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Según el informe de Animal Político y de la Asociación Civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, los servidores públicos han encontrado otra manera de desviar recursos, utilizando en el proceso a las universidades autónomas de varios Estados.

El proceso consistió en que alguna dependencia de gobierno celebró un contrato con una institución educativa, para que esta ultima apoye a la dependencia gubernamental en asesorías, investigación, o realizar algún servicio. El problema estalla al momento en que la universidad “subcontrató” a una empresa con el fin que esta última realizara, las actividades por las que fue contratada la institución educativa, sin que se realizara el concurso correspondiente.

Lo más grave del asunto recae en que la mayoría de las empresas subcontratadas son consideradas, fantasma, o no pueden cumplir legalmente con lo pactado debido a que no cuentan con personalidad jurídica para desarrollar las actividades porque las acciones a desempeñar no están enumeradas en el acta de constitutiva (acta de nacimiento de la empresa); porque no tienen el personal o materia adecuado; o simplemente son empresas fantasmas.

De acuerdo con los investigadores, la Auditoria Superior de la Federación considera este esquema como ilegal, incluso como fraude, debido que no se han presentado pruebas documentales que constaten que los servicios señalados en los contratos hayan sido realizados y por ende la justificación de las transacciones de dinero, triangulada por dependencia de gobierno-universidad-empresa.

Algo preocupante es que personajes de la política actual eran titulares de las dependencias gubernamentales cuando se celebraron los convenios con las universidades, como Rosario Robles, actual secretaria de SEDATU entonces secretaria de SEDESOL; o Alfredo del Mazo, actual Gobernador Electo del Estado de México, entonces Director de Finanzas de BANOBRAS, por nombrar algunos.

Algunas universidades que fueron participes de este hecho son: la Autónoma del Estado de México, la Autónoma del Estado de Morelos, Juárez del Estado de Tabasco y la Tecnológica de Tabasco.

Algo que se apreció fue el uso de prestanombres para “constituir” a las empresas que realizarían las actividades, pues se les solicitaba a los empleados que firmaran los documentos necesarios para el nacimiento de empresas que ganaron más de 500 millones de pesos debido a los proyectos que supuestamente realizaron.

Es importante señalar que para poder ser proveedor de servicios de dependencias gubernamentales es necesario que se celebre una licitación o concurso entre mínimo tres empresas, la licitación debe tener su convocatoria correspondiente, expedida por la entidad gubernamental beneficiada, con los requisito debidamente explicados.

Existe la posibilidad de no asignar proyectos directamente a una empresa en casos como: vaya de por medio la seguridad nacional, existen pocos competidores, o un servicio muy especializado.

Fuente:
http://www.animalpolitico.com
http://www.contrala corrupción.mx
http://www.forbes.com.mx

 

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