Un total de 76 miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sin Estados Unidos, firmaron ayer en París una convención para luchar contra la llamada optimización fiscal, una práctica legal pero cada vez más criticada con la que las multinacionales intentan pagar el mínimo de impuestos posible.

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“La firma de este convenio multilateral marca un antes y un después en la historia de los convenios fiscales”, declaró Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

“Esta convención traduce una voluntad política muy fuerte para poner fin a la planificación fiscal agresiva”, dijo Pascal Saint-Amans, director del centro de política y administración fiscal de la organización, impulsora del texto.

Por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en agosto próximo, México comienza a intercambiar información financiera con otros países.

La convención es un paso más en los esfuerzos de la OCDE para luchar a nivel internacional contra la llamada erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS por sus siglas en Inglés).

Este nombre técnico hace referencia al mecanismo con el que las multinacionales trasladan sus beneficios de un país a otro para evitar pagar impuestos, usando sofisticados mecanismos contables. Entre los firmantes se hallan Andorra, Irlanda, Luxemburgo, Singapur, Hong Kong, Uruguay y Suiza.

La optimización fiscal está considerada abusiva y permite a los grupos internacionales jugar con convenciones fiscales bilaterales para no pagar impuestos, algo que la convención multilateral de la OCDE quiere remediar.

Según Saint-Amans, la optimización fiscal se ha convertido en una “auténtica industria”, y cita un informe de Holanda según el cual entre 8.000 y 12.000 abogados viven de esta práctica.

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