El lavado de dinero en México es una actividad criminal que va en ascenso y tiene múltiples afectaciones para la sociedad. Este fenómeno es un riesgo no sólo para el sistema financiero sino para la seguridad pública a nivel nacional.  A pesar de que no hay una cifra exacta sobre el dinero ilícito que ingresa al sistema financiero mexicano, las autoridades mexicanas han estimado sus amplios efectos en la economía.

Principales avances

México ha puesto manos a la obra en atender el lavado de dinero. El Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal han reformado diversas leyes y reglamentos para tener una mejor respuesta ante este problema y poder satisfacer los mecanismos internacionales que el gobierno se comprometió a cumplir.

Las autoridades nacionales ha reiterado que la prevención y el combate al lavado de dinero y otros delitos financieros forman parte de una de sus prioridades para enfrentar la delincuencia y garantizar la integridad de la economía nacional.

De acuerdo con el Quinto Informe de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, publicado el 01 de septiembre de este año, varias entidades federales como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Procuraduría General de la Republica (PGR) han desarrollado acciones para prevenir este delito.  Por su parte la Comisión Nacional de Seguridad, por medio de la Policía Federal, ejecutó varios operativos relativos a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y contra la salud, lo que derivó en la detención de líderes de varios grupos criminales y el aseguramiento de dinero en efectivo.

La PGR, a través de la Unidad Especializada en Análisis Financiero, realizó 648, 284 análisis de operaciones financieras para identificar el lavado de dinero en el país, examinando las actividades de un total de 324 personas físicas y morales. De las acciones realizadas entre septiembre de 2016 a junio de 2017, se aseguraron 543.2 millones de pesos y 11.4 millones de dólares. Sin embargo hay mucho dinero que no se logró confiscar pues no pudo comprobar su origen ilegal.

Uno de los mayores ejemplos del compromiso asumido por las autoridades nacionales, es la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dependiente de la SHCP, la cual está facultada para recibir información de quienes realizan actividades vulnerables, analizar la información recibida como operaciones financieras y económicas, y diseminar reportes de inteligencia o cualquier documento útil para detectar posibles actividades relacionadas con el lavado de dinero y en caso de ser necesario presentar las denuncias ante el Ministerio Público.

Es importante mencionar que la batalla en contra del lavado de dinero no sólo la combate el gobierno mexicano, también detrás de él están las instituciones bancarias, que sin su apoyo México no podría confrontar los ataques presentados por las organizaciones criminales. Las instituciones bancarias son protagonistas de esta lucha pues con sus filtros e investigaciones a particulares, proporcionan información a las instituciones gubernamentales de las actividades económicas realizadas en el país.

Retrocesos en la materia

De acuerdo con documento de análisis de desempeño llevado a cabo por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto al combate de delitos financieros en México, durante 2016, se ha revelado que en el país existe una mejora en los procesos de identificación de los sospechosos, pero también existe una falta profundidad y autonomía en las investigaciones de los policías.

A pesar de que se ha reportado un incremento notable en la detección de operaciones sospechosas y de personas involucradas en ellos. El aumento en el número de denuncias penales y averiguaciones previas no se ha podido traducir en resoluciones efectivas.  En la información dada a conocer la semana pasada, se reconoce que a pesar de que existe un avance y mayor colaboración entre autoridades y sociedad civil para hacer frente al lavado de dinero, durante el último año se ha registrado un deceso en el número de denuncias por este delito.

Dentro  del informe presentado a la Cámara de Diputados, se destaca que si bien la Policía Federal  ha incrementado su labor de inteligencia en 2016,  gran parte del trabajo que realizó dicha institución fue de poca utilidad para la generación de líneas de investigación. Las deficiencias se deben principalmente a mecanismos de registro, evaluación y seguimiento mal implantados, informo la ASF.

Consideraciones del GAFI rumbo a 2018

Durante una reunión plenaria celebrada la semana pasada en Buenos Aires, Argentina, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) discutieron el reporte de evaluación de México en cuanto a su nivel de implementación de los estándares internacionales en la prevención y combate al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Cabe señalar que el GAFI y GAFILAT, son las principales agrupaciones que reúnen, a nivel global y regional, a las autoridades dedicadas a la prevención y combate al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Estas organizaciones multinacionales revisan constantemente las legislaciones y actividades de los países miembros para implementar los mejores estándares y proteger la seguridad del sistema financiero.

El trabajo de evaluación de México se llevó a cabo bajo la coordinación del Fondo Monetario Internacional, durante el periodo de agosto de 2016 a noviembre de 2017, conforme con las recomendaciones y la metodología de evaluación emitidos por GAFI. El análisis considera que las autoridades nacionales competentes, realizaron la Evaluación Nacional de Riesgos, instrumento que permitió conocer cuáles son las principales amenazas y vulnerabilidades en la materia y que han hecho que se adopten medidas para mitigar los riesgos y destinar los recursos del Estado de manera más efectiva para el combate al Lavado de Dinero.

Se tiene identificado que México cuenta con un régimen maduro en la prevención y combate al lavado de dinero. Desde que el país fue evaluado en 2008, se ha fortalecido significativamente en distintas áreas que incluyen la implementación de un marco legal e institucional adecuado a cargo de autoridades competentes, coordinadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

A pesar de que a nivel nacional existen muchas tareas pendientes en materia de procuración de justicia, reforzamiento de la supervisión de actividades vulnerables, así como de la identificación de los beneficiarios finales de activos y empresas. El trabajo de capacitación y seguimiento de los jueces federales mexicanos realizado por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), consiguió reconocimiento del GAFI, por sus sentencias en contra del lavado de dinero.

La labor de las autoridades financieras es sumamente ardua frente a la complejidad de problema. A pesar de hay áreas donde hay un mayor número de investigaciones para prevenir o detectar el lavado de dinero a nivel nacional. Los resultados han sido paulatinos y están sujetos a una gran variedad de cambios que avanzan conforme a las actualizaciones de los marcos regulatorios y estándares a nivel internacional. En enero de 2018, el GAFI dará a conocer la evaluación final de nuestro país en materia de combate al lavado de dinero. Sin duda de estos datos resultaran de múltiple utilidad para identificar y comprender cuál es la situación de México frente a uno de los grandes problemas que enfrenta el sistema financiero internacional.   

Fuente:
www.jornada.unam.mx

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