El día de hoy, en un comunicado oficial por parte de Transparency International («TI«), una organización sin fines de lucro dedicada a combatir a la corrupción a nivel internacional, emitió su reporte anual 2018 sobre el ‘Índice de Percepción de la Corrupción’ («CPI«).

En éstos resultados se puede ver que numerosos países de la región de Latinoamérica descendieron su ranking para este año, siendo México uno de los que encabeza la lista, obteniendo así un CPI de 28/100, y obteniendo el lugar 138.

En el 2017, México ocupaba la posición 135, con un CPI de 29, reflejando así que aún queda un largo camino a seguir para combatir la corrupción.

Según los datos mostrados por TI, desde 2012 México inició con un CPI de 34. Para 2013 se mantuvo en 34 y mejoró a 35 en 2014 (+1 México). Sin embargo, uno de los mayores declives en su historia se presentó en 2015, bajando 4 puntos, a un CPI de 31, siguiendo su declive a 30 en 2016 (+5 Corrupción, por 5 años en los que su CPI no mejoró).

¿Cuál es el impacto del CPI?

Aunque pudiera parecer meramente un número, en realidad el CPI es utilizado como un punto de referencia para los integrantes del sistema financiero mundial para establecer planes de inversión, desarrollo, crecimiento y principalmente, realizar una evaluación de riesgos de delitos financieros.

Este modelo estadístico realizado por entes sujetos al régimen de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo («PLD/FT«) deberá no sólo tomar en cuenta los resultados de TI, sino también las evaluaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional («GAFI«), Índice de Terrorismo Global («GTI» por sus siglas en inglés), junto con al menos de 10 a 20 fuentes más, para realizar el cálculo final de riesgo.

Este resultado afectará directamente elementos como la inversión extranjera y la confianza de la comunidad internacional en dicha jurisdicción, como en el caso de México, que para este 2018 ha menguado en su lucha contra la corrupción.

¿Qué falta en México para mejorar?

De acuerdo a Transparencia Mexicana («TM«), un homólogo de TI en México, algunos pasos a seguir para México son:

  • «Consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción, pasando de la etapa de nombramientos a generar primeros resultados.
  • Corregir las acciones preventivas que no logren resultados medibles y orientar la política anticorrupción hacia la sanción y la recuperación de activos.
  • Desmantelar las redes de corrupción que operan a nivel nacional y que gozan de protección política en los diferentes órdenes de gobierno.
  • Mantener un esfuerzo continuo y sistemático en la política anticorrupción.»

Fuente de TM: https://www.tm.org.mx/ipc2018/

Puedes descargar el contenido más relevante del CPI 2018 en los siguientes links, por el momento sólo disponible en idioma inglés.

2017 fue un año muy singular, además de los grandes problemas de inseguridad que sacudieron al país también se dieron a conocer escándalos en los que se ventilaba los nexos de funcionarios del gobierno mexicano con empresas transnacionales como OHL y Odebrecht, destapando una serie de redes de corrupción que operaban desde años atrás.

De acuerdo con una investigación del portal de noticias Sin embargo.mx, antes que Odebrecht y OHL existió una red de sobornos que involucro a altos funcionarios gubernamentales de México.

El caso de BizJet

BizJet International es una empresa norteamericana dedicada a la aeronáutica en labores transportar pequeños grupos de personas, así como para otras funciones, como la evacuación de víctimas o entregas urgentes de paquetes, y algunos servicios especiales como por ejemplo prestar servicios a organismos públicos, funcionarios gubernamentales o inclusive a las fuerzas armadas.  En 2012 BizJet se declaró culpable y confesó ante una corte del estado de Oklahoma que realizo un pagó por dos millones de dólares a funcionarios mexicanos para obtener contratos para dar mantenimiento a aeronaves de la Coordinación de Transportes Aéreos Presidenciales del Estado Mayor Presidencial y la Policía Federal; además de los Gobiernos de Sinaloa y Sonora.

A pesar de que la Procuraduría General de la República (PGR), mantiene bajo reserva los contratos de Bizjet International con el gobierno mexicano. Gran parte de la información que esta en manos del Estado Mayor Presidencial será develada a fin de 2018.  El caso de BizJet International es muy interesante ya que a pesar de que las investigaciones datan de mas de 10 años, y que los principales contratos que la empresa de trasporte Aero tiene en suelo mexicano datan de los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón. La principal prueba que se tiene de esta red de sobornos se encuentra registrada en una investigación entre 2012 y 2015 de la Presidencia de la Republica.   El año 2000 y 2012, es un periodo en el que 95 personas del servicio público federal fallecieron al caerse las aeronaves oficiales en las que viajaban. Personajes como Ramón Martín Huerta, Secretario de Seguridad Pública en la Administración de Vicente Fox, pasando por el ex Secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, así como Juan Camilo Mouriño y José Luis Santiago Vasconcelos, subprocurador general de la república en el sexenio de Felipe Calderón, formaron parte de una trágica lista de personas que perdieron la vida en accidentes aéreos.

Algo que resulta interesante es que a la par que la empresa de aviación se declaro culpable en Estados Unidos durante 2012, en México ese mismo año se inició una carpeta de investigación que ligaba a la empresa con altos funcionarios del gobierno federal. Pese a ello, es hasta 2018, cuando se han tomado acciones jurídicas al respecto, generando que una de las indagatorias abiertas en 2012 haya sido archivada por falta de pruebas.   

