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El Gobierno de México es acusado de usar de manera ilícita software espía, afirma New York Times, importantes defensores de derechos humanos, periodistas y activistas en anticorrupción de México tales como Carmen Aristegui, Mario Patrón del Centro Prodh, Juan Pardinas del IMCO, Carlos Loret de Mola, y Salvador Camarena de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), han sido victimas de espionaje por un programa que en teoría, solo debe ser utilizado para investigar a criminales y terroristas.

Entre los afectados se encuentran abogados que investigan el caso de los 43 de Ayotzinapa, un economista que ayudó a redactar un proyecto de ley anticorrupción, dos de los periodistas más influyentes de México y una estadounidense que representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por la policía, desde 2011, al menos tres agencias federales mexicanas han gastado casi 80 millones de dólares en programas de espionaje de una empresa de origen israelí.

El Software conocido como Pegasus se infiltra en los teléfonos inteligentes y otros aparatos para monitorear cualquier detalle de la vida cotidiana del usuario por medio de su celular: llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios, también se  puede utilizar el micrófono y la cámara de los teléfonos para realizar vigilancia; el teléfono de la persona vigilada se convierte en un micrófono oculto.

La empresa Israelí que fabrica el software, NSO Group, garantiza que vende la herramienta de forma exclusiva a los gobiernos con la condición de que solo sea utilizada para combatir a terroristas o grupos criminales y carteles de drogas como los que han violentado a los mexicanos desde hace mucho tiempo, como el cartel de Sinaloa, los Caballeros templarios entre otros. 

Sin embargo, decenas de mensajes examinados por The New York Times analistas forenses independientes, el software ha sido empleado  para vigilar a algunas de las personas que han sido más críticas del gobierno, así como a sus familias, estos ataques son indicativos de las luchas internas que se libran en México y despiertan cuestionamientos legales y éticos sobre un gobierno que confronta críticas por sus antecedentes en temas de derechos humanos.

“Somos los nuevos enemigos del Estado”, dijo Juan Pardinas, del IMCO a The New York Times. “La nuestra es una sociedad en la que la democracia se ha deteriorado”

En su reporte, R3D y Artículo 19 señalaron que se acreditaría la comisión de diversos delitos, con el espionaje e intentos de infección de los dispositivos de periodistas y activistas.

¿Qué se aprende de esto?

De acuerdo con las leyes mexicanas, solo un juez federal puede autorizar la vigilancia de las comunicaciones privadas, y  es muy poco probable que el gobierno haya recibido esa aprobación judicial para hackear los teléfonos.  

El delito de intervención ilegal de comunicaciones privadas, contemplado en el artículo 177 del Código Penal 327 y considerado un delito, por el cual resulta aplicable una pena de 6 a 12 años de prisión.

Por lo que resulta necesaria una investigación a fondo de este caso, que sea imparcial y transparente, para así saber que empresas mexicanas han adquirido licencias para usar dicho Software Pegasus y algunos similares. La investigación debería, posteriormente, identificar a los usuarios que han sido ilegalmente espiados y hacer de su conocimiento la información ilegalmente obtenida y utilizada.

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