Por: Gerardo Espinoza Arias, Especialista Jurídico y Oficial de Cumplimiento en Citelis

El derecho ha considerado algunas actividades propensas a ser involucradas en lavado de dinero, por ello ha generado leyes con las que busca prevenir dichas acciones.

Como es sabido, en octubre de 2012 fue publicada la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (en lo subsecuente la Ley), misma que entró en vigor en julio de 2013; la cual viene a establecer un conjunto de obligaciones a diversas actividades económicas que se consideran susceptibles a utilizarse como un medio para el lavado de dinero; esta legislación pretende dar solución al incumplimiento de la entonces recomendación 12 (ahora recomendación 21 de GAFI) de las en aquel momento 40+9 recomendaciones de GAFI (ahora 40 recomendaciones de GAFI), reflejado en el Informe de Evaluación Mutua de 2008 en la que nuestro país, no contaba con medidas aplicables a las denominadas “Actividades y Profesiones no Financieras Designadas”.


Actividades Vulnerables


La Ley, en su artículo 17, enlista aquellas actividades económicas susceptible al blanqueo de capitales y las denomina Actividades Vulnerables, algunas de ellas, adquieren esta categoría por el solo hecho de realizarlas, sin embargo, existen otras actividades que requieren se cumpla con un supuesto regulatorio y en el cual ubicamos la constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles, en otras palabras “el arrendamiento de bienes inmuebles”.

Entonces entremos en materia, se debe entender que, el arrendamiento de inmuebles por sí mismo no constituye una actividad vulnerable, sino es, hasta que el valor de la contraprestación mensual (en otras palabras la Renta) rebase el umbral de identificación (1,605 veces SMDF, ahora UMA) establecido en la fracción XV del artículo 17 de la Ley, es hasta entonces cuando quien realice dicha actividad, tiene que cumplir con las obligaciones que refiere la Ley y su regulación secundaria, umbral que a partir del mes de febrero de este año será de $139,442.40 y que, como se comentó en líneas anteriores, el recibir una renta mensual por esta cantidad no hace que el arrendamiento sea considerado como una Actividad Vulnerable, siendo así considerada hasta el momento en que la renta mensual rebase dicha cantidad.

Así mismo, la Ley establece un umbral de Aviso (3,210 UMA) es decir $278,884.80 por el cual, el que realiza la actividad vulnerable, deberá enviar a la autoridad la información relativa a la o las operaciones que realice en el mes inmediato anterior y que en lo individual o en su acumulado igualen o rebasen dicho umbral.

Es relevante mencionar, que el artículo 6 del Reglamento de la Ley (el Reglamento), define el cómo determinar el monto de los actos u operaciones a que refiere el artículo 17 de la Ley, no debiendo considerar contribuciones y accesorios, y que, para el caso del arrendamiento, el párrafo tercero del artículo 5 del Reglamento refiere a que, la fecha en la que se celebra la operación de arrendamiento, será aquella en la que se haya liquidado la renta mensual correspondiente y el artículo 31 del Reglamento en cita, define que, cuando se perciba la renta en otra periodicidad distinta a la mensual, se deberá realizar el cálculo correspondiente para determinar el valor mensual de la misma.


Seguimiento a las operaciones de arrendamiento


¿Cómo se da seguimiento y acumulan las operaciones de arrendamiento? Bien, el penúltimo párrafo del artículo 17 de la Ley, precisa que, se deberá presentar el aviso correspondiente cuando se realicen actos u operaciones que en su acumulado, durante un periodo de seis meses, igualen o rebasen el umbral de aviso. No obstante, el artículo 19 de las Reglas de Carácter General a que refiere la Ley (las Reglas), precisa el mecanismo por medio del cual debe cumplirse con la obligación de seguimiento y acumulación de operaciones, que, para efecto del arrendamiento, ésta será cuando la operación rebase el umbral de identificación (recordando que, si no es así, no se está en el supuesto de una actividad vulnerable) que establece la fracción XV del artículo 17, y será por un periodo de seis meses. En consecuencia, el que realiza la actividad vulnerable, generaría el aviso de forma bimestral, considerado que el umbral de aviso es dos veces el umbral de identificación.

Esta actividad vulnerable, tiene la prohibición de uso de efectivo para el cumplimiento de obligaciones de actos u operaciones de arrendamiento de inmuebles e incluso de vehículos automotores terrestres, aéreos y marítimos (esta última no catalogada como actividad vulnerable, pero si sujeta a la prohibición) señalada en la fracción VII del artículo 32 de la Ley, por un valor igual o superior a 3,210 UMA es decir $278,884.80, en el que se debe observar que, para su cálculo, no debe considerarse los impuestos y accesorios. 

Aunado a lo anterior, cuando el arrendamiento se considera una actividad vulnerable, quien la realice deberá cumplir con las siguientes obligaciones: (i) la inscripción al padrón de sujetos obligados, (ii) la identificación del cliente y/o usuario, (iii) contar con un manual de políticas y lineamientos de identificación, (iv) si es persona moral, contar con un responsable de cumplimiento, (v) resguardo y confidencialidad de la información de las operaciones, (vi) identificar al dueño beneficiario, (vii) requerir al cliente información sobre su actividad u ocupación; entre otras.


Recomendaciones


Como se puede observar, quien tiene como actividad principal el arrendamiento de inmuebles o bien, aquel que ofrezca en renta algún inmueble de su propiedad no necesariamente está sujeto al régimen de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que, no tiene una obligación relativa al cumplimiento de la Ley en comento, sin embargo, de estar obligado, es necesario que realice un análisis de su operación y así, estar en condiciones de cumplir en su totalidad con las obligaciones que la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su regulación secundaria establece para las actividades vulnerables, lo anterior, con la finalidad de evitar sanciones económicas que puedan menoscabar su patrimonio.