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El acceso a la información pública puede ser considerado como uno de los principales derechos humanos con que cuentan los ciudadanos hoy en día, el artículo 4 en su primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General) establece que: El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información.

Aunado a lo anterior, tener conocimiento de lo que sucede en nuestro país es fundamental para todo fin privado, público y político, pero sobre todo, tener acceso a la información pública brinda a los ciudadanos de certeza jurídica para saber como se está ejerciendo el gasto social, cómo están actuando nuestras autoridades y con ello restablecer el Estado de Derecho y la confianza hacia las mismas dependencias y entidades púbicas. Por el contrario, éste derecho se ve coartado en el momento en que las instituciones de gobierno, incluyendo el poder legislativo y judicial, restringen esa información con la finalidad de ocultar procedimientos y resultados de investigaciones para que los ciudadanos no actúen en consecuencia, favoreciendo sólo a unos cuantos y ejerciendo partidas discrecionales en perjuicio del presupuesto y del gasto público.

Ahora bien, sabemos perfectamente que no toda la información que existe en el ámbito público se debe dar a conocer, esto es así por cuestiones de diversa índole, por lo general se trata de no revelar y entorpecer datos importantes que por su delicada premura en el asunto, podrían resultar en un daño mayor para las personas y la sociedad. Qué quiero decir con lo anterior, que la información se puede clasificar como reservada y confidencial, pero en este caso sólo hablaremos de la primera (reservada), ésta se puede dar por los titulares de las áreas de las dependencias u organismos obligados, siempre y cuando no contravengan a lo estipulado en la Ley General antes mencionada.

De acuerdo con la Ley General, por información reservada se entiende aquella que por su publicación afecte o comprometa a: La seguridad nacional, seguridad pública, o a la defensa nacional; pueda menoscabar las negociaciones internacionales; se entregue al Estado Mexicano con carácter de confidencial por otros sujetos de derecho internacional (excepto cuando se violen derechos humanos o delitos de lesa humanidad); pueda afectar las medidas adoptadas en políticas monetarias, o del sistema financiero del país; pueda poner en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras; pueda poner en riesgo la vida, la seguridad o salud de las personas, por mencionar sólo algunas.

En relación con el párrafo anterior, en tratándose de hechos que las Leyes señalan como delitos por hechos de corrupción, el problema principal en este planteamiento es, saber quién será el encargado de determinar, que el hecho del que se requiere información se trata de un acto de corrupción o no, pues hasta que no exista una sentencia firme no se podría dar a conocer la investigación, aunque por otra parte, al tratarse de un hecho de esta naturaleza, éste tendrá el carácter de público, atendiendo a la máxima publicidad y por tanto deberá darse a conocer a cualquier interesado.

Ante esta reflexión, se debe tener claro en qué casos se está en presencia de un hecho de corrupción, para ello, es fundamental la determinación anticipada o calificación del hecho, esto con la finalidad de saber si se dará publicidad a las solicitudes de transparencia y no violentar los derechos fundamentales del sujeto obligado o personas involucradas en alguna transacción.

Por otra parte, si no se determina la conducta de manera adecuada y sólo se hace mediante una mera presunción, se estarían menoscabando los intereses del sujeto investigado o difamando cuando aún no existe una resolución que lo confirme. Es por ello que, aún existe un gran debate de quién es el que debe calificar si se trata de un acto de corrupción, para ello se requiere contar ya con el próximo Fiscal anticorrupción que podría ser la pieza fundamental para determinar la conducta y encuadrarla en el tipo penal, con esto saber si efectivamente se dará la publicidad que se requiere ante una sociedad que demanda transparencia y rendición de cuentas en todos los procedimientos gubernamentales.

 

Autor: Emmanuel Moya Osorio (Especialista en seguridad pública y temas anticorrupción).

Fuentes consultadas: Sarahí Salvatierra, junio 12, 2017, Combate a la corrupción sin reservas de información. http://www.sinembargo.mx/12-06-2017

Recurso de Revisión RRA 1225/17 vs PEMEX Transformación Industrial.

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