La Auditoría Superior de la Federación (ASF), como órgano que forma parte fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción, es un órgano técnico especializado de la Cámara de diputados con autonomía técnica y de gestión. Cuenta con facultades para realizar auditorías a la cuenta pública y cualquier organismo de carácter gubernamental o privado que utilice recursos federales, también emite informes sobre sus auditorías y análisis, capacita y certifica a sus propios auditores, e investiga sobre casos de corrupción.

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Problemática 

Asimismo, la ASF se enfrenta a la problemática constante del ámbito de competencia al momento de encontrar anomalías en una investigación, a mi parecer la Ley se queda corta por decirlo así, esto en cuanto al alcance de las sanciones que la misma ASF impone. Sabemos que investiga casos muy graves para el país en cuando a conductas relacionadas con hechos de corrupción y quebrantos a la administración pública federal se trata. Además, inicia investigaciones y fiscaliza entidades y dependencias públicas, recaba los elementos necesarios para desarrollar cómo fueron los hechos del problema a investigar, y finalmente, si encuentra un hecho grave de corrupción, tendrá que denunciar ante la Fiscalía anticorrupción, pues a pesar de que imponga multas y algunas sanciones administrativas, se ve limitada a esto, sólo a denunciar, turnando así a la fiscalía, hoy procuraduría, la totalidad de la investigación substanciada, donde seguramente quedará archivada y escondida la parte importante de los desfalcos al erario. 

Recordemos algunos de los sucesos relevantes en que la ASF ha intervenido últimamente encontrando importantes hallazgos, tal es caso de “La estafa maestra”, donde servidores públicos del gobierno federal a través de universidades públicas realizaban licitaciones para contratar servicios diversos, inflando así los precios de los mismos, a través de empresas fantasma, estos servicios tampoco correspondían a las necesidades de las escuelas y no se presentaron pruebas en contrario para desvirtuar los señalamientos.

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Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

Otro caso relevante fue, en el que la ASF recientemente, encontró anomalías en los recursos destinados en la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México (NAICM), donde el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), responsable del proyecto, no presentó comprobantes de pago, otorgó dinero por trabajos no realizados y aumentó también el costo total del proyecto, entre otras diversas observaciones que se realizaron, esto de acuerdo a diversos diarios conocidos que publicaron la nota al respecto.

 También, supimos del escandaloso asunto de la empresa brasileña Odebrecht donde la ASF detectó pagos irregulares por 250.5 millones de pesos que derivaron en contratos de Pemex con sobreprecios y quebrantos, actos de corrupción por medio de sobornos dirigidos a funcionarios de la petrolera mexicana por parte de la empresa privada, según una nota publicada en la revista proceso del 1 de noviembre de 2017, y diversos medios de comunicación que señalaban la misma conducta.

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De lo Administrativo a lo Político

Así como los anteriores casos, podemos mencionar un sinfín de sucesos entre dependencias de gobierno y particulares en los que se ven involucrados muchos funcionarios públicos, son señalados y exhibidos en las noticias y hasta ahí. Por lo general no trasciende la sanción a los actores de estos hechos, la ASF hace bien su trabajo pero al momento de denunciar es cuando comienza la impunidad. Pareciera que no hay seguimiento y continuidad, pues realmente los asuntos pasan del plano administrativo al político, brincándose la etapa penal que hasta ahora ha estado ausente en la historia de este país, y no sólo a nivel federal sino en todos los niveles de gobierno.

Ahora bien, actualmente no se tiene Procurador General de la República, que de todas maneras aunque se tuviera, poco haría por atacar el problema de la corrupción, por el contrario, contribuiría a fomentarla, encubrirla, y dejarla actuar con libertad. Tampoco se ha elegido el fiscal anticorrupción y mucho menos tenemos una fiscalía autónoma. Las Salas del Tribunal de Justicia Administrativa no se han integrado en su totalidad, la gente que ahí labora aún no ha sido capacitada por completo en materia anticorrupción, es por ello que lo único que tenemos por el momento, es la ASF, por eso, es que ésta debe tener un mecanismo de seguimiento y de sanción coercitiva más fuerte, al menos en el plano administrativo y de fiscalización, pero que dé seguimiento profundo a los hechos y le rindan cuentas sobre todas las denuncias que interponga en la materia, también hay que tener presente que no pude invadir competencias pero si debiera ejercer mayor presión al respecto.

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Combate 

Por otra parte, y para finalizar, otro aspecto importante con que se enfrenta la ASF en el combate a la corrupción, es la falta de transparencia, en muchas ocasiones, a pesar de que las dependencias sean auditadas, se contienen reservas que impiden conocer o mejor dicho dar a conocer los datos que supuestamente podrían atentar contra la “seguridad nacional” o cualquier otra de las causales de reserva que establece el propio artículo 6º inciso A, fracción primera de la Constitución Política, y la propia Ley General Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General). Recientemente, se han ocultado datos sobre las cantidades de gasto gubernamental ocupado en publicidad y de comunicación social, pues  cuando se ingresan solicitudes vía portal de transparencia o por medio del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), se obtiene una respuesta negativa en el sentido de reserva de información por tratarse de cuestiones que motivan un peligro a la seguridad nacional, por citar sólo un ejemplo. Debemos estar pendientes si esto cambia, ahora que la Corte ordenó al Congreso a expedir la Ley de la materia en cuanto a gasto en publicidad y comunicación social gubernamental se refiere. ¿Tú qué opinas al respecto? Saludos.

Referencia

www.asf.gob.mx/
www.proceso.com

Bibliografía

1.- Salvador Ugarte, Pedro. Ibarra Palafox, Francisco A., Flores, Imer B., ¿Cómo combatir a la corrupción? Instituto de Investigaciones Jurídicas. 1ª ed. México. 2017.

2.- González Gutiérrez, Ángel. Información Reservada y Confidencial en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Orden Jurídico, México. P.1.

3.- Jaqueline Peschard. Hacia el Sistema Nacional de Transparencia, Seminario Universitario de Transparencia, 1ª ed. IIJ Unam., México, 2016.

 

 

 

 

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