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Una tendencia en los últimos años viene con el desarrollo de las prácticas de compliance en Latinoamérica, con una mirada especial desde los casos brasileños y mexicanos, dos de las economías más grandes de Latinoamérica. Se percibe que los países toman rutas semejantes en lo que concierne a la lucha contra la corrupción. El actual presidente de México tiene como un eje la lucha contra la corrupción en su gobierno y algunas acciones pueden ser destacadas; inclusive existieron algunas multas impuestas por parte de los reguladores, como en los casos de la Comisión Federal de Electricidad a algunos funcionarios de gobierno; sin embargo, hay problemas con respecto al cobro de dichas multas.

Otro ejemplo fue el caso de Wal-Mart de pagos de comisiones ilegales – el ya mencionado sigue bajo análisis, con una decisión favorable a la empresa en febrero de este año en un tribunal de Nueva York. La lucha contra la corrupción originó el paquete de cambios en la legislación con el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Ello hizo con que la reforma no fuera solamente federal, pero que también atingiera los Estados en sus sistemas locales.  En Brasil, hubo un esfuerzo desde 2014 con la Operación Lava Jato en la lucha contra la corrupción que pasaba sobretodo en Petrobras, lo que generó el encarcelamiento de políticos y empresarios importantes, además de un cambio legislativo con la Ley Anticorrupción en 2013 y la legislación sobre la responsabilidad de las estatales en 2016.

Así mismo, la legislación hizo que hubiese un enfoque nacional y no solo federal, siendo responsabilidad de los Estados y Municipios también la adaptación a la ley en sus jurisdicciones. Un caso que involucra los dos países fue lo que pasó con el acuerdo firmado por Biomat, en enero de 2017, con la SEC. La empresa tuvo que pagar una multa por violaciones al FCPA, sobre todo el pago de sobornos para la importación de productos dentarios mal etiquetados. En el tema de las políticas de prevención de lavado de dinero (AML)surgió también el mismo movimiento en los dos países: en 2012 se actualizó la ley brasileña y en 2013, la ley mexicana.

Las dos exigen medidas que son inspiradas en los estándares globales exigidos por GAFI e otros organismos que se ocupan del tema. Eso es particularmente importante en los dos países, pues están muy expuestos al narcotráfico y a la corrupción; o sea, prevenir la utilización de las ganancias ilícitas por parte de los criminales también hace parte de un buen sistema de prevención de corrupción y soborno en un país. A despecho de todo el esfuerzo legislativo, los países no han mejorado sus imágenes delante la comunidad internacional.  Un análisis de los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) de la Transparencia Internacional respecto a los dos países demuestra que poco hubo en lo que concierne a la lucha contra la corrupción en términos de imagen de los dos países.

Brasil, por ejemplo, tuvo un puntaje de 43, 42, 43, 38, 40/100 entre 2012-2016; mientras México tuvo un puntaje de 34, 34, 35, 35, 30/100. A pesar de las caídas de México en 5 puntos en el período y en 3 puntos de Brasil, lo que se ve es que los dos países ocupan posiciones intermediarias en el ranking de corrupción de la institución, lo que no representa la importancia económica de las dos economías del G-20. La mala ubicación de los países en el ranking puede generar la pérdida de negocios por parte de empresas internacionales – pues pueden no tener apetito de riesgo para dichos países. Sin embargo, creo que puede ser una decisión exagerada la atribución de riesgo solo a través del CPI, ya que sistemas robustos de compliance pueden mitigar esos riesgos a las empresas.

Por ello resulta importante que los sistemas de compliance de AML y anti-bribery and corruption (AB&C) de los dos países o de empresas que tienen negocios en las dos jurisdicciones tengan características similares, a raíz del movimiento reciente de México y Brasil a la mejora de sus legislaciones para la lucha contra la corrupción y prevención de otros delitos.  Un buen programa de compliance hay que tener en cuenta el hecho de que la realidad de los dos países es muy similar y, por lo tanto, los puntos de vulnerabilidad en los negocios de la empresa en los países pueden, a veces, ser los mismos. En este sentido, un intercambio de ideas e informaciones entre México y Brasil en lo que concierne a la estructuración, verificación, acompañamiento de un programa de compliance a las empresas es fundamental, así como la capacitación de las personas en la institución. La ventaja es que un instructor de compliance mexicano que haga su trabajo en Brasil puede exponer la realidad de México en Sudamérica, y viceversa, en un refuerzo a las condiciones similares que se encuentran los dos países. Por esa razón creo que se trata de un buen momento para que los dos países tengan lazos más estrechos respecto al compliance en Latinoamérica.

André Castro Carvalho es socio de GRC en Braga Nascimento y Zilio Abogados. Licenciado, Maestro y Doctor en Derecho por la Universidad de São Paulo, Brasil Postdoctorado en Massachusetts Institute of Technology – MIT

 

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