Durante mucho tiempo nos hemos preguntado: ¿realmente el Gobierno Federal ha trabajado en la lucha contra el lavado de dinero?

Nuestra preocupación radica en los muchos actos no claros en  que el gobierno participa, en especial en la distribución del presupuesto que año con año es repartido por la Cámara de Diputados.

Después de los casos de Javier Duarte de Veracruz, César Duarte de Chihuahua,  Roberto Borge de Quintana Roo, y Tomás Yarrington de Tamaulipas, por mencionar algunos, respecto al desvió de recursos, nexos con el crimen organizado y corrupción nos es muy difícil poder confiar en las autoridades, inclusive nos molesta efectuar  nuestras obligaciones fiscales cuando “moralmente” nos piden (por no decir exigen)  cumplir con ellas.

También es importante tomar en cuenta que, como lo plasma la filosofía Taoísta a través del ying y del yang, nada es completamente bueno, ni nada es completamente malo, con esto no busco defender a los personajes inmiscuidos en actos de lavado de dinero; pero si buscar si realmente se ha realizado algo en el combate en contra de las operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con el Quinto Informe de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, publicado el 01 de septiembre de este año, varias entidades federales como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Procuraduría General de la República (PGR) han desarrollado acciones para prevenir este delito, pero también han actualizado a su personal para hacer frente  a este hecho.

La Comisión Nacional de Seguridad, por medio de la Policía Federal, ejecutó varios operativos relativos a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (ORPI), y contra la salud, resultando que el Ministerio Público pudiera detener a líderes de varios grupos criminales y el aseguramiento de dinero en efectivo, automóviles (presumiblemente de lujo), narcóticos, armas de fuego, cartuchos, entre otros; que si nos fijamos bien tanto los vehículos de lujo como las armas de fuego son actividades vulnerables para el lavado de dinero. Por su parte, la PGR, a través de la Unidad Especializada en Análisis Financiero, realizó 648, 284 análisis de operaciones financieras para identificar el lavado de dinero en el país, examinando las actividades de 324 personas físicas y morales.

De las acciones realizadas entre septiembre de 2016 a junio de 2017, se aseguraron 543.2 millones de pesos y 11.4 millones de dólares americanos, dinero que es reportado. Sin embargo; es cierto que hay mucho dinero que no se logró confiscar pues no pudo comprobar su origen ilegal.

México ha puesto manos a la obra, el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal han reformado diversas leyes y reglamentos para tener una mejor respuesta al lavado de dinero, para así satisfacer los mecanismos internacionales que el gobierno federal se comprometió a cumplir. Un claro ejemplo es la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dependiente de la SHCP, la cual está facultada para recibir información de quienes realizan actividades vulnerables, analizar la información recibida como operaciones financieras y económicas, y diseminar reportes de inteligencia o cualquier documento útil para detectar posibles actividades relacionadas con el lavado de dinero y en caso de ser necesario presentar las denuncias ante el Ministerio Público.

En el 2008, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) evaluó conjuntamente con el Fondo Monetario Internacional a México en relación al cumplimiento de las 40 Recomendaciones de GAFI, siendo cumplimentadas 24 de las 40, colocando al país por encima del promedio internacional. En concreto la recomendación número 29 quedó totalmente satisfecha, la cual consiste en que cada país debe establecer una UIF instaurada como central nacional de recepción de reportes de transacciones sospechosos y de cualquier información relacionado con el lavado de dinero.

Gracias a la instauración de una UIF en México, se le dio acceso al Grupo Egmont, que es un organismo conformado por 147 UIF de todo el mundo teniendo como objetivo ser el foro de cooperación internacional para el intercambio de experiencias e información en la lucha contra el lavado de dinero. El intercambio de información es crucial para poder crear y fortalecer estrategias que combatan y prevengan el lavado de dinero, debido a esto el Grupo Egmont estableció la Red Segura Egmont, la cual facilita a los miembros del Grupo intercambiar información de una manera segura. Debido a activa participación y cooperación de México en el Grupo Egmont, se le otorgó la presidencia del Grupo durante el periodo 2009-2010.

La batalla en contra del lavado de dinero no sólo la combate el gobierno mexicano, también detrás de él están las instituciones bancarias, que sin su apoyo México no podría confrontar los ataques presentados por las organizaciones criminales. Las instituciones bancarias son protagonistas de esta lucha pues con sus filtros e investigaciones a particulares, proporcionan información a las instituciones gubernamentales de las actividades económicas realizadas en el país.

No podemos olvidar que las instituciones bancarias  han colaborado para prevenir el lavado de dinero, y han focalizado sus esfuerzos en la investigación del Know Your Customer (KYC) y las diferentes conexiones y consecuencias que pudieran generar al abrir una cuenta bancaria e igualmente han conjuntado esfuerzos para averiguar y comprobar el riesgo que existe en las transferencias bancarias, ya que el último dueño beneficiario podría ser algún miembro del crimen organizado.

Como hemos visto, todos somos participes de estos esfuerzos en menor o mayor medida, lamentablemente no son difundidos, posiblemente por una cuestión de seguridad. El camino es largo pero hemos avanzado mucho para combatir este delito.

Personalmente, considero que la fase inicial para prevenir el lavado de dinero es combatir en contra del crimen organizado, que de sus muchas actividades como el tráfico de armas y drogas, trata de personas, y la corrupción, y posteriormente restringir la liquidez que puedan tener los delincuentes ya que gracias a eso se logran financiar y mantener en pie.

Busquemos encontrar más respuestas a nuestra pregunta inicial, solicitemos a todas las autoridades el avance que han tenido en la materia y compararla, o en si defecto solicitar al Instituto Nacional de Transferencia, Acceso a la Información, y Protección de Datos Personales (INAI), con base al artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que señala:

“Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.”

FUENTES:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. http://www.diputados.gob.mx

Gobierno Federal. http://www.gob.mx

Grupo de Acción Financiera Internacional. http://www.faft-gaft.org

Grupo Egmont. http://www.egmontgroup.org

Ortiz Dorantes, Angélica. El Delito de Lavado de Dinero. Ed. Porrúa. México 2016.

Quinto Informe de Gobierno. http://www.presidencia.gob.mx

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