Hace un par de meses se dio a conocer un caso denominando como “La estafa maestra”, una investigación realizada por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción, que dio a conocer como a través  que 11 dependencias, el gobierno Federal desvió más de 7 mil 670 millones de pesos a través de convenios con ocho universidades públicas que a su vez contrataron a 186 empresas para supuestamente cumplir con los servicios, a pesar de que 128 compañías fueron catalogadas como ilegales y no debían de recibir contratos ni recursos públicos.

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Universidades

Dentro de las universidades publicas involucradas dentro de la “Estafa Maestra”, y señaladas de ser responsables de desviar millones de pesos a través de la triangulación de contratos con ayuda del gobierno federal, al menos tres han sido declaradas en quiebra. Las instituciones involucradas en dichos desvíos son la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

A pesar de que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha advertido en múltiples ocasiones que mas de 20 universidades el país, se encuentran al borde de la quiebra por problemas con la administración de recursos y contratos otorgados. Por su parte la calificadora Moody’s, informó que, de acuerdo con un diagnóstico realizado, dos de cada tres universidades públicas en México presentan déficits actuariales en sus mecanismos de pensiones.

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Desvío de Recursos

Frente a esta lamentable situación, las universidades señaladas por desviar recursos solicitaron ayuda del gobierno federal, así como el apoyo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) para hacer frente a los problemas financieros.

Los problemas financieros que enfrentan las universidades a nivel nacional responden al crecimiento de sus nóminas sin las autorizaciones presupuestales, así como la progresiva disminución de la inversión del gasto en la educación superior en el país. Con base en un informe de la Cámara de Diputados, el déficit presupuestal de las universidades asciende a más de 331 mil millones de pesos en el sistema de pensiones. Para 2017, la Cámara de Diputados destinó 600 millones de pesos para atender la crisis de las instituciones de educación superior, esta cifra llama la atención debido a que es considerada como el monto más bajo para hacer frente a la crisis presupuestaria que enfrentan las universidades.

Bancarrota

Frente a esta situación la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha señalado que no destinará recursos adicionales para rescatar de la bancarrota a las instituciones de educación superior. La falta de interés de los gobiernos tanto federal como estatal, así como el surgimiento descontrolado de instituciones privadas de baja calidad y una reducida inversión en educación superior, lo que ha hecho que dichas instituciones se encuentren al borde de la quiebra.

La grave situación que enfrentan las universidades a nivel nacional pone en duda la educación de miles de jóvenes. El resultado de este entorno deriva de una crisis de educación pública generalizada que ha tenido un gran impacto en el nivel de desarrollo. Mientras que en algunas universidades el presupuesto ha crecido considerablemente para atender la alta demanda estudiantil, estos aumentos han venido acompañados de reducciones en el numero de profesores e investigadores de tiempo completo.  

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El Dilema

A pesar de que ha existido una expansión de la educación superior a nivel privado, muchas de las universidades no cumplen con los requisitos de calidad, representan una competencia desleal y refuerzan áreas tradicionales como el derecho o la administración. Frente a ello el rector de la UNAM, Enrique Graue, calificó de inaceptable que existan universidades públicas en riesgo de subsistencia.

Estas situaciones demuestran del potencial quiebra financiera en algunas instituciones de educación superior. Pese a que la Auditora Superior de la Federación ha detectado simulaciones, desvíos y asignaciones indebidas en algunas universidades. Las explicaciones para este fenómeno van desde el flujo tardío e insuficiente de recursos estatales o mala planeación financiera, hasta acuerdos laborales indebidos que han impedido las reformas estructurales necesarias para el ejercicio presupuestal adecuado.

Fuente

www.huffingtonpost.com

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