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La extinción de dominio como la conocemos hoy en día es muy reciente en nuestro país, el 29 de mayo de 2009 durante el gobierno de Felipe Calderón, en medio de la llamada “guerra contra las drogas” fue publicada la nueva “Ley Feral de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, su finalidad es restar poder económico a todas aquellas organizaciones criminales que se dedican a cometer delitos de manera reiterada, incrementando su capacidad de acción y operación por medio de actividades ilícitas en su modalidad de delincuencia organizada.

Al respecto, el artículo 3 de la Ley Federal de Extinción de Domino, define a esta figura como: La pérdida de los derechos mencionados en los artículos 2 y 8 de la misma Ley, sin que exista una contraprestación ni compensación alguna para su dueño ni para quien se ostente o comporte como tal. La sentencia en la que se declare tendrá por efecto que los bienes se apliquen a favor del Estado.

El segundo párrafo del artículo 22 de la Constitución Política, refiere que, la extinción de dominio establecerá un procedimiento que se regirá por determinadas reglas, pero lo que es importante de esta figura es que, se trata de un mecanismo eficaz contra la lucha criminal, sabemos perfectamente que el lavado de dinero lo que pretende es ocultar el origen ilícito de los recursos provenientes de algún delito, pero también conocemos que, para ocultar esos recursos se necesita gastar parte del dinero en bienes muebles e inmuebles, es ahí donde debemos enfocar los esfuerzos de una verdadera estrategia en el combate al crimen organizado por medio de figuras como la extinción de dominio, pues de lo contrario, seguiremos perdidos agotando los recursos humanos y materiales en una lucha frontal como se ha venido haciendo desde hace ya casi dos sexenios sin tener resultados positivos.

Por su parte, a diferencia de la materia federal en que las acciones van encaminadas a los delitos que establece el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, algunas legislaciones locales también contemplan la aplicación de esta figura para otro tipo de delitos del orden común, lo que realmente importa es que se utilice tanto una como otra dependiendo del asunto, estamos dejando de lado esta herramienta tan efectiva que podría dar grandes resultados.

Si este mecanismo verdaderamente se ocupa en todos los casos de delincuencia organizada, por ejemplo, las agrupaciones criminales y los cárteles, se debilitarían en gran medida que permitiría a las policías y fuerzas armadas llevar a cabo las detenciones correspondientes sin tener que enfrentar a grupos numerosos de personas armadas y con gran capacidad de ataque, lo que hace a la lucha frontal prácticamente interminable.

A diferencia de México, en Colombia la extinción de dominio se aplica sólo a tres actividades ilícitas, de acuerdo con la Ley 793 de 2002 son: El enriquecimiento ilícito, perjuicio del Tesoro Público y deterioro de la moral social. Las dos últimas, amplían diversas conductas que describen varios hechos que son constitutivos de delito y que pueden encuadrar casi a cualquier acto criminal en grupo, con ello, los bienes son apropiados por el Estado.

A todo lo anterior, necesitamos una estrategia clara de seguridad, reforzando la prevención y persecución de lavado de dinero, utilizando en conjunto la extinción de dominio para restar a los delincuentes, en primer plano, sus ingresos, y en segundo, sus bienes. Creo que con esto es más que suficiente para desarticular a todas las organizaciones que se dedican lastimar a la ciudadanía y al Estado Mexicano, no sin antes respetar los derechos de terceros en los procedimientos correspondientes, ya que no todos los bienes apropiados por el gobierno pertenecen a los delincuentes.

 Fuentes electrónicas consultadas:

http://www.diputados.gob

http://www.elfinanciero.com

www.oas.org Covención Interamericana contra la Corrupción OEA

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