Una investigación realizada por la Auditoría Superior de la Federación reveló que los sindicatos han transparentado, apenas el 35% de la información a la que están obligados de acuerdo con la Ley General de Transparencia, a o sindicatos le siguen los partidos políticos, instituciones que hasta la fecha del informe han transparentado solo el 62% de los datos obligados. Desde 2014, los fideicomisos, organismos autónomos, partidos políticos y sindicatos que reciban recursos públicos, están obligados a transparentar su información. A pesar de que la ASF amplio el plazo límite para revelar esta información a octubre de 2017, solo se tiene registros del 69 % de todos los datos que debían haber revelado los 868 sujetos obligados en el país.

Por otra parte las dependencias de los poderes ejecutivos, órganos autónomos, fondos y fideicomisos y las distintas instancias del Poder Judicial presentan un mejor nivel de transparencia al cumplir con más del 70% de las solicitudes de información. Un dato que revela el informe es que las instancias que han transparentado la mayor parte de su información al corte de octubre pasado son las del Poder Legislativo con un cumplimiento cercano al 90%.

La Auditoría Superior de la Federación, destaca que el 30% de los sindicatos existentes en el país han cumplido con entregar reporte alguno. Prácticamente están en ceros a diferencia de partidos políticos, que aunque si entregaron sus reportes a tiempo, la mayoría presenta errores, omisiones o inconsistencias.

El balance general dado a conocer por la ASF concluye que  a pesar de que ha existido un avance positivo en el número de reportes entregados de parte de los sujetos obligados, aún hace falta la incorporación de otros sectores.  

A más de tres años de que entró en vigor la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aún existen muchas ambigüedades en la determinación de sanciones para los sujetos que incumplan con brindar su información. Existe una desactualización de marco jurídico. Prácticamente una de cada tres leyes federales no cuentan con reglas actualizadas en transparencia lo que dan paso la opacidad y la corrupción.

El informe de la ASF destaca que existen retrasos en los plazos para expedir los reglamentos en materia de transparencia. Por ejemplo a pesar de  que cada entidad federativa tenía la obligación de adecuar su normativo a nivel local de acuerdo con los parámetros marcados por la Ley General, prácticamente 11 entidades cumplieron a tiempo, mientras que el resto adecuo su nueva legislación un día después del plazo, mientras. Por otra parte estados como Aguascalientes, Baja California, Hidalgo y Veracruz registraron más de 100 días de retraso.

De acuerdo al análisis de la Auditoría, entre 2012 y 2016, las solicitudes de acceso a la información presentadas por los ciudadanos crecieron en promedio 20 % anualmente. En este periodo el promedio de atención de cada solicitud mejoró en cuanto a tiempo. De igual amanera se impulsado nuevos mecanismos en apoyo de los ciudadanos para transparentar el gasto público.

Los avances en los recursos de revisión han aumentado, la ciudadanía cada vez pone mayor énfasis al trabajo de las autoridades. Gran parte de las solicitudes de información promovidas desde la sociedad civil, corresponde a que los datos que buscan se encuentran catalogados como información “reservada o clasificada”.  La administración y manejo de recursos públicos es una tarea en la cual nuestros gobernantes se han comprometido. Los avances en la leyes en favor de la transparencia han ampliado las obligaciones de los sujetos obligados y han hecho que se implementen nuevas prácticas, reconocidas a nivel internacional, para mejorar los esquemas de fiscalización entre entidades, empresas y ciudadanos.

Fuente: www.animalpolitico.com

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