Uno de los problemas más graves que enfrenta la actual administración es la corrupción. Este problema ha sido reconocido por su gravedad e impacto que tiene dentro de la sociedad.  A pesar de que los esfuerzos por parte de las autoridades se han visto reflejados en la estructuración y puesto en marcha del nuevo sistema anticorrupción, el cual fue promulgado en 2016 por medio de reformas a la Constitución, muchos de estos esfuerzos han sido obstaculizados por los propios funcionarios.

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De acuerdo a declaraciones de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana que integra al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), existe una renuencia por parte de las autoridades para colaborar en las investigaciones de los principales casos de corrupción a nivel nacional.

El uso de dispositivos tecnológicos para espiar a civiles, las investigaciones por sobornos que incluyen a altos directivos de PEMEX y casos representativos como la “Estafa Maestra”, estrategia que revelo una red de corrupción que operaba a través de universidades públicas, que tan solo constituyen un ejemplo de la falta de colaboración de parte del gobierno para dar con los responsables.

A más de ocho meses desde la integración del Comité de Participación Ciudadana del SNA, los avances han sido limitados. A pesar de que dichos cambios tuvieron una gran cobertura de la prensa y el gobierno federal hizo alusión de este mecanismo como uno de los pilares más importantes que se han conseguido para erradicar este mal, existe una respuesta mínima a la hora de dar con los responsables. 

El impulso y gran papel que ha tenido la sociedad civil en la consolidación de esfuerzos para hacer frente a la corrupción ha impactado de una manera clara en la forma de actuar de parte de las autoridades. El impulso de iniciativas, así como el control, seguimiento y evaluación que se tiene sobre las medidas que se han puesto en marcha, representan un factor que anteriormente no se había presentado. La participación de manera activa de parte la sociedad civil para conjugar esfuerzos en contra de la corrupción generalizada es una pieza clave dentro del ensamblaje del SNA, cuando activistas presentaron más de 500.00 mil firmas para la aprobación de la iniciativa. 

A pesar de que las autoridades han configurado la estructuración del SNA, los representantes de la sociedad civil se han vuelto en los encargados dar paso a su funcionamiento y supervisar la manera en la que opera. Pese a ello en entrevista con The New York Times los miembros del CPC, mencionaron que ha sido reprobable el papel que el gobierno le ha dado a la sociedad civil y sobre todo ha sido decepcionante el compromiso que han mostrado para crear un país más justo. Aun no se han designado a los magistrados en materia de justicia administrativa, ni se ha designado al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), ni mucho menos se ha podido asignar al fiscal anticorrupción del SNA.

Dentro de las distintas mesas de trabajo del SNA, en torno a la discusión de temas polémicos, difícilmente se cuenta con la participación de integrantes del Comité de Participación Ciudadana. Muchas de las decisiones significativas quedan entre las diferentes ramas de gobierno que integran al SNA y dejan de lado la opinión del CPC. Y a pesar de que el gobierno ha descalificado dichas declaraciones y ha hecho alusión a que es una mala interpretación de la manera en la que funciona el SNA, la falta de claridad en la información que se proporciona es un factor que ha impedido llegar más allá en las investigaciones y atender de una manera clara los casos de corrupción.

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Casos que demuestran lo contrario   

Los integrantes del CPC han señalado que distintas ocasiones se les han impedido realizar su labor al presentar frenos en la información proporcionada. Por ejemplo, cuando se intentó investigar la compra de un software al gobierno mexicano, que tenía el objetivo de hacer frente a las redes criminales pero que fue utilizado para espiar a académicos, periodistas y activistas sociales, las agencias gubernamentales que integran al SNA impidieron dar con los detalles de dicha investigación.  Al respecto los integrantes del CPC dicen que han intentado, sin éxito, revisar otros casos que han generado críticas desde la población.

Casos similares se han presentado como las investigaciones sobre Odebercht, y la red de soborno a servidores públicos mexicanos para asegurarse contratos que a través de PEMEX y que ligan su ex directivo Emilio Lozoya, así como una solicitud  de información sobre unos 200 millones de dólares que presuntamente fueron desviados por medio de universidades públicas, y sin dejar de lado la propuesta para la creación de un fondo único para la atención de los desastres resultado de los más reciente terremotos en el país. Lo preocupante es que en todas las solicitudes de información se exhorto a los miembros del CPC a que desistieran de sus propuestas. 

Un sistema sin pies ni cabeza

El SNA aún tiene muchos contrastes que lo mantienen en la opacidad, por ejemplo no se cuenta con un fiscal que sea responsable de su operación. Recordemos que anteriormente existió un impulso de parte del ejecutivo para nombrar al ex procurador de la PGR Raúl Cervantes, como nuevo titular del SNA, propuesta que tras su discusión en el congreso y debido al impulso de la sociedad civil fue desechada. El SNA a pesar de que se ha estructurado de manera general, no cuenta con un respaldo que opere a través de las entidades federativas y que atienda las principales demandas en los tres órdenes de gobierno.

 

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