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El día 29 de agosto del presente año, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación las nuevas disposiciones que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores estipuló para que las Instituciones de Crédito cooperen en la prevención de delitos financieros y en suplantación de identidad. 

El motivo esencial de la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito es que se puedan detectar actividades anómalas y quiénes las realizan, es por eso que ahora las Instituciones de crédito deberán verificar la identidad de los posibles clientes previó a la celebración algún contrato para realizar operaciones.

Las instituciones deberán solicitar mínimo:

  • Credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, o en su defecto Pasaporte vigente expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores.
  • Clave Única del Registro de Población (CURP).
  • Número de teléfono celular o correo electrónico para que el posible cliente puede ser contacto y notificado de cualquier contratación de productos o servicios.
  • En caso de ser extranjero, además del CURP y del número celular o correo electrónico, se le solicitará los documentos necesarios expedidos por el Instituto Nacional de Migración, que compruebe la legal estadía en el país.

Con estos datos, la Institución de Crédito deberá verificar la autenticidad de los documentos proporcionados por los interesados a celebrar un contrato con ellas. Es por eso que la Institución puede aprovechar los recursos de verificación que ofrecen las entidades gubernamentales. Del mismo modo, si las Instituciones consideran necesario podrán solicitar más documentos para su debida averiguación.

Las Instituciones de Crédito podrán crear un banco de huellas dactilares de los clientes, ya que estas pudieran servir de apoyo para verificar la identidad de quienes celebraron algún contrato para realizar operaciones. Previó al escaneo de huellas de los clientes, la Institución deberá escanear las huellas de directivos, empleados o funcionarios, con la tecnología necesaria.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá aprobar  diversos mecanismos para la toma de huellas dactilares o de cualquier otro dato biométrico que cuente con elementos de seguridad necesarios, para el resguardo de información y que confirme que identidad en cuestión la mismas de la persona que se encuentra en los registro del Instituto Nacional Electoral o de cualquier otra entidad gubernamental que emitas identificaciones (pasaporte o cartilla militar).

En esta reforma también contempla la verificación de identidad no presencial, para persona física de nacionalidad mexicana, por lo que las Instituciones de Crédito requerirán:

  • Aprobación de la Comisión Nacional Bancaria y Valores.
  • El potencial cliente deberá de remitir a través de un medio electrónico a la Institución un formulario que deberá contener como mínimo lo siguiente:
    a) Apellidos y nombre tal como aparece en la credencial para votar.
    b) Fecha de nacimiento.
    c) Género.
    d) Lugar de nacimiento y nacionalidad.
    e) CURP.
    f) En su caso, Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 
    g) Domicilio de residencia (dirección completa).
    h) Número de teléfono celular o correo celular.
    i) Ocupación, profesión, actividad o giro al que se dedique el posible cliente.
    j) Apertura de cuenta de depósito o contrato de apertura de crédito que adquirir.
    k) Manifestación en la cual consiente que su voz e imagen sean grabadas al establecerse una comunicación por algún medio audiovisual y en tiempo real.
  • Fotografía a color de la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral por el anverso y reverso. 

Una vez recibidos los documentos, la Institución de Crédito deberá verificar que el aspirante a cliente tenga alguna cuenta; en caso de contar con una  la Institución deberá cotejar la información proporcionada con la que tiene en sus registros. Durante la investigación, se deberá informar al cliente el avance de la misma en tiempo real. La comunicación deberá ser grabada en buena calidad de imagen y sonido que permitan la identificación del solicitante, ser conservada y sin edición, ya que en ella podrán calificarse acciones como actitudes sospechosas.

Las Instituciones de Crédito deberán dar cabal cumplimiento dentro de los próximos doce meses, pues su entrada en vigor fue a partir del 30 de agosto de 2017.

Fuente:
http://www.dof.gob.mx/

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