Durante la investigación que puso en marcha la PGR, se cito a indagatorias a ex funcionarios de la Policía Federal, Estado Mayor Presidencial y autoridades de la Coordinación General de Trasportes Aéreos Presidenciales, así como a los directores de servicios aeroportuarios de Sinaloa y Sonora. Sin embargo, en 2017, la PGR informo que no tenia pruebas en contra de funcionarios de la Policía Federal, por recibir sobornos de BizJet a cambio de licitaciones, lo que provocó que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales agotara los recursos existentes para iniciar una investigación en contra de la institución de justicia mexicana. Hasta el momento los demás funcionarios involucrados en esta red de sobornos han mantenido una disputa sin resultados definitorios con las autoridades nacionales.  

El caso de BizJet International, es un recuerdo de las 95 personas que fallecieron en el periodo de tiempo en el que Vicente Fox y Felipe Calderón gobernaron. Como respuesta a los accidentes registrados en este lapso, las autoridades mexicanas se restringieron a versiones oficiales que dejaban un hueco en la información y los datos otorgados. BizJet es una empresa que sentó las bases para otras como Odebrecht, respecto a la forma de hacer negocios y entregar resultados en México.   

Fuente:  www.sinembargo.mx

El 9 de diciembre se celebró el Día Internacional contra la Corrupción, una fecha significativa a nivel global  y a nivel nacional. Como parte de este día se realizaron mesas de discusión, marchas y foros para analizar el problema desde sus distintas facetas a fin de crear soluciones acordes con el problema.
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El problema 

La corrupción es un problema multidimensional que normalmente se asocia al abuso de poder de parte de uno o más servidores públicos para conseguir un fin privado, aunque esta definición puede parecer corta debido a que dicho problema, desde un panorama más amplio, abarca una serie de conductas ilegitimas que persisten en todos los ámbitos y que no necesariamente se interrelacionan con las autoridades gubernamentales ni sus responsables.

El problema de la corrupción tiene múltiples afectaciones, es considerado como un agente que profundiza la desigualdad social y genera pérdidas perjudiciales para los sectores productivos de la economía de los países en los que está presente. A pesar de que la corrupción es un fenómeno presente a nivel internacional, existen regiones en los que el problema es considerado como un problema de primer orden en la agenda de los gobiernos y la ciudadanía. 

Mexico City, Dec 2003

El papel de los gobiernos, la iniciativa privada y los ciudadanos

La corrupción al ser un problema multidimensional requiere del entendimiento del contexto y la identificación de los principales actores o agentes propensos a cometer un acto de corrupción, así como sus principales causas. Por ejemplo dentro de un acto de corrupción existe un conjunto de actores y variables que se interrelacionan bajo un mismo fin.

Dentro de los esfuerzos para hacer frente a la corrupción el papel de los gobiernos, como autoridad central de la vida social, la iniciativa privada, como motor económico, y la ciudadanía, como promotora de cambio, es esencial para lograr un cambio que interceda por intereses colectivos mediante un sistema de justicia eficaz y transparente.

La coordinación entre gobierno, empresarios y ciudadanos es esencial para cambiar el rumbo y luchar contra la corrupción. De nada sirve que el gobierno o la iniciativa privada emprendan campañas mediáticas y acciones para atender el problema si dentro de la sociedad civil existe una nula respuesta o viceversa de nada sirve tratar de emprender infinidad de iniciativas para presionar al gobierno y exigir una fiscalización efectiva de los recursos públicos si dentro del gobierno existen intereses que optan por mantener la situación en completa opacidad.

Medidas de Transparencia Internacional para prevenir y combatir la Corrupción

El equipo de expertos de FINCCOM, se dio a la tarea de no solo detectar y analizar el problema de la corrupción y como opera dentro de la sociedad, sino entendiendo la gravedad del problema y aprovechando el contexto a una semana de la conmemoración del Día Internacional en Contra de la Corrupción, brindar una serie de medidas propuestas por Transparencia Internacional para prevenir este delito.

  1. Promover la despolitización de los órganos constitucionales y disminuir de forma significativa el excesivo poder de los partidos políticos en relación con la sociedad y los ciudadanos.
  2. Otorgar un castigo oportuno a los sujetos implicados en actos de corrupción.
  3. Disminución sensible del clientelismo político y mayores canales que promuevan la meritocracia.

  4. Mejorar los marcos legales en el ámbito sancionador, incluyéndose otros delitos como el enriquecimiento ilícito, así como la inclusión de un régimen específico frente al problema.

  5. Aplicación de mayores medidas de Transparencia y Rendición de Cuentas, para la fiscalización de los recursos públicos y control de organismos públicos y privados.
  6. Protección y atención adecuada a los denunciantes por casos de fraude y corrupción.
  7. Educación de los ciudadanos para prevenir la corrupción a medio y largo plazo a través de la ética, los valores, la transparencia y la integridad
  8. Exhortos de parte de las autoridades para que las empresas públicas de cumplimiento adecuado con sus obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas.
  9. Afrontar la escasez de recursos humanos y lentitud en la Justicia para el diseño de instituciones autónomas y especializadas que cuenten con el respaldo de la ciudadanía.

