Nuestro país se encuentra a punto de recibir las observaciones emitidas de parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), respecto al funcionamiento de los avances e instrumentos que se han puesto en marcha para prevenir el lavado de dinero. De acuerdo a reportes preliminares, se conoce que el sector financiero a nivel nacional está bien protegido gracias a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y al interés de particulares de no verse involucrados en este tipo de actividades.

A principios de año, se dio a conocer que el GAFI, había realizado una serie de observaciones en donde resaltaba que en México existe una mala procuración de justicia y que la efectividad del sistema de justicia era regular. Estas observaciones se hicieron con base en el número de sentencias y decomisos registrados hasta finales de 2016. El resultado de dichas observaciones derivo de un estudio en donde se descubrió que lamentablemente de una gran mayoría de reportes que hacen las entidades financieras solo una minoría termina en sentencia. Existen muchos reportes de actividades sospechosas, que ni siquiera llegan a una averiguación previa.

La existencia de imperfecciones dentro del sistema fiscal y tributario a nivel nacional, implica un desperdicio de recursos financieros y humanos de parte de las empresas, las cuales invierten en sistemas de seguridad para mantenerse protegidas. Un ejemplo representativo de la falta de coordinación entre autoridades y cómo repercute en el funcionamiento del sistema financiero es el decreto emitido hace un par de días por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación a la forma en la que opera la lista de personas bloqueadas por el SAT, tachándola como inconstitucional debido a la forma en la que opera, y esto a pesar de que no se conoce de manera oficial el número de sujetos que contiene y los montos de dinero que han sido bloqueados en el sistema de activos.  

En conferencia el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Alberto Bazbaz, dio a conocer frente a oficiales de cumplimiento una cifra de cuatro mil millones de pesos en cuentas bloqueadas. Gran parte de esa cantidad no puede ser reclamada, debido a que los responsables de ese dinero deben acudir a la PGR a explicar su origen explicó.

Desde el diseño institucional hasta su implementación y operación la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), ha sido uno de los mayores esfuerzos institucionales para contrarrestar el creciente lavado de dinero existente el país y poder hacer frente a las actividades que preceden a esta actividad. Los resultados en materia de prevención de lavado de dinero han sido esfuerzos difíciles de capitalizar por la complejidad y dimensión del problema. Sin embargo gracias al apoyo y cooperación a nivel internacional los avances se han podido concretar. Aún queda mucho camino por delante y en el mundo contemporáneo los delincuentes utilizan métodos cada vez más sofisticados para mezclar sus recursos dentro del sistema financiero.  

Fuente: http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/empresas-mexicanas-en-la-mira-de-lavado-de-dinero.html

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