguridad y las resoluciones sucesoras.

8. Para las personas y entidades designadas en virtud de la Resolución 1373 (2001), los países deben contar con autoridades legales apropiadas, así como con procedimientos o mecanismos para deslistar y descongelar los fondos u otros activos de personas y entidades que ya no satisfacen los criterios para la designación. Los países deben tener asimismo procedimientos establecidos para posibilitar, cuando se solicite, la revisión de la decisión de designación ante un tribunal u otra autoridad competente independiente.

9. Para las personas o entidades con el mismo nombre o un nombre similar al de las personas o entidades designadas, que se ven afectadas por error por un mecanismo de congelamiento (es decir, un falso positivo), los países deben desarrollar e implementar procedimientos que se conozcan públicamente para descongelar los fondos u otros activos de dichas personas o entidades a tiempo, a partir de la verificación de que la persona o entidad involucrada no es una persona o entidad designada.

10. Cuando los países hayan determinado que fondos u otros activos de personas y entidades designadas por el Consejo de Seguridad o uno de sus comités de sanciones relevantes, son necesarios para cubrir gastos básicos, para pagar ciertos tipos de honorarios, costos y cargos por servicio o para gastos extraordinarios, los países deben autorizar el acceso a dichos fondos u otros activos de conformidad con los procedimientos plasmados en la Resolución 1452 (2002) del Consejo de Seguridad y resoluciones sucesoras. Por estos mismos motivos, los países deben autorizar el acceso a fondos u otros activos, si las medidas de congelamiento se aplican a personas y entidades designadas por un órgano nacional (supra-) en virtud de la Resolución 1373 (2001) y como se plasma en la Resolución 1963 (2010).

11. Los países deben ofrecer un mecanismo mediante el cual la persona o entidad designada pueda objetar su designación, con la finalidad de que ésta sea revisada por una autoridad competente o un tribunal. Con respecto a las designaciones sobre la Lista de Sanciones a Al- Qaida, los países deben informar a las personas y entidades designadas sobre la disponibilidad de la Oficina de las Naciones Unidas de Defensa del Pueblo, en virtud de la Resolución 1904 (2009), para aceptar las peticiones de remoción.

12. Los países deben contar con mecanismos para comunicar la remoción de los listados y descongelamientos al sector financiero y a las APNFD inmediatamente al tomar dicha acción, y ofrecer una guía adecuada, particularmente a las instituciones financieras y otras personas o entidades, incluyendo las APNFD, que pudieran estar en poder de fondos u otros activos que son objetivo, sobre sus obligaciones de respetar la remoción de las listas o la acción de descongelamiento.

E. CRITERIOS DE DESIGNACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS

13. Los criterios de designación, como se especifican en las resoluciones relevantes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, son:

(a) Resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) del Consejo de Seguridad y sus Resoluciones sucesoras 8:

(i) toda persona o entidad que participe en el financiamiento, planificación, facilitación, preparación o perpetración de actos o actividades por, junto con, bajo el nombre de, en nombre de, o en apoyo a; suministrando, vendiendo o transfiriendo armas y material relacionado a éstas; reclutando para; o de alguna otra forma apoyando actos o actividades de Al-Qaida, o alguna célula, grupo afiliado, disidente o derivado de este; o

(ii) toda empresa que pertenezca o esté controlada, directa o indirectamente, por una persona o entidad designada dentro del inciso 13(a)(i), o por personas que actúan en su nombre o bajo su dirección.

(b) Resoluciones 1267 (1999), 1988 (2011) del Consejo de Seguridad y sus Resoluciones sucesoras:

(i) toda persona o entidad que participe en el financiamiento, planificación, facilitación, preparación o perpetración de actos o actividades por, junto con, bajo el nombre de, en nombre de, o en apoyo a; suministrando, vendiendo o transfiriendo armas y material relacionado a éstas; reclutando para; o de alguna otra forma apoyando actos o actividades de los designados y otros individuos, grupos, empresas y entidades asociadas a el Talibán en la constitución de una amenaza a la paz, la estabilidad y la seguridad de Afganistán; o

(ii) toda empresa que pertenezca o esté controlada, directa o indirectamente, por una persona o entidad designada dentro del inciso 13(b)(i) de este literal, o por personas que actúan en su nombre o bajo su dirección.

(c) Resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad:

(i) toda persona o entidad que comete o intenta cometer actos terroristas, o que participa en, o facilita la comisión de, actos terroristas;

(ii) toda entidad que pertenezca o esté controlada, directa o indirectamente, por alguna persona o entidad designada dentro del inciso 13(c) (i) de este literal; o

(iii) toda persona o entidad que actúe en nombre de, o bajo la dirección de, alguna persona o entidad designada dentro del inciso 13(c) (i) de este literal.