Fuente

www.corresponsables.com

El pasado 09 de diciembre, se conmemoró el Día Internacional en contra de la corrupción, una iniciativa aprobada desde 2003, en el seno de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que tiene como principal objetivo visibilizar el tema. Como parte de esta celebración se organizaron marchas, conferencias, seminarios y mesas de dialogo entre instituciones de gobierno, académicos y sociedad civil a nivel nacional e internacional.

No hay duda que la corrupción se ha convertido en un cáncer social que tiene múltiples afectaciones en la sociedad, política y economía de los países en la que está presente. A pesar de que se han impulsado medidas y políticas públicas que tienen como finalidad crear sistemas más transparentes frente a los ciudadanos, la complejidad y extensión del problema rebasa cualquier estimación.

América Latina, es considerada una región en la que la corrupción es uno de los problemas más importantes. Año con año las pérdidas superan los pronósticos y la desigualdad social aumenta producto de la conversión entre intereses públicos y privados. Para el caso mexicano, la corrupción se ha convertido en uno de los problemas que junto con la inseguridad más preocupa a las personas. Los últimos rankings establecidos por Transparencia Internacional, ubican a nuestro país como uno de los más corruptos del continente.

El dilema de la corrupción, un problema transnacional que opera en lo local

La corrupción es un problema multidimensional que tiene amplias repercusiones y que está presente en prácticamente todo el mundo. No hay países que estén a salvo de la corrupción pero si hay naciones que han podido controlar y delimitar este problema. La complejidad del mismo radica en la interacción de múltiples actores e intereses bajo un mismo fin, que puede ser desde dar un soborno millonario para financiar una campaña y ganar licitaciones una vez que el candidato favorecido haya sido seleccionado en las urnas hasta salir de un problema cotidiano como la evasión de alguna multa, sanción o ayuda preferencial en un trámite de gobierno a través de una “mordida”.

De acuerdo a los datos dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), como parte del día Internacional contra la corrupción se revelaron algunas causas que hacen tan particular dicho problema. Por una parte se dio a conocer que cada mexicano experimenta alrededor de 2.4 actos de corrupción al año.  La información dada a conocer revela los servidores públicos, policías locales y representantes populares son percibidos como los más corruptos del país, más del 70% de los encuestados desconfían de estas autoridades.

Tan solo en 2015, se tienen registrados más de 30 mil actos de corrupción por cada 100 mil habitantes mayores de 18 años y de estos actos se vinculó a12 mil 590 personas con algún acto de corrupción, sin embargo solo un 2% de esa cifra tuvo alguna sentencia condenatoria. Lo alarmante de estos datos es que cada acto de corrupción le cuesta al ciudadano promedio alrededor de 2 mil 799 pesos, mientras que para las empresas el costo oscila alrededor de los 12 mil 243 pesos, dio a conocer el organismo federal.

Los estados más corruptos del país

A pesar de que la corrupción es un problema que lamentablemente en México está generalizado, hay algunos estados de la república en los que este problema se ha agudizado. El INEGI informo que el Estado de México con 62 mil 160 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes y Sinaloa con 58 mil 232, son las dos entidades que presentan un mayor número de actos corrupción a nivel nacional. Mientras que las entidades donde más prevalece este problema son Morelos con 20 mil 092 víctimas por cada cien mil habitantes; Sinaloa, 18 mil 144; Chihuahua, 17 mil 621; Michoacán, 16 mil 321 y en Ciudad de México con 16 mil 167. Esto en relación a estimaciones como las presentadas en los estados de Colima y Nayarit, los cuales tienen menos de 10 mil actos de corrupción por cada 100 mil habitantes.

Con base en información del Coeficiente TAI 2017, un estudio elaborado Impunidad Cero y Transparencia Mexicana que evalúa a las entidades federativas en materia de transparencia, anticorrupción e impunidad, destacó que los estados peor evaluados fueron:

1. Morelos

2. Sinaloa

3. Querétaro

4. Durango

5. Chihuahua

6. Michoacán

7. Tlaxcala

8. Hidalgo

9. Baja California

10. Yucatán

Un dato que llama la atención es que mientras Querétaro es considerado como el estado que tiene la calificación más baja en transparencia, estados como Morelos y Quintana Roo presentan serios problemas con la corrupción en impunidad respectivamente.

Es importante señalar que el Coeficiente TAI 2017 es un estudio que integra algunos indicadores como el Índice de Transparencia Internacional, el Índice Global de Impunidad México 2016 así como datos recabados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) referentes a la tasa de prevalencia de corrupción, derivados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental. Es considerado como un índice de índices, que a diferencia de otros esfuerzos implementados por instituciones de educación superior se integra a través de una matriz solida conformada por otros indicadores que registran las actividad y administración de los recursos de los estados. Dentro del estudio para poder otorgar una calificación a las entidades se compara cada estado con el peor escenario posible y se genera un promedio en comparación con otras regiones.

El Coeficiente de TAI una herramienta contra la impunidad

El Coeficiente de TAI tiene como misión promover la generación de políticas públicas y facilitar la administración de datos sobre las cuentas de las administraciones públicas por estados. Esta iniciativa busca que los políticos no manipulen la información a su conveniencia y presuman de avances en contra de la corrupción que no han logrado. En este sentido el Coeficiente de TAI, se enfoca en el trabajo de los gobiernos locales como una parte fundamental en la creación de una sociedad más justa apegada a derecho y donde la corrupción e impunidad pueden ser percibidas a través de distintas caras.

Estudios como el Coeficiente de TAI, demuestran el compromiso y pro actividad de la sociedad civil en conjunto con instituciones de gobierno para cambiar el sistema y crear condiciones que beneficien a todos los habitantes desde las instancias de gobierno local.

Sin duda dentro de los esfuerzos para hacer frente al fenómeno de la corrupción se requiere de la supervisión de las entidades de gobierno a nivel estatal y municipal las cuales muchas veces se han quedado rezagadas frente a los impulsos de la ciudadanía en la creación de un país más transparente. Esfuerzos como la publicación del Coeficiente de TAI, nos dan una buena señal de que a pesar de que la veda electoral, que a todos nos contagia con personajes acartonados, las cosas aún pueden y deben cambiar.

Como parte de las actividades conmemorativas rumbo a celebrar el día internacional del combate a la corrupción, el día 07 de diciembre se llevó a cabo el primer foro: Transparencia en la lucha contra la corrupción: una tarea global, organizado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 

El evento se desarrolló con la intensión de brindar al público el conocimiento y experiencia de representantes de instituciones públicas especializadas en la materia a nivel nacional. El principal objetivo del foro tuvo la intención de brindar a la audiencia un panorama sobre cuál es la importancia de emprender acciones y políticas públicas para hacer frente a la corrupción y lograr sistemas que fiscalicen los recursos, públicos y privados, de una manera más transparente.  

El objetivo de implementar acciones para lograr una sociedad más justa y transparente requiere de la participación y comunicación entre autoridades y sociedad civil.  Las medidas que se implemente deben de estar acordes al contexto nacional y bajo la perspectiva de las mejores prácticas a nivel internacional como un referente para fortalecer la confianza ciudadana y la integridad en la vida pública.

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Inauguración del foro

Para la inauguración del primer foro: Transparencia en la lucha contra la corrupción: una tarea global, se contó con representantes de instituciones garantes de la justicia a nivel nacional, así como representantes de la sociedad civil que han participado en las principales acciones para hacer frente a la corrupción.

La encargada de brindar las primeras palabras del evento fue la comisionada del INAI, Dra. María Patricia Kurczyn, quien dio un agradecimiento a los ponentes y a la audiencia por su participación, recordando la importancia de la transparencia en la construcción de un país garante del derecho. A las palabras de la comisionada del INAI, le siguió la participación de la Presidenta del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, Dra Jacqueline Peschard, quien dentro de su participación reconoció el papel de las acciones de parte de la ciudadanía para lograr una nación más transparente, un acto que continuo con la participación de Omar Betanzos Torres, Subsecretario de la Función  Pública, Rogerio Castro Vazquez, Diputado Presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, así como del Dr. Fransico Javier Acuña, Comisionado presidente del INAI, quienes en sus respectivas participaciones demostraron la importancia del trabajo coordinado entre la sociedad civil, representantes y órganos autónomos del estado encargados de brindar justicia.

 

Desarrollo del Evento

El primer foro: Transparencia en la lucha contra la corrupción: una tarea global, se desarrolló en torno a una Conferencia Magistral en la que participo la Dra. Jacqueline Peschard, como representante del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y que tuvo como presentadora a la comisionada del INAI, Dra. María Patricia Kurczyn, una conferencia en donde se abordó los nuevos desafíos en materia de corrupción a un par de años que se implementó el SNA. La representante del Comité Coordinador del SNA, hizo alusión en que en el país aún no se cuenta con un fiscal que tome las riendas del sistema, los conflictos de interés han hecho que el proceso de designación aun no tenga claros referentes. Asimismo en su participación la Dra. Peschard, mencionó que el trabajo de las entidades federativas y órganos de justicia a nivel local representan uno de los mayores impedimentos para avanzar con las propuestas que emanan de parte de la sociedad civil.

Dentro del desarrollo del foro se establecieron cuatro paneles de discusión a lo largo del día en los que en voz de representantes de órganos de transparencia y anticorrupción de Centro y Sudamérica, así como integrantes de la Academia, Sociedad Civil y Autoridades, se abordaron distintas experiencias en la lucha contra la corrupción, marcando un énfasis en la Transparencia y rendición de cuentas  como herramientas indispensable para hacer frente a este desafío.

 

Para finalizar se realizó una serie de reflexiones entre los participantes del evento sobre el papel que tiene la ética y responsabilidad de los funcionarios públicos en la creación y consolidación de una vida pública que este regida por el derecho y que tenga a la democracia como la mejor  aliada para tener una sociedad más justa y equitativa. El evento fue clausurado por los comisionados del INAI, quienes respectivamente agradecieron la colaboración entre los ponentes y la audiencia para dar vida a este tipo de eventos de alta relevancia para el contexto nacional.     

 

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Transparencia México (TM) volvieron a unir esfuerzos y esta vez colaboraron con la creación de la realización de la evaluación 500 Frente a la Corrupción: Integridad Corporativa (IC500), la cual busca hacer pública la medidas que han tomado las quinientas empresas más importantes,  así mismo han manifestado que cuentan para combatir la corrupción en su estructura, por lo que es importante recalcar que no es una evaluación que demuestre la corrupción al interior de las instituciones, ni una certificación al respecto, sino que busca la existencia, calidad y publicidad de las políticas anticorrupción.

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Los datos de la evaluación fueron recopilado entre enero y julio del presente año, y de ese mes hasta noviembre se inició el análisis de la información recopilada.

Estadísticas

De los resultados arrojados indican que en promedio las entidades cuentan con 37 puntos de los 100 posibles que indican la adopción de políticas y compromisos que las empresas han adquirido para combatir y prevenir actitudes y actividades que propician la corrupción. Únicamente 13 de todas las evaluadas obtuvieron 80 o más puntos, 45 están por arriba de 70 puntos y 191 apenas alcanzaron 50 puntos, es decir 191 instituciones obtuvieron 50 puntos o más y 309 no alcanzaron ni siquiera los 50 puntos.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) anualmente los ciudadanos gastan $1,600 millones de pesos para agilizar algún trámite o servicio y evitar sanciones, dentro de la cifra no están contabilizadas las “gratificaciones” que se emplean para ganar licitaciones o contratos en específicos, ya que estos son contabilizados en millones de dólares, como el Caso Oderbrecht.

Lo destacado de estas 500 empresas consiste en que sus ventas alcanzan en conjunto más de 15 billones de pesos que equivale aproximadamente a las tres cuartas parte del Producto Interno Bruto del país; e igualmente su función es primordial para el país pues tienen a emplear alrededor de 4.7 millones de personas.

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Actualización de Versión

MCCI y TM han creado una plataforma en la que cualquier empresa pueda registrarse y/o actualizar la información que ha sido publicada, esto con la finalidad de esto documento sirva de antecedente para realizar una nueva versión cada año, la cual recopilará datos dos veces al año, la primera hasta el 31 de enero y la segunda el 31 de julio.

Sin duda, este servirá para concientizar a las personas para que modifiquen sus apreciaciones sobre la corrupción al interior de su organización, y que tomen en cuentas que esta evaluación puede impactar en su riesgo reputacional.

Fuente

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad: http://contralacorrupcion.mx

 

Uno de los problemas más graves que enfrenta la actual administración es la corrupción. Este problema ha sido reconocido por su gravedad e impacto que tiene dentro de la sociedad.  A pesar de que los esfuerzos por parte de las autoridades se han visto reflejados en la estructuración y puesto en marcha del nuevo sistema anticorrupción, el cual fue promulgado en 2016 por medio de reformas a la Constitución, muchos de estos esfuerzos han sido obstaculizados por los propios funcionarios.

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De acuerdo a declaraciones de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana que integra al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), existe una renuencia por parte de las autoridades para colaborar en las investigaciones de los principales casos de corrupción a nivel nacional.

El uso de dispositivos tecnológicos para espiar a civiles, las investigaciones por sobornos que incluyen a altos directivos de PEMEX y casos representativos como la “Estafa Maestra”, estrategia que revelo una red de corrupción que operaba a través de universidades públicas, que tan solo constituyen un ejemplo de la falta de colaboración de parte del gobierno para dar con los responsables.

A más de ocho meses desde la integración del Comité de Participación Ciudadana del SNA, los avances han sido limitados. A pesar de que dichos cambios tuvieron una gran cobertura de la prensa y el gobierno federal hizo alusión de este mecanismo como uno de los pilares más importantes que se han conseguido para erradicar este mal, existe una respuesta mínima a la hora de dar con los responsables. 

El impulso y gran papel que ha tenido la sociedad civil en la consolidación de esfuerzos para hacer frente a la corrupción ha impactado de una manera clara en la forma de actuar de parte de las autoridades. El impulso de iniciativas, así como el control, seguimiento y evaluación que se tiene sobre las medidas que se han puesto en marcha, representan un factor que anteriormente no se había presentado. La participación de manera activa de parte la sociedad civil para conjugar esfuerzos en contra de la corrupción generalizada es una pieza clave dentro del ensamblaje del SNA, cuando activistas presentaron más de 500.00 mil firmas para la aprobación de la iniciativa. 

A pesar de que las autoridades han configurado la estructuración del SNA, los representantes de la sociedad civil se han vuelto en los encargados dar paso a su funcionamiento y supervisar la manera en la que opera. Pese a ello en entrevista con The New York Times los miembros del CPC, mencionaron que ha sido reprobable el papel que el gobierno le ha dado a la sociedad civil y sobre todo ha sido decepcionante el compromiso que han mostrado para crear un país más justo. Aun no se han designado a los magistrados en materia de justicia administrativa, ni se ha designado al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), ni mucho menos se ha podido asignar al fiscal anticorrupción del SNA.

Dentro de las distintas mesas de trabajo del SNA, en torno a la discusión de temas polémicos, difícilmente se cuenta con la participación de integrantes del Comité de Participación Ciudadana. Muchas de las decisiones significativas quedan entre las diferentes ramas de gobierno que integran al SNA y dejan de lado la opinión del CPC. Y a pesar de que el gobierno ha descalificado dichas declaraciones y ha hecho alusión a que es una mala interpretación de la manera en la que funciona el SNA, la falta de claridad en la información que se proporciona es un factor que ha impedido llegar más allá en las investigaciones y atender de una manera clara los casos de corrupción.

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Casos que demuestran lo contrario   

Los integrantes del CPC han señalado que distintas ocasiones se les han impedido realizar su labor al presentar frenos en la información proporcionada. Por ejemplo, cuando se intentó investigar la compra de un software al gobierno mexicano, que tenía el objetivo de hacer frente a las redes criminales pero que fue utilizado para espiar a académicos, periodistas y activistas sociales, las agencias gubernamentales que integran al SNA impidieron dar con los detalles de dicha investigación.  Al respecto los integrantes del CPC dicen que han intentado, sin éxito, revisar otros casos que han generado críticas desde la población.

Casos similares se han presentado como las investigaciones sobre Odebercht, y la red de soborno a servidores públicos mexicanos para asegurarse contratos que a través de PEMEX y que ligan su ex directivo Emilio Lozoya, así como una solicitud  de información sobre unos 200 millones de dólares que presuntamente fueron desviados por medio de universidades públicas, y sin dejar de lado la propuesta para la creación de un fondo único para la atención de los desastres resultado de los más reciente terremotos en el país. Lo preocupante es que en todas las solicitudes de información se exhorto a los miembros del CPC a que desistieran de sus propuestas. 

Un sistema sin pies ni cabeza

El SNA aún tiene muchos contrastes que lo mantienen en la opacidad, por ejemplo no se cuenta con un fiscal que sea responsable de su operación. Recordemos que anteriormente existió un impulso de parte del ejecutivo para nombrar al ex procurador de la PGR Raúl Cervantes, como nuevo titular del SNA, propuesta que tras su discusión en el congreso y debido al impulso de la sociedad civil fue desechada. El SNA a pesar de que se ha estructurado de manera general, no cuenta con un respaldo que opere a través de las entidades federativas y que atienda las principales demandas en los tres órdenes de gobierno.

 

La corrupción es un lastre por los enormes costos económicos, políticos y sociales que ocasiona en los países que la padecen con mayor agudeza. Dentro de este país, la corrupción se ha posicionado como uno de los mayores problemas que afecta severamente a la economía. A pesar de que se han impulsado distintos esfuerzos para hacer frente a este problema, su multidimensionalidad ha hecho que este problema siga siendo uno de los grandes lastres que enfrenta la nación.

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Costos

La corrupción tiene graves repercusiones que afectan a la inversión, el ingreso de las empresas y el producto interno bruto. De igual manera tiene costos políticos relacionados a una sensación de insatisfacción con la democracia y poca confianza de los ciudadanos respecto al papel de los representantes, así como un decremento en el bienestar de las personas.

La situación del país frente a la corrupción, nos plantea un escenario lleno de desafíos. En las más recientes evaluaciones realizadas por organismos internacionales como el Índice de Percepción de la Corrupción y el Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional, México ha obtenido calificaciones que lo posicionan como uno de los países más corruptos a nivel global. Prácticamente en toda la república se tiene una percepción generalizada de los graves problemas que enfrentan las instituciones del Estado y el sector privado para garantizar plena transparencia.   

Por ejemplo las instituciones que se perciben como más corruptas dentro del sistema político mexicano están encabezadas por  los partidos políticos, los cuerpos policíacos y funcionarios públicos en general. Sin embargo es importante mencionar que el problema de la corrupción no es único ni exclusivo del sector público, sino que representa  un cáncer que se da en múltiples escenarios.  Prácticamente más del 40% de las empresas que operan a nivel nacional han reconocido haber pagado un soborno para agilizar trámites y obtener licencias y permisos.

La corrupción como un problema arraigado a los mexicanos, tiene un gran impacto no solo en la economía sino en la también en los hábitos de las personas. A pesar que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Impacto y Calidad Gubernamental del INEGI, los mexicanos tienen la percepción de que la corrupción en nuestros círculos cercanos es baja, en los últimos años se ha registrado un aumento en los actos de pequeña corrupción.

El trabajo de la PGR

En 2015, la Procuraduría General de la Republica (PGR) implemento la “Estrategia para la Reducción de Riesgos de Corrupción”, con lo que inicio 2, 242 investigaciones por presuntos casos de corrupción. Lo que llama la atención es que de las 2, 242 investigaciones, solo se han consignado 45 casos y se ha podido obtener una sentencia por cohecho.  Pese a las indagatorias establecidas, la autoridad federal se ha negado a revelar los nombres de las personas investigadas debido a que puede afectar su intimidad e integridad.   

Dentro de los trabajos realizados por la PGR, se encuentran Averiguaciones previas giradas a 67 particulares y más de 1, 300 funcionarios en las que aún no se señala a un responsable directo.  En gran parte de las Carpetas de Investigación se desconoce el responsable y el delito  como son: Coalición de servidores públicos, Abuso de autoridad,  Cohecho, Ejercicio abusivo de funciones, Ejercicio indebido del propio derecho, Ejercicio indebido de servicio público, Enriquecimiento ilícito, Peculado, Tráfico de influencias y Uso indebido de atribuciones y facultades​.

La PGR, ha tenido un difícil trabajo no solo para establecer elementos que permitan realizar investigaciones adecuadas, sino para tratar de combatir la corrupción generalizada en los distintos órdenes de gobierno, así como para atender de manera adecuada las observaciones realizadas por la Auditoria Superior de la Federación (ASF). Prácticamente de las 872 denuncias por desvío de recursos que se han presentado ante la PGR, sólo 10 casos han llegado a juicio, y de ellos ni uno solo tiene sentencia.

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En busca de una PGR que atienda al delito

La PGR como una de las instituciones designadas para hacer frente a la corrupción, necesita reestructurase, y desenraizar las corrientes políticas que han hecho de este organismo una institución a modo.  A lo largo del sexenio la PGR ha cambiado en más de un ocasión a su titular, por el momento tras la renuncia de Raúl Cervantes, aun no tiene un responsable al frente. Estos cambios han repercutido en el trabajo, seguimiento y castigo de los principales casos de corrupción a tal grado que se han vuelto casi un emblema de esta administración.   

En FINCCOM reconocemos que la corrupción es uno de los grandes problemas que afecta el país, sabemos que este mal tiene múltiples afectaciones en la ciudadanía, el sector público y privado. Una de nuestras misiones es promover un México más transparente, apegado a derecho y que se rija bajo los estándares de combate a la corrupción más estrictos a nivel internacional. La corrupción como un problema multidimensional puede afectar de distintas maneras, mantener protegida y prevenida a tu organización de la corrupción es la mejor barrera de defensa para asegurar el éxito de modelo de negocio. Asesórate con los expertos, FINCCOM tu aliado. 

 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), como órgano que forma parte fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción, es un órgano técnico especializado de la Cámara de diputados con autonomía técnica y de gestión. Cuenta con facultades para realizar auditorías a la cuenta pública y cualquier organismo de carácter gubernamental o privado que utilice recursos federales, también emite informes sobre sus auditorías y análisis, capacita y certifica a sus propios auditores, e investiga sobre casos de corrupción.

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Problemática 

Asimismo, la ASF se enfrenta a la problemática constante del ámbito de competencia al momento de encontrar anomalías en una investigación, a mi parecer la Ley se queda corta por decirlo así, esto en cuanto al alcance de las sanciones que la misma ASF impone. Sabemos que investiga casos muy graves para el país en cuando a conductas relacionadas con hechos de corrupción y quebrantos a la administración pública federal se trata. Además, inicia investigaciones y fiscaliza entidades y dependencias públicas, recaba los elementos necesarios para desarrollar cómo fueron los hechos del problema a investigar, y finalmente, si encuentra un hecho grave de corrupción, tendrá que denunciar ante la Fiscalía anticorrupción, pues a pesar de que imponga multas y algunas sanciones administrativas, se ve limitada a esto, sólo a denunciar, turnando así a la fiscalía, hoy procuraduría, la totalidad de la investigación substanciada, donde seguramente quedará archivada y escondida la parte importante de los desfalcos al erario. 

Recordemos algunos de los sucesos relevantes en que la ASF ha intervenido últimamente encontrando importantes hallazgos, tal es caso de “La estafa maestra”, donde servidores públicos del gobierno federal a través de universidades públicas realizaban licitaciones para contratar servicios diversos, inflando así los precios de los mismos, a través de empresas fantasma, estos servicios tampoco correspondían a las necesidades de las escuelas y no se presentaron pruebas en contrario para desvirtuar los señalamientos.

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Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

Otro caso relevante fue, en el que la ASF recientemente, encontró anomalías en los recursos destinados en la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México (NAICM), donde el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), responsable del proyecto, no presentó comprobantes de pago, otorgó dinero por trabajos no realizados y aumentó también el costo total del proyecto, entre otras diversas observaciones que se realizaron, esto de acuerdo a diversos diarios conocidos que publicaron la nota al respecto.

 También, supimos del escandaloso asunto de la empresa brasileña Odebrecht donde la ASF detectó pagos irregulares por 250.5 millones de pesos que derivaron en contratos de Pemex con sobreprecios y quebrantos, actos de corrupción por medio de sobornos dirigidos a funcionarios de la petrolera mexicana por parte de la empresa privada, según una nota publicada en la revista proceso del 1 de noviembre de 2017, y diversos medios de comunicación que señalaban la misma conducta.

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De lo Administrativo a lo Político

Así como los anteriores casos, podemos mencionar un sinfín de sucesos entre dependencias de gobierno y particulares en los que se ven involucrados muchos funcionarios públicos, son señalados y exhibidos en las noticias y hasta ahí. Por lo general no trasciende la sanción a los actores de estos hechos, la ASF hace bien su trabajo pero al momento de denunciar es cuando comienza la impunidad. Pareciera que no hay seguimiento y continuidad, pues realmente los asuntos pasan del plano administrativo al político, brincándose la etapa penal que hasta ahora ha estado ausente en la historia de este país, y no sólo a nivel federal sino en todos los niveles de gobierno.

Ahora bien, actualmente no se tiene Procurador General de la República, que de todas maneras aunque se tuviera, poco haría por atacar el problema de la corrupción, por el contrario, contribuiría a fomentarla, encubrirla, y dejarla actuar con libertad. Tampoco se ha elegido el fiscal anticorrupción y mucho menos tenemos una fiscalía autónoma. Las Salas del Tribunal de Justicia Administrativa no se han integrado en su totalidad, la gente que ahí labora aún no ha sido capacitada por completo en materia anticorrupción, es por ello que lo único que tenemos por el momento, es la ASF, por eso, es que ésta debe tener un mecanismo de seguimiento y de sanción coercitiva más fuerte, al menos en el plano administrativo y de fiscalización, pero que dé seguimiento profundo a los hechos y le rindan cuentas sobre todas las denuncias que interponga en la materia, también hay que tener presente que no pude invadir competencias pero si debiera ejercer mayor presión al respecto.

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Combate 

Por otra parte, y para finalizar, otro aspecto importante con que se enfrenta la ASF en el combate a la corrupción, es la falta de transparencia, en muchas ocasiones, a pesar de que las dependencias sean auditadas, se contienen reservas que impiden conocer o mejor dicho dar a conocer los datos que supuestamente podrían atentar contra la “seguridad nacional” o cualquier otra de las causales de reserva que establece el propio artículo 6º inciso A, fracción primera de la Constitución Política, y la propia Ley General Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General). Recientemente, se han ocultado datos sobre las cantidades de gasto gubernamental ocupado en publicidad y de comunicación social, pues  cuando se ingresan solicitudes vía portal de transparencia o por medio del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), se obtiene una respuesta negativa en el sentido de reserva de información por tratarse de cuestiones que motivan un peligro a la seguridad nacional, por citar sólo un ejemplo. Debemos estar pendientes si esto cambia, ahora que la Corte ordenó al Congreso a expedir la Ley de la materia en cuanto a gasto en publicidad y comunicación social gubernamental se refiere. ¿Tú qué opinas al respecto? Saludos.

Referencia

www.asf.gob.mx/
www.proceso.com

Bibliografía

1.- Salvador Ugarte, Pedro. Ibarra Palafox, Francisco A., Flores, Imer B., ¿Cómo combatir a la corrupción? Instituto de Investigaciones Jurídicas. 1ª ed. México. 2017.

2.- González Gutiérrez, Ángel. Información Reservada y Confidencial en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Orden Jurídico, México. P.1.

3.- Jaqueline Peschard. Hacia el Sistema Nacional de Transparencia, Seminario Universitario de Transparencia, 1ª ed. IIJ Unam., México, 2016.

 

 

 

 

Hace un par de meses se dio a conocer un caso denominando como “La estafa maestra”, una investigación realizada por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción, que dio a conocer como a través  que 11 dependencias, el gobierno Federal desvió más de 7 mil 670 millones de pesos a través de convenios con ocho universidades públicas que a su vez contrataron a 186 empresas para supuestamente cumplir con los servicios, a pesar de que 128 compañías fueron catalogadas como ilegales y no debían de recibir contratos ni recursos públicos.

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Universidades

Dentro de las universidades publicas involucradas dentro de la “Estafa Maestra”, y señaladas de ser responsables de desviar millones de pesos a través de la triangulación de contratos con ayuda del gobierno federal, al menos tres han sido declaradas en quiebra. Las instituciones involucradas en dichos desvíos son la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

A pesar de que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha advertido en múltiples ocasiones que mas de 20 universidades el país, se encuentran al borde de la quiebra por problemas con la administración de recursos y contratos otorgados. Por su parte la calificadora Moody’s, informó que, de acuerdo con un diagnóstico realizado, dos de cada tres universidades públicas en México presentan déficits actuariales en sus mecanismos de pensiones.

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Desvío de Recursos

Frente a esta lamentable situación, las universidades señaladas por desviar recursos solicitaron ayuda del gobierno federal, así como el apoyo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) para hacer frente a los problemas financieros.

Los problemas financieros que enfrentan las universidades a nivel nacional responden al crecimiento de sus nóminas sin las autorizaciones presupuestales, así como la progresiva disminución de la inversión del gasto en la educación superior en el país. Con base en un informe de la Cámara de Diputados, el déficit presupuestal de las universidades asciende a más de 331 mil millones de pesos en el sistema de pensiones. Para 2017, la Cámara de Diputados destinó 600 millones de pesos para atender la crisis de las instituciones de educación superior, esta cifra llama la atención debido a que es considerada como el monto más bajo para hacer frente a la crisis presupuestaria que enfrentan las universidades.

Bancarrota

Frente a esta situación la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha señalado que no destinará recursos adicionales para rescatar de la bancarrota a las instituciones de educación superior. La falta de interés de los gobiernos tanto federal como estatal, así como el surgimiento descontrolado de instituciones privadas de baja calidad y una reducida inversión en educación superior, lo que ha hecho que dichas instituciones se encuentren al borde de la quiebra.

La grave situación que enfrentan las universidades a nivel nacional pone en duda la educación de miles de jóvenes. El resultado de este entorno deriva de una crisis de educación pública generalizada que ha tenido un gran impacto en el nivel de desarrollo. Mientras que en algunas universidades el presupuesto ha crecido considerablemente para atender la alta demanda estudiantil, estos aumentos han venido acompañados de reducciones en el numero de profesores e investigadores de tiempo completo.  

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El Dilema

A pesar de que ha existido una expansión de la educación superior a nivel privado, muchas de las universidades no cumplen con los requisitos de calidad, representan una competencia desleal y refuerzan áreas tradicionales como el derecho o la administración. Frente a ello el rector de la UNAM, Enrique Graue, calificó de inaceptable que existan universidades públicas en riesgo de subsistencia.

Estas situaciones demuestran del potencial quiebra financiera en algunas instituciones de educación superior. Pese a que la Auditora Superior de la Federación ha detectado simulaciones, desvíos y asignaciones indebidas en algunas universidades. Las explicaciones para este fenómeno van desde el flujo tardío e insuficiente de recursos estatales o mala planeación financiera, hasta acuerdos laborales indebidos que han impedido las reformas estructurales necesarias para el ejercicio presupuestal adecuado.

Fuente

www.huffingtonpost